El Congreso de Panamá dejó este jueves (02.11.2023) en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la decisión sobre el contrato de operación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, cuya anulación exige la población panameña en masivas protestas desde hace dos semanas.
«Hemos tomado la decisión de (…) dejarle a la máxima institución jurídica de este país, la Corte Suprema de Justicia, la decisión final«, dijo el diputado oficialista Leandro Ávila, ante el plenario de la Asamblea Nacional.
Las bancadas legislativas -en el ojo del huracán por haber aprobado el 20 de octubre la ley que habilitó el contrato- intentaban aplacar el malestar social derogando y aprobando una moratoria de la minería metálica. Pero, tras días de debates, acogieron la exigencia de las organizaciones líderes de las protestas que prefieren esperar un fallo de inconstitucionalidad que sirva al país de defensa ante una demanda de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Así, el Congreso aprobó en el segundo de tres debates sólo la moratoria minera por tiempo indefinido, que permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes.
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También repudiado por firmar el contrato, el presidente Laurentino Cortizo presentó ese proyecto de moratoria y otro de referéndum el 17 de diciembre para decidir el futuro de la mina de cobre, pero esta propuesta fue dejada de lado por el Congreso, al optar por la vía de la Justicia.
Cortizo, en un mensaje en la red social X (antes Twitter), anunció que había convocado «a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias el día viernes 3 de noviembre» para considerar el proyecto que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica.
Mientras el debate se desarrollaba en la Asamblea Nacional, la filial de la minera canadiense aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) estar comprometida «a operar de manera ambientalmente sensible», con «planes de reforestación, conservación de especies y áreas protegidas».
El Gobierno defiende el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial de concesión, que data de 1997. Este primer contrato fue sustituido por el que refrendó el Congreso hace dos semanas, también rechazado por amplios sectores de la sociedad civil por considerar que provoca severos daños al ambiente y no fue consultado con la ciudadanía.
La minera aporta el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá y desde febrero de 2019 exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre, que representan el 75% de las exportaciones.
ama (afp, efe, ap)
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