Madrid/La corrupción ha arrasado por completo con la empresa municipal de Gastronomía de Guantánamo, después de que el desvío de productos por valor de siete millones de pesos acabara con su “total descapitalización”, según una información difundida este lunes por Canal Caribe.
El caso afecta a una gran “cantidad de personas que obraron como imputados”, así como de empresas o entidades estatales que intervinieron en él, indicó el mayor Juan Martínez Martínez, instructor de la causa, por la que los imputados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión por delitos de malversación.
El militar explica que la red se organizaba a partir de “una persona que tenía conocimiento de cómo se trabajaba en la empresa” y negoció con varios suministradores para “extraer mercancías que nunca llegaron a su destino final”.
- CHECALO -
Los imputados se exponen a penas de hasta 20 años de prisión por delitos de malversación
Entre los productos desviados están, mayoritariamente, bebidas alcohólicas, como ron y cerveza, pero también otros de primera necesidad, como el pollo y las salchichas, en menor cantidad.
Según expuso el instructor, la apropiación de recursos se produjo por parte de directivos y empleados de contabilidad y comerciales, mediante la falsificación de los controles y la documentación, que los imputados validaban en el proceso de conciliación de la empresa, dedicado a comparar las facturas con los pedidos y la mercancía entregada.
“Simplemente no era así, el producto era desviado y la empresa cliente, o sea, la municipal de gastronomía de Guantánamo, pagaba a ese suministrador y no recibía beneficio alguno”, detalla. La descapitalización de la empresa ha acabado con su extinción y la “consecuente afectación de todos sus trabajadores”, lamenta.
La información de Canal Caribe recuerda que lo mejor para prevenir situaciones como estas es una “denuncia efectiva y rápida de hechos” y apela, además al “daño moral” que provocan este tipo de delitos.
Después de décadas de ocultación de hechos vinculados con la corrupción, la prensa oficial cubana ha comenzado a informar de manera expedita sobre delitos de este tipo, con un fin, además, ejemplarizante, ya que los casos solo se dan a conocer cuando las redes están desmanteladas y los responsables están siendo investigados o sometidos a un proceso judicial.
El pasado mes de mayo se vivió un episodio similar en Sancti Spíritus, cuando la prensa oficial reveló que Alexis Fuentes de La Cruz, director de la Empresa Municipal de Comercio Sancti Spíritus entre mayo de 2022 y julio de 2023, había sido condenado a ocho años de prisión por un caso de corrupción. En su caso, además de ignorar las advertencias de un comité especializado para que no se compraran refrescos con una fecha de vencimiento próxima, procedió a eliminar la documentación que lo implicaba en el delito. De este tipo había, añadió el diario, 13 casos más en la provincia.
La información apela, además al “daño moral” que provocan este tipo de delitos
En febrero de este año, Miguel Díaz-Canel pidió combatir la corrupción en una reunión de trabajo de la Fiscalía General de la República y dijo a los funcionarios que debían tener «tolerancia cero» ante estos hechos que «laceran» y «erosionan la base moral de la sociedad».
«La corrupción puede ser tan devastadora, que puede llevar a un país a la pobreza; a la pobreza moral y a la pobreza material. La corrupción puede destruir un país», afirmó el mandatario, que añadió que causa desconfianza en la población además de «retrasar el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico».
Hasta la fecha, la caída más relevante por un presunto caso de corrupción es la del ex viceprimer ministro y ex titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, apartado del cargo en marzo de 2024 sin que se conozca el menor detalle de la causa que lo afecta.
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