El informe reciente del Observatorio contra la Tortura expone la grave situación de la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades en Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido identificada como la principal responsable en casos de tortura y tratos crueles en la entidad.
Durante el año 2022, se iniciaron 398 carpetas de investigación por tortura, todas bajo la dirección de los Ministerios Públicos. Lamentablemente, ninguna de estas carpetas fue presentada ante un juez para su procesamiento.
Este panorama resulta alarmante considerando que Veracruz es la cuarta entidad con el mayor incremento de carpetas abiertas en comparación con el año 2019, sumando 137 nuevas carpetas por tortura en tan solo un año.
Sin embargo, lo preocupante es que ninguna de las 398 carpetas acumuladas fue judicializada, lo que significa que los casos no avanzaron a la etapa de juicio debido a la falta de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
- CHECALO -
De acuerdo con la investigación, la falta de acceso a peritajes médico-psicológicos agrava aún más la situación para las víctimas de tortura. De las 613 víctimas registradas en Veracruz en 2022, ninguna tuvo acceso a un peritaje oficial para documentar el abuso sufrido.
Cabe mencionar que en cuatro peritajes realizados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Veracruz, se evaluó a tres hombres y una mujer. Un caso demostró correlación entre el relato de tortura y los hallazgos médicos y psicológicos.
Además, el informe del Observatorio destaca la falta de recursos destinados específicamente a la investigación de la tortura en Veracruz. A diferencia de otros estados como Michoacán, Nayarit o Tabasco, Veracruz carece de un presupuesto asignado para este fin, lo que pone en entredicho el compromiso de las autoridades locales para abordar este problema.
Las víctimas y autoridades señaladas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha documentado un total de 83 quejas por tortura, de las cuales 30 están dirigidas específicamente hacia la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo esta la institución más señalada por actos de tortura. Por otro lado, de las 146 quejas recibidas por tratos crueles, la FGE también lidera las cifras con 41 quejas acumuladas.
Entre las autoridades denunciadas por tortura, se registran 30 denuncias dirigidas hacia la FGE, 24 hacia la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras que 18 casos aún no han sido determinados y 6 están relacionados con el Sistema Penitenciario.
En lo que respecta a los casos de TPCID (tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes), la FGE de Veracruz acumuló 41 denuncias, seguida por la SSP con 27 casos. En un total de 50 casos, no se ha podido determinar la autoridad responsable de la agresión, 4 denuncias se dirigieron contra el Sistema Penitenciario y 4 corresponden a “otras autoridades”.
La CEDH ha emitido un total de 13 recomendaciones relacionadas con casos de tortura y/o TPCID en el estado de Veracruz.
En un año, se registraron en Veracruz un total de 613 víctimas de tortura y tratos crueles, de los cuales 538 son hombres y 75 mujeres.
La investigación detalla que por parte la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) se reporta una víctima registrada por tortura. Mientras que 11 personas han sido beneficiarias de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral y 7 más beneficiarias de asesoría jurídica.
La falta de judicialización de las carpetas de investigación
Según la investigación “Hallazgos 2022” del Observatorio contra la Tortura, en Veracruz se abrieron 398 carpetas de investigación por tortura por parte de los Ministerios Públicos, pero ninguna de ellas llegó a ser judicializada.
Entendiendo que “judicializar una carpeta” implica que el caso ha avanzado lo suficiente en la investigación como para ser presentado ante un juez o tribunal, los hallazgos del informe sugieren que en Veracruz no se recopilaron pruebas y evidencias suficientes para sostener una acusación contra los presuntos responsables frente a un juez.
Por parte del Poder Judicial, no se han emitido sentencias por casos de tortura o por TPCID (tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes).
La tortura es un delito clasificado como “imprescriptible”, lo que significa que, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión, las autoridades pueden investigarlo y llevar el caso ante un juez.
Este principio implica que una carpeta de investigación por tortura, una vez abierta, permanecerá activa hasta que el Ministerio Público la judicialice o, en su defecto, decida no continuar la investigación por considerar que los hechos no constituyen un delito de tortura o malos tratos.
Cuando una carpeta de investigación por tortura no se judicializa, generalmente se enfrenta a dos escenarios: el “no ejercicio de la acción penal” o el “archivo temporal”. Es fundamental evitar que las investigaciones queden abiertas o archivadas de manera indefinida, como destaca el informe.
La tortura en México
En México, las víctimas de tortura enfrentan dificultades para acceder a peritajes médico-psicológicos, ya que el 81 por ciento de ellas no reciben este tipo de evaluaciones según la investigación del Observatorio contra la Tortura. Además, se destaca la escasez de peritos oficiales y la falta de imparcialidad en los dictámenes realizados por las fiscalías, lo que contribuye a la baja capacidad para probar los casos de tortura.
Durante el año 2022, los Organismos Públicos de Derechos Humanos recibieron un total de 1,243 quejas por tortura, donde las autoridades más señaladas fueron las fiscalías y los cuerpos de seguridad pública, representando el 50.9 por ciento y el 30.8 por ciento respectivamente.
Estas instituciones son vigiladas por el Observatorio contra la Tortura, una iniciativa liderada por organizaciones de la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de la Ley General contra la Tortura.
En términos legales, la tortura, los TPCID y los malos tratos se definen como actos que infligen dolor o sufrimiento físico o mental, con el propósito de obtener información, confesiones o castigar a una persona.
La Ley General contra la Tortura establece la creación de fiscalías especializadas en todos los estados del país y a nivel federal, con el objetivo de garantizar la investigación y el procesamiento adecuado de estos delitos, así como el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas.
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