Un superministerio controlará las más de 2.000 empresas estatales cubanas

A menos de diez días del comienzo de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional –el 20 de diciembre–, donde se dará luz verde al anteproyecto de Ley de la Empresa Estatal Socialista, el economista cubano Pedro Monreal ha adelantado el texto, desconocido hasta ahora, cuya mayor novedad es la reorganización de las 2.009 entidades existentes bajo el control de una sola estructura.

El experto la considera «la modificación más importante en la institucionalidad económica del país desde 1976», aunque admite que «parece ser injustificadamente optimista respecto a que el nuevo andamiaje pudiese insuflar eficiencia manteniendo un mecanismo voluntarista de formación de precios».

La norma estructura el sistema empresarial cubano de manera distinta a como ha estado en los últimos 60 años, al crearse el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, una suerte de superministerio, dependiente del Consejo de Ministros, que ejercerá funciones de propietario de la totalidad de empresas del Estado, salvo las excepciones que se autoricen. El cambio supone que los actuales ministerios y sus dirigentes dejan de «atenderlas».

La norma estructura el sistema empresarial cubano de manera distinta a como ha estado en los últimos 60 años, al crearse el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales

«Llama la atención que la denominación del nuevo superministerio (Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales) se asemeje al de una importante institución de la reforma en China (Comisión estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado, Sasac)», reflexiona Monreal. «Pero hay notables diferencias entre ambas instituciones», añade, la principal siendo que la «Sasac funciona en el marco de una economía con un alto grado de mecanismos de mercado y de empresa privada».

La Sasac fue creada en 2003 y se considera uno de los puntos clave del proceso de cambio hacia una economía de mercado en el gigante asiático. Además de suponer un cambio de gestión, su principal función a lo largo de los años ha sido la de favorecer la inversión extranjera y la concentración de empresas mediante compras y fusiones. En el año de su fundación, poseía 196 conglomerados con 34.280 empresas, que siete años más tarde eran 121, con 23.738 empresas. Hoy apenas posee 97, la mayoría del sector tecnológico, energético y aeroespacial.

«A partir de 2017 la función de Sasac se ha concentrado en canalizar fondos estatales hacia actividades estratégicas», recuerda Monreal.

Precisamente, el anteproyecto de ley cubana tiene un apartado específico dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación que «constituyen pilares fundamentales en el funcionamiento de la empresa con el objetivo de asegurar el crecimiento y desarrollo, la competitividad internacional, la exportación y la oferta de bienes y servicios para la población», destaca el texto. En estos ámbitos ha puesto algunos de sus mayores esfuerzos en los últimos años el Gobierno de la Isla, empeñado en promover, sobre todo, la biotecnología a nivel internacional.

Como ya se había anunciado, la norma dividirá en tres grupos a las empresas estatales

Como ya se había anunciado, la norma dividirá en tres grupos a las empresas estatales. Por un lado, la categoría A, que incluye a las entidades cuya «misión esencial es obtener elevados rendimientos de los recursos invertidos y fomentar las exportaciones y opera en régimen de competencia», tanto frente a los privados como a los estatales.

En el lado opuesto está la categoría B, para empresas que deben prestar servicios públicos universales –por lo que podrán, aunque no se explicita, incurrir en pérdidas– o las que realizan actividades exclusivas del Estado. En este grupo, aunque tampoco se nombran, estarán los sectores que el Gobierno considera estratégicos: salud, educación, medios de comunicación, energía y suministros o servicios jurídicos, entre las más probables.

Finalmente, en la categoría C, están aquellas que se encargan de suministrar ciertos «bienes y servicios» a la población y aunque habrá mecanismos de protección estatal y no se le exigirán crecimientos ni alta rentabilidad, será recomendable que puedan mantener cuentas equilibradas.

El anteproyecto señala que solo habrá subsidios por pérdidas «en casos excepcionales, para situaciones puntuales y no sin carácter ilimitado en el tiempo». Además, «la empresa que no pueda cumplir con el pago de sus deudas y obligaciones con sus activos, o presente pérdidas de manera sostenida, será sometida a un proceso de insolvencia o quiebra, de conformidad con la legislación vigente», especifica.

Los trabajadores deben tener un representante en la junta de Gobierno de la empresa, sin embargo, «los trabajadores miembros de las juntas de Gobierno no pueden serlo de las empresas atendidas por dicha junta»

Monreal pone su atención particularmente en uno de los aspectos menos claros del texto, que apenas tiene 33 páginas en este momento. «Quedan claras las disposiciones para control estatal sobre la gobernanza gerencial de las empresas, pero no se asegura el peso de los trabajadores en decisiones claves», señala.

Los trabajadores deben tener un representante en la junta de Gobierno de la empresa, sin embargo, «los trabajadores miembros de las juntas de Gobierno no pueden serlo de las empresas atendidas por dicha junta», todo un trabalenguas cuya racionalidad y finalidad se ignora.

Además, se establecen una serie de temas en los que no se puede prescindir de los trabajadores, desde las cuentas de la empresa, medidas de ahorro, eficiencia y productividad, normas de seguridad y salud, innovación, etc. Sin embargo, señala Monreal «no se identifica de qué manera concreta pudieran participar los trabajadores en las decisiones sobre esos temas, mecanismos de apelación, y otros detalles».

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