Reforma al Consejo de la Judicatura Federal no es viable, señalan expertos en el foro Diálogos Nacionales

La reforma al Consejo de la Judicatura Federal no es viable, porque se carece de los elementos para poder realizar una reforma en donde se tengan representantes populares en lugar de juzgadores calificados, dijo la magistrada de Circuito Selina Haidé Avante Juárez.

Durante su participación en el foro «Diálogos Nacionales», moderado por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera esta ciudad, agregó que lo que se necesita es fortalecer al «extraordinario Consejo de la Judicatura Federal, pues mientras no haya diálogo y solo descalificaciones no se trabajará para el pueblo».

En el foro participaron magistrados, jueces, académicos, abogados y líderes sociales que coincidieron en que el sistema de justicia federal puede mejorar con el hecho de que los justiciables cuenten con un adecuado acompañamiento legal que garantice el desarrollo de los expedientes y la justicia pronta y expedita.

El evento se realizó en plena calma y en él también hubo quienes señalaron que los jueces no liberan delincuentes, pues aseguran que siempre han actuado con total apego a la ley.

Incluso, manifestaron que las Fiscalías son las que han fallado en su función y dijeron que el hablar del Tribunal de Disciplina que se propone es tratar de evidenciar que mucho de lo construido en la disciplina judicial es funcional, sin dejar de reconocer que como todas las instituciones es perfectible y mejorable.

También expusieron inconvenientes para la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, como el hecho de partir de un proceso de elección popular para magistrados y magistradas que imperan tanto a nivel federal como estatal.

Reforma debe ser estructural, señala magistrada

Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, señaló que el mayor poder que les ha sido otorgado representa mucha responsabilidad de ejercerlo en beneficio no solo de las mayorías, sino sobre todo de las minorías desventajadas.

También expuso que se requiere de una reforma del sistema de justicia en general, de forma estructural.

Incluso, precisó que la tribuna no se debe utilizar para argumentar falazmente que los jueces liberan delincuentes.

«En primer lugar, en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia y segundo, quienes no cumplen con sus obligaciones legales son las Fiscalías», manifestó.

También dijo que es importante garantizar un sistema democrático de división de poderes y que eso se debe porque «la idea de Gobierno subyace una estructura jerárquica y en este tipo de estructuras quien las encabeza suele detentar un cúmulo de poder y delegarlo en su subalternos, lo que se contrapone con la noción de independencia judicial que persigue asegurar la imparcialidad de cada persona juzgadora».

Instituciones son mejorables

La propuesta de crear un Tribunal de Disciplina es tratar de evidenciar que mucho de lo construido en la disciplina judicial es funcional, aunque se debe reconocer que, como todas las instituciones, es perfectible y mejorable, señaló María Gabriela Rolón Montaño, magistrada y Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal.

Abundó que no es cierto que no se investiga a jueces y magistrados, pues «si bien es verdad, muchas quejas se desechan y me consta porque actualmente soy Secretaria Ejecutiva de disciplina, a causa de varios factores».

Dijo que uno de ellos es la falsa creencia de que a través de la queja administrativa se puede modificar o revocar una decisión jurisdiccional.

Al respecto, explicó que el procedimiento disciplinario no puede tener ninguna influencia en el procedimiento jurisdiccional, pues percibe una finalidad de orden público, que es la regulación de la función jurisdiccional.

Otro factor consiste, según ella, en que la queja solo contienen argumentos genéricos, «como cuando el juez que resolvió con parcialidad y dicen que fue injusto al liberar un delincuente, pero no dan elementos específicos que nos pongan en evidencia alguna conducta jurídicamente reprochable».

También cuestionó a los presentes qué tan atractivo resulta por un abogado postulante llevar un procedimiento en donde su cliente no tendrá una ganancia o una ventaja procesal en los procedimientos jurisdiccionales y ella misma respondió, ante el silencio de quienes la escucharon: «la respuesta sería muy poca, pues qué interés tendría».

Sistema de méritos y exámenes ha funcionado

Jacobo Mérida Cañaveral, doctor en Derecho e Investigador, pidió preguntarse qué tipo de juez se quiere o qué tipo de juez se está tratando de crear, tras sostener que “hay que reconocer que ha funcionado el sistema de méritos y exámenes de oposición y ha generado certeza, pero el Poder Judicial requiera una reforma amplia y profunda”.

Según él, el Tribunal de Disciplina se ve como una cuestión de especialización de la función de la Corte y agregó que es importante revisar lo inatacable de sus resoluciones para que sea constituido por integrantes que tienen otra concepción de la justicia.

Respeto a las garantías

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Casarín León, expuso algunos inconvenientes para la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y dijo que se deben respetar las garantías.

Primero, señaló, se debe a que se parte de un proceso de elección popular para magistrados y magistradas que imperan este tribunal tanto a nivel Federal como a nivel estatal, por lo que «la duración en el cargo coincide con el periodo de las autoridades políticas que los postulan».

Además, aunque la iniciativa habla de la sustitución escalonada, «su elección popular compromete y vulnera las garantías y estándares nacionales e internacionales de dependencia e imparcialidad, así como la capacidad técnica de autonomía e independencia de la rama judicial».

También manifestó que los procedimientos de disciplina judicial deben respetar las garantías sustantivas y adjetivas del acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva a partir, precisamente, de la independencia e imparcialidad de los magistrados.

Destacó que dichas garantías procesales son aplicables al ámbito disciplinario y contienen estándares específicos de acuerdo con normas de comportamiento establecidas en procedimientos justos que aseguran la competencia, la objetividad e imparcialidad del órgano disciplinario.

Asimismo, expuso que con el sistema de nombramiento de magistrados «se crean incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia expedita, esto es para sancionar a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas de régimen en turno o la parálisis ante coincidencia de afinidades políticas entre magistrados y magistradas o funcionarios judiciales sujetos a procedimientos sancionadores».

Poder Judicial no se debe desmantelar

Nadia Villanueva Vázquez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito, dijo que se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales sin que se les escuche en un juicio previo.

Además, citó que se trata de un poder transparente y que su función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal, en donde cada mes se rinde una estadística en la que se establecen sus egresos e ingresos de asuntos.

“Quiero mencionar aquí, que si bien es cierto estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial, pero no para su desmantelamiento”.

Ambigüedad y omisión

Laurence Pantin, rectora general de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que la idea de un Tribunal de Justicia independiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del órgano de administración podría representar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado en la iniciativa implica algunos graves riesgos.

Sostuvo que el principal problema es que las causales opuestas en la iniciativa para investigar y en su caso sancionar a los funcionarios judiciales son muy generales y ambiguas, ya que contemplan actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a una adecuada administración de justicia.

«Cuando las determinaciones no se ajustan a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia no se puede tener una adecuada administración de la justicia y se da paso a una especie de cacería de brujas», puntualizó.

Propuesta se enfoca en disciplina; habría retroceso

La magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, argumentó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial propone sustituir al Consejo de Judicatura Federal en un Tribunal de Disciplina Judicial y en un Órgano de Administración Judicial, por lo que la propuesta de división se centra solo en las funciones de disciplina y administración, perdiendo de vista las de vigilancia, inspección, controlaría e investigación.

La secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Gabriela Rolón Montaño, manifestó que la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal significa un retroceso jurídico y que por ello se debe reflexionar con profundidad, responsabilidad y conciencia colectiva, a fin de dejar un mejor México para las próximas generaciones.

Agregó que para eficientar el sistema de justicia actual, es necesario implementar un mecanismo para que un ente público asesore a los denunciantes o víctimas durante la elaboración de las quejas y el procedimiento administrativo.

Es una reforma política y persecutoria

Marco Barrera Vázquez, abogado y activista de derechos humanos, consideró que la propuesta de reforma no es orgánica, tras sostener que ya hubo en su momento reformas judiciales orgánicas en la era contemporánea.

Además, aseguró que tampoco es una reforma judicial, pues en 2011 se concretó la constitucional y a la Ley de Amparo.

«Es una reforma política y hay que entender que va a cambiar el Poder Judicial Federal”, señaló

Además, Flor Rocío Méndez Arrieta, catedrática en la Universidad Euro Hispanoamericana en Xalapa, señaló que la selección de jueces debe basarse en criterios objetivos y transparentes que consideren el desempeño profesional de sus candidatos y que éstos no estén sujetos a destitución por sus decisiones judiciales para evitar la persecución.

Oportunidad para trabajadores del Poder Judicial

El secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Enrique Galicia López, indicó que como personal operativo y de mandos medios se debe ver esta iniciativa de reforma como una enorme oportunidad de obtener mejores condiciones de trabajo con verdadera justicia y equidad, con la posibilidad de que el presupuesto tenga una administración eficiente para que cada año obtengan aumento salarial.

Añadió que con el Tribunal de Disciplina Judicial que se proyecta se resuelve con autonomía, justicia, equidad y prontitud los asuntos acumulados que existen. Además, comentó que la carrera judicial no debe desaparecer; sin embargo, la elección de estos cargos da la oportunidad de elegir a los jueces, magistrados y ministros a personas que tengan evidentemente capacidad técnica y profesional.

Riesgos para los derechos humanos

Luis Tapia, profesor en la Universidad Iberoamericana, advirtió que el sistema de justicia necesita reformarse, pues dijo que existe una situación de discriminación estructural en el acceso a la justicia.

También sostuvo que la iniciativa es incompleta y que queda a deber por sus ausencias, además de que es riesgosa para los derechos humanos de las personas.

Incluso, manifestó que es necesario reformar la manera en que se investigan las posibles responsabilidades en que pudieran incurrir juezas y jueces al realizar labores jurisdiccionales.

«La ciudadanía debe ser informada de cómo puede denunciar actos de corrupción judicial, y los mecanismos deben de ser sencillos y de fácil acceso”, citó.