La prisionera política Yusmely Moreno González, de 45 años, ha sido excarcelada este viernes tras ser condenada a tres años de cárcel por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el poblado Surgidero de Batabanó, provincia de Mayabeque, según confirmó a 14ymedio la disidente Martha Beatriz Roque.
«Libertad por cumplimiento», así reza el breve documento que Moreno González recibió a su salida del campamento de trabajo «Villa Delicia» en La Habana, a donde fue trasladada recientemente tras pasar la mayor parte de su condena en la prisión de Mujeres de Occidente, también conocida como El Guatao.
«Está aliviada por haber salido y poder estar con sus hijos pero está deprimida, con el ánimo por el suelo, no tiene fuerza física para nada», contó a este diario una fuente familiar que prefiere el anonimato. «Está destruida, la cárcel aquí destruye hasta al más fuerte».
En julio pasado, las autoridades judiciales negaron a la mujer un cambio de medida cautelar para cumplir el último año de su condena en reclusión domiciliaria
- CHECALO -
Moreno González y su esposo, Danger Acosta Jústiz, de 46 años, fueron condenados a tres años de privación de libertad por el delito de atentado. En julio pasado, las autoridades judiciales negaron a la mujer un cambio de medida cautelar para cumplir el último año de su condena en reclusión domiciliaria.
Acosta Jústiz seguía este viernes en el campamento «Desembarco del Granma», en Güines, Mayabeque. La familia no ha sido notificada, hasta el momento, de que el hombre vaya a ser también excarcelado en los próximos días.
«Tienen cuatro hijos que los ha estado atendiendo la cuñada desde que ellos dos cayeron presos», detalla a este diario Roque, directora del Centro Cubano de Derechos Humanos y ex prisionera política. La opositora añade que a Moreno González le faltaban solo cinco meses para cumplir toda su condena tras la rejas.
A pesar de no tener antecedentes penales, el matrimonio fue juzgado junto a otros manifestantes del poblado de Batabanó y condenados ambos a purgar la sentencia en un centro penitenciario. Varios familiares asistentes al juicio denunciaron las contradicciones de los testigos de la fiscalía ante el Tribunal Municipal de San José de las Lajas donde fueron juzgados.
El activista Juan Carlos González Leyva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, denunció que tanto González como Acosta habían sufrido muchos abusos en la prisión, ordenados por la Seguridad del Estado y debido a su posición política contra el régimen.
«Ambos han padecido durante estos dos años de la venganza gubernamental, habiendo sido víctimas de torturas físicas y psicológicas y tratos crueles, también han sido privados de las llamadas telefónicas y contactos con sus hijos y demás familiares», agregó el activista en conversación con Martí Noticias.
Cuba cerró el año con seis presos políticos más que en 2022, al crecer la lista de 1.057 a 1.063. A lo largo de los doce meses, han pasado por su lista 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas y 188 cumplieron íntegramente sus penas en el año, según un informe de la organización Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid.
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