La Habana/A partir del primer día de julio, los notarios públicos en Florida tendrán “prohibido anunciarse como expertos legales en inmigración” a menos que estén debidamente autorizados. La Ley HB 915, firmada el jueves pasado por el gobernador Ron DeSantis, busca frenar el fraude notarial y brindar protección a migrantes con procesos para regularizar su estatus.
La norma obliga a los notarios que no son abogados a incluir en sus anuncios y oficinas la leyenda: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía”. Además, tienen que subrayar que no puede dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por este tipo de servicio. “No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”, deben aclarar.
La legisladora demócrata de origen haitiano Marie Woodson dijo que la Ley HB 915 “se trata de transparencia y rendición de cuentas”. El proyecto, que logró el respaldo casi unánime en la Cámara (114-1) y el Senado, fue impulsado por la senadora Tina Scott Polsky para acabar con lo que llamó un “malentendido lingüístico” que usaban notarías para estafar.
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“No pretendemos que esto sea un cambio radical para los inmigrantes en Florida. Pero es un paso en la dirección correcta”, dijo Thomas Kennedy
Alejandro, un cubano radicado en Miami, dijo a 14ymedio que “siempre ha tenido clara la función de un notario”. El migrante explicó: “En realidad, todos los trámites que he hecho con mi notaría, los puedo hacer yo perfectamente. Son de acceso público”; es decir, “presentar un asilo afirmativo, solicitar la residencia por ajuste, poner una reclamación familiar, son pasos que puede hacer cualquier individuo sin la necesidad de un abogado”.
Sin embargo, se han presentado casos en que por la desinformación, los migrantes son víctimas de fraude. El cubano Alexander Mendoza, de 48 años, buscó en 2021 asesoría con la notaria Yeline García por recomendación de personas a los que asesoró con el llenado de los formularios de inmigración.
Mendoza contó al Tampa Bay Times que al año de llegar a EE UU buscó trabajó como obrero en el condado de Hillsborough y pagó a García 2.500 dólares por un permiso de trabajo, que obtuvo falsificando una orden judicial.
El engaño de García quedó al descubierto cuando el natural de Cienfuegos buscó aplicar para la Ley de Ajuste Cubano. En 2023 la notaria fue condenada a tres años de prisión por “por hacer declaraciones falsas en solicitudes de inmigración y por robo de identidad agravado relacionado con otros casos de migrantes”. Mendoza sigue un proceso en que busca evitar su deportación por el uso de documentos fraudulentos.
En febrero pasado, organizaciones en defensa de los inmigrantes denunciaron varios casos de fraude por parte de falsos abogados, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump.
De ahí que la aprobación de la Ley HB 915 sea celebrada por organizaciones proinmigrantes. “No pretendemos que esto sea un cambio radical para los inmigrantes en Florida. Pero es un paso en la dirección correcta”, dijo a El Nuevo Herald el consultor de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Thomas Kennedy.
El director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, Michael Sheedy, consideró que “los inmigrantes que intentan trabajar dentro del sistema estarán mejor protegidos contra el fraude. Esto es bueno para todos”.
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