La Habana/El juicio contra los manifestantes de Caimanera por los delitos de desorden público, instigación a delinquir y atentado dio inicio este miércoles a puerta cerrada y bajo un fuerte operativo de seguridad que resguarda las inmediaciones del Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo.
El activista y periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, intentó darle cobertura al caso pero fue intimidado por la Seguridad del Estado para que se retirara inmediatamente. El reportero compartió su testimonio por medio de un audio que fue difundido a través de la página de Facebook Presos Políticos de Cuba en donde hizo una breve crónica de la situación a las afueras del tribunal.
“Me personé en Niceto Pérez pero al llegar [había] tremendo operativo policial y de la Seguridad del Estado. En cuanto vieron que me bajé del carro, la movilización se agudizó, y más en contra de mi persona”, explicó. “Se me abalanzaron encima, fueron para arriba de mí y el jefe de la Seguridad del Estado en Caimanera, el teniente coronel Giovanni Rafita, y otros, me dijeron que no podía entrar al tribunal”.
- CHECALO -
El activista y periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, intentó darle cobertura al caso pero fue intimidado por la Seguridad del Estado
Sin embargo, unos minutos más tarde, tras ser hostigado y permanecer en la mira de la policía política, finalmente solicitaron al periodista que se retirara bajo la amenaza de imputarle cargos de desobediencia y desacato.
El juicio se lleva a cabo a un año de las protestas antigubernamentales que sacudieron el municipio, pegado a la base naval de Estados Unidos, y donde exigían libertad y una vida digna para la población de la zona. Lo que obtuvo una respuesta violenta de parte del régimen que no dudó en sacar a las calles a grupos de boinas negras, como se conoce a los elementos de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, para reprimir a los participantes e intentar reducir los hechos a una «inusual manifestación» de unas decenas de personas.
Este miércoles, al iniciar el proceso en contra de los detenidos por las protestas, se sentó en el banquillo de los acusados a Daniel Álvarez González, quien tiene la peor solicitud con una petición fiscal de nueve años por los delitos de “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”, informó Martí Noticias.
Le siguió Luis Miguel Alarcón Martínez, a quien las autoridades buscan encerrar en prisión por seis años acusado de “desórdenes públicos” y “atentado”. Álvarez González y Alarcón Martínez permanecen con medidas cautelares de prisión en el Combinado de Guantánamo.
El resto de los implicados en el proceso permanecían en libertad condicional bajo fianza. Entre ellos están Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, los tres con una petición fiscal de seis años por desórdenes públicos y atentado. Completa la lista Yandris Pelier Matos, quien enfrenta cuatro años por desórdenes públicos.
El documento en contra de los detenidos, que fue difundido por algunos familiares, indica que el pasado 6 de mayo de 2023 Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez comenzaron a gritar consignas como «Abajo Díaz-Canel», «Abajo la Revolución», con signos de haber consumido «bebidas alcohólicas» y con el fin de «promover el caos».
Para la Fiscalía, los seis jóvenes acusados mantienen conductas «reprobables», pero ninguno tiene antecedentes penales
De acuerdo con el relato oficialista, sus llamamientos incitaron a otros vecinos a acompañarlos, según el Ministerio Público de Guantánamo, que afirma que llegaron a intentar imponerse a las fuerzas del orden para evitar las detenciones. Para la Fiscalía, los seis jóvenes acusados mantienen conductas «reprobables», entre ellas participar en juegos ilegales y las peleas de perros, además de estar desocupados laboralmente. No obstante, ninguno tiene antecedentes penales.
“Es un juicio a puerta cerrada, es lo que hasta ahora tengo conocimiento”, explicó este miércoles a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes, uno de los cuales padece retraso mental y aún así fue brutalmente golpeado por los agentes policiales. “Vamos a ver qué sucede, estamos [en el tribunal] los imputados, tres testigos de cada uno y dos familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado, [dijo que] él tenía preparado la defensa de los muchachos”, añadió.
En la vista judicial realizada este miércoles no solamente participaron familiares de los acusados, también se dieron cita los testigos de la defensa, así como algunos policías y funcionarios gubernamentales, quienes testificaron en contra de los encausados.
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