A 16 años de la tragedia en Guardería ABC, familias de las víctimas denunciaron obstáculos judiciales y promesas del gobierno sin cumplir.
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Georgina Hernández
A 16 años del incendio en la Guardería ABC —donde murieron 49 niñas y niños y más de 70 resultaron lesionados—, madres y padres de las víctimas exigen justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.
A lo largo de este tiempo, Marisol Montaño no ha dejado de alzar la voz por su hija Danna Paola Villarreal Montaño, una de las sobrevivientes que tiene mayores secuelas, ya que, le amputaron nueve dedos de sus manos y presenta 35% de daño neurológico.
Ha luchado por la atención médica y justicia para su hija, pero también por una pensión digna que sea de por vida. Esto, cuando consideró que en México no hay una cultura para tratar a las personas con discapacidad en los trabajos. Además, prevé que en un futuro, Danna Paola requerirá tratamientos, cuidados y cirugías.
Marisol señaló que las madres y los padres no son eternos y, por ello, quieren dejar garantías firmes para sus hijas e hijos:
“Nunca ha tenido unas vacaciones dignas, siempre es en hospitales o citas médicas porque uno como papá no quiere que pierda la escuela y aprovechamos el verano para citas médicas y ellos pues están cansados y enfadados porque dicen ‘yo quiero vacaciones, no quiero vacaciones en un hospital haciéndome un estudio’.
Por ejemplo, mi Dana tenía 2 años 3 meses cuando pasó el accidente y lleva 35 cirugías reconstructivas en cara y cuerpo”.
Actualmente, Danna Paola tiene 18 años, cursa el quinto semestre de la preparatoria y decidió que quiere estudiar Derecho. Su motivación es clara: ayudar a personas que no tienen acceso a la justicia y combatir la corrupción que, como vive en carne propia, marca vidas.
En este sentido, Marisol espera que las y los (ahora) jóvenes sobrevivientes tengan la oportunidad de expresarle a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que ha sido esta lucha, qué falta y lo que exigen al Estado mexicano.
Refiere que, al menos su hija, ya preparó las palabras con las que pretende evidenciar la corrupción en la creación del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE):
“Que supiera ella lo que en CAICE han hecho mal, lo que han robado a mi nombre, lo que me ha pasado y lo que me falta por pasar y lo que ocupo a futuro. Quiero que esté plasmado en un papel, donde le dé seguridad a ella.
Yo siempre le he dicho: ‘Tienes que pelear por tus derechos porque yo no soy eterna, yo voy a pelear hasta donde Dios me preste vida, pero tú tienes que estar empapada de este caso aunque no quieras, es la vida que nos tocó y tienes que estar muy pendiente de todo porque cualquier funcionario te va a decir ‘ay, yo te ayudó’, pero eso es por una votación que va a haber, porque quiere algún puesto’.
Eso ya lo vivimos, que muchas veces nos agarraron como bandera de campaña y nunca hacían nada, nos prometían muchas cosas y nunca hacían nada. Ellos quieren tener un vínculo cercano a la presidenta para cuando ellos tengan alguna dificultad de algo, hacérselo saber directamente”.
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Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales
En 2016, se realizó el primer proyecto para este complejo médico y el presupuesto fue de 48 millones de pesos. En 2017, inició su construcción y para 2022, su costo aumentó a 90 millones de pesos.
Para las madres y los padres, esto se trató de una inversión innecesaria porque algunos servicios deben ser subrogados por el Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS). Además, las y los jóvenes más lesionados aún reciben atención médica en Estados Unidos.
En 2024 la organización Iniciativa Sinaloa reveló que Marcela Fimbres Ibarra, quién era administradora del CAICE, aprovechó su cargo para beneficiar a tres de sus familiares con contratos millonarios.
Caso Guardería ABC ante la CIDH
Aunque el caso de la Guardería ABC avanza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso García Duarte, uno de los niños fallecidos, señaló que hasta la fecha persisten investigaciones sin resolver, obstáculos en los procesos judiciales y promesas gubernamentales sin cumplimiento total.
Al respecto, denunció que aunque existen sentencias firmes contra personas responsables, estas no procedieron debido a recursos legales interpuestos por la defensa, lo que consideró una estrategia dilatoria.
Además, subrayó que la existencia de una carpeta de investigación abierta desde 2013, que sostiene la hipótesis de un incendio provocado, entorpece el avance del caso ante la CIDH.
Presentaron el caso ante la CIDH en 2011. No obstante, fue admitido hasta 2015 para su estudio formal bajo el argumento de que “el Estado mexicano no ha garantizado verdad, justicia ni reparación“.
“¿En qué nos perjudica? Que nosotros somos las familias que tenemos el caso en el sistema interamericano y que estamos con el propósito de que el caso llegue a la Corte Interamericana. Entonces cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide informe al Estado mexicano, el Estado mexicano le contesta que hay investigaciones abiertas.
Entonces en ese sentido nos perjudica, si a 12 años no hay elementos, la verdad es que no creo que los vayan a encontrar porque no los hay”.
En ese sentido, insistió en la importancia de que el caso llegue hasta la Corte Interamericana para garantizar justicia:
“Sin embargo, el Estado informa que todo está bien y no todo está bien porque hay gente que no fue investigada, no fue procesada y que por eso es que necesitamos que el caso llegue a la Corte Interamericana”.
Acciones del Estado mexicano
Patricia también recordó que desde 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el caso. Incluso, dictaron sentencias condenatorias contra 22 personas exfuncionarias por delitos como homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público, entre ellos:
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Exdirectores de Protección Civil.
Exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Responsables de la Secretaría de Finanzas de Sonora.
Además, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó una denuncia que involucra a la excoordinadora de Guarderías, Carla Rochín Nieto, y al exdirector general de prestaciones económicas y sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar Salazar.
Sin embargo, Patricia denunció que los principales responsables, incluidas personas exfuncionarias de alto nivel como el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el exdirector general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas —fallecido en mayo de 2015— no enfrentaron consecuencias penales.
Ley 5 de junio
En septiembre de 2011, con 372 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 5 de junio. Tiene el objetivo de vigilar la operación de las guarderías en el país para una mayor transparencia y seguridad.
La norma estableció que las estancias infantiles, públicas, privadas o mixtas, deben cumplir con ciertos requisitos de protección civil:
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Contar con pólizas de seguro.
Seguir estándares de calidad basados en los derechos de la infancia.
Someterse a inspección y vigilancia periódica.
Además, planteó la creación de un registro nacional donde figuren todas las estancias infantiles del país, sus trabajadores y capacidad de atención. Pese a que esta aprobación tiene 14 años, hasta la fecha, menos de la mitad de las entidades del país han implementado su reglamento.
Pese a ello, Patricia consideró alentador el anuncio que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en enero de este año sobre la puesta en marcha de una de las medidas clave de la Ley 5 de Junio: la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), que sustituirán al esquema de subrogación de guarderías del IMSS.
“Hay interés, y lo hemos hecho público, vemos con mucho agrado este interés de la presidenta y su equipo de empezar la aplicación de la Ley 5 de junio, pero así como decir ‘ya hay un cambio’, es difícil decirlo en este momento porque en la administración pasada, personal de la Secretaría de Gobernación hizo un diagnóstico de cómo estaba la aplicación de la Ley 5 de Junio en todas las entidades y en particular en Sonora.
Y debió haber sido así porque aquí pasó la tragedia, somos los que estamos avanzando en este tema, pero las otras entidades no se han puesto a trabajar en el tema. Incluso, si no me equivoco, solamente nueve tienen el reglamento de la Ley 5 de Junio”.
Sitio de memoria
En materia de memoria, Patricia apuntó que el año pasado, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expropió el predio donde estaba ubicada la Guardería ABC. Esto, explicó, permitirá avanzar en un proyecto de sitio de memoria que tendrá el objetivo de narrar no sólo lo ocurrido el 5 de junio de 2009, sino también las omisiones estructurales que permitieron la tragedia.
Finalmente, Patricia comentó que si bien la presidenta Sheinbaum ya autorizó un encuentro con los familiares de la Guardería ABC, aún no hay fecha definida.
Este 5 de junio, las familias marcharán nuevamente desde el predio donde estaba la guardería hasta el Museo de la Universidad de Sonora, donde leerán un posicionamiento. Por la mañana celebraron una misa en memoria de las niñas y niños fallecidos.
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