Madrid/“Un desastre absoluto y plagado de fraudes”. Con esas palabras, desde el mismo título, califica un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el parole humanitario, establecido por la Administración de Joe Biden en enero de 2023 para intentar disminuir el flujo de migrantes irregulares a su territorio, en un informe publicado este miércoles.
El texto es demoledor, y va más allá de las conclusiones de la investigación interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) que llevó, el pasado julio, a suspender temporalmente el programa. El Comité Judicial que elaboró el informe, presidido por el republicano Jim Jordan, reprocha que las irregularidades halladas por aquella inspección del Uscis –entre las que se encontraban formularios en blanco, números de teléfono que no funcionaban, códigos postales que no existían, números de Seguro Social asociados a fallecidos, textos repetitivos o personas que presentaron sus solicitudes más de una vez– no fueran suficientes para suspenderlo de manera definitiva y lamenta que se reiniciara en agosto.
Basado en información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional, la comisión asevera que el Uscis aprobó solicitudes de patrocinadores que presentaron documentos fraudulentos, o que incluso admitieron que los ingresos que ayudarían a mantener al solicitante del parole provenían de actividades delictivas.
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Hasta el pasado septiembre se habían aprobado más de 650.200 solicitudes, pero las presentadas alcanzan cifras ingentes: casi tres millones
Hubo traficantes sexuales, asegura el documento, que pretendieron usar el programa para explotar a mujeres y niñas –al menos seis menores de 18 años–, si bien se trató de solicitudes sospechosas y nunca se aprobaron.
De igual manera, reprochan que el Gobierno dio el visto bueno a patrocinadores que admitieron recibir subvenciones públicas como parte de sus ingresos, lo cual iría en contra de una de las razones de ser del programa humanitario, esto es, que ciudadanos particulares sufraguen el alto costo de la presión migratoria.
También denuncian que el Uscis “se ha negado a informar al Comité” si tiene algún mecanismo para garantizar que los patrocinadores cumplen con su acuerdo de brindar apoyo financiero al extranjero durante los dos años, el tiempo por el que se aprueba el parole.
Otra irregularidad encontrada por la comisión es que han aprobado a patrocinadores que se encuentran en Estados Unidos no como residentes permanentes, sino con permisos temporales, “incluso solicitantes mismos de parole”. Así, este se ha convertido, prosiguen, en “un programa de migración en cadena supercargado en el que los extranjeros que se encuentran en EE UU temporalmente pueden patrocinar a otros extranjeros para que viajen a EE UU temporalmente, y estos a su vez pueden patrocinar a otros extranjeros para que ingresen al país, y así sucesivamente”.
Aunque el programa está establecido para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, el Comité del Congreso señala que se han aprobado solicitudes de extranjeros “que ni siquiera residen en uno de los cuatro países”.
El Comité del Congreso señala que se han aprobado solicitudes de extranjeros «que ni siquiera residen en uno de los cuatro países»
Un total de 531.000 extranjeros han entrado en EE UU con parole hasta septiembre de 2024, indica el informe –casi 211.000 de Haití, alrededor de 117.000 de Venezuela, más de 110.000 de Cuba y más de 93.000 de Nicaragua–, y de ellos 405.000 ya tienen permiso de trabajo. En total, hasta la misma fecha, se habían aprobado más de 650.200 solicitudes, pero las presentadas alcanzan cifras ingentes: casi tres millones.
Para la comisión, la Administración de Joe Biden “sintió presión política” ante la masiva llegada de extranjeros a las fronteras (se han recibido 7,7 millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos desde enero de 2021, asevera el informe) y el parole humanitario solo habría servido “para enmascarar la crisis fronteriza y disminuir artificialmente la históricamente alta cantidad de encuentros fronterizos”.
Durante el Gobierno de Biden, refieren, “ha habido 44 meses consecutivos con más de 100.000 encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera suroeste, incluidos 101.790 solo en septiembre de 2024”.
El informe también menciona los “efectos perjudiciales” para la economía, la seguridad pública y la seguridad nacional de los estadounidenses y los mismos beneficiarios del parole. “El hecho de que la administración Biden-Harris haya implementado el programa sin tener en cuenta la prevención del fraude, la actividad delictiva o el efecto en las comunidades estadounidenses es una prueba más de que la administración prioriza los mejores intereses de los inmigrantes ilegales por encima de los mejores intereses de los estadounidenses”, concluye el documento, que puede ser el puntillazo para un programa de por sí en el punto de mira del presidente electo Donald Trump.
Tal y como han publicado diversos medios estadounidenses, el presidente electo piensa endurecer las medidas migratorias desde el día 1 de su mandato, del que tomará posesión el próximo 20 de enero. Según CNN, el nuevo Gobierno planea la construcción de grandes centros, o la ampliación de los existentes, donde detener a los migrantes ilegales antes de expulsarlos.
La revista Politico, por su parte, asegura que Trump iniciará el proceso de deportación de cientos de miles de personas en sus primeros 100 días en el poder, y prevé que, en efecto, ponga fin al programa de parole humanitario.
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