Caracas/El opositor venezolano Edmundo González Urrutia denunció este viernes la «desaparición forzada» de su yerno Rafael Tudares Bracho desde hace dos meses, a quien calificó como «un rehén del régimen» de Nicolás Maduro.
En un artículo de opinión que publica en el diario español El País, González, que fue candidato de la oposición frente a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, relata que su yerno fue detenido el pasado 7 de enero cuando llevaba a sus hijos de 7 y 8 años a visitar a su abuela, recién operada, y aún desconocen su paradero.
El opositor denuncia la «desaparición forzada», pero afirma: «es la historia de muchas familias venezolanas que viven en un estado de constante incertidumbre, amenazadas y perseguidas».
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«Soy el presidente electo por más de 7,5 millones de venezolanos y reconozco en cada voto la voluntad de cambio de mi país. Pero hoy también soy un venezolano más. Vivo lo que miles de compatriotas han sufrido: tengo un familiar secuestrado por el Estado», escribe en su artículo.
«A los familiares nos quieren silenciar, quieren detener nuestra lucha, quieren hacernos sentir culpables, cuando claramente el único culpable es el autoritarismo y sus prácticas de terrorismo de Estado»
«Es el riesgo que corre cada ciudadano que se opone al autoritarismo, a la pérdida de derechos y libertades, y que anhela una vida digna. ¿Es eso un delito? No lo es», continúa.
Y advierte que «la persecución política» en Venezuela se ha recrudecido desde las elecciones primarias de 2023, en las que la opositora María Corina Machado fue elegida candidata de la PUD, pero ante su inhabilitación, el candidato fue Edmundo González.
El opositor venezolano asegura: «A Rafael lo mantienen en desaparición forzada solo por ser mi yerno, a pesar de que la Constitución venezolana establece que la responsabilidad penal de una persona no puede extenderse a sus familiares».
Y sostiene que ha podido saber que su yerno tuvo un «juicio clandestino» en el que le imputaron cargos de «traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, los mismos delitos que me imputan a mí».
«A los familiares nos quieren silenciar, quieren detener nuestra lucha, quieren hacernos sentir culpables, cuando claramente el único culpable es el autoritarismo y sus prácticas de terrorismo de Estado», concluye.
Tuvo un «juicio clandestino» en el que le imputaron cargos de «traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, los mismos delitos que me imputan a mí»
Por su parte, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó este viernes que se cumpla el segundo mes del arresto de Rafael Tudares.
“Su único delito ha sido ser familia del hombre que lideró la gesta del cambio político que anhelan más de ocho millones de venezolanos”, afirmó la PUD, en referencia a lo que dice ser el triunfo de González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024.
La PUD manifestó que acompaña “la exigencia de libertad del presidente electo Edmundo González y (de) su familia para Rafael Tudares y todos los presos políticos”, que son, según la ONG Foro Penal, 1.060, la mayoría arrestados tras las presidenciales.
“Su único delito ha sido ser familia del hombre que lideró la gesta del cambio político que anhelan más de ocho millones de venezolanos”
Mariana González, la hija de González Urrutia, pide casi a diario la liberación de su esposo, de quien considera que está preso de forma “arbitraria” y cuyo sitio de reclusión asegura desconocer, lo que denuncia como “desaparición forzosa”.
En enero pasado, la hija del líder de la PUD aseguró que se pretende vincular a su esposo con otras personas detenidas ese mes por “supuestos hechos con los que él no ha tenido ni tiene relación alguna”, en referencia a extranjeros arrestados, que las autoridades califican como “mercenarios” enviados para ejecutar acciones “terroristas”.
Tudares fue arrestado el pasado 7 de enero, el mismo día en el que detuvieron al defensor de derechos humanos Carlos Correa –ya excarcelado– y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, para quien su partido, Centrados, pidió hoy la libertad al considerar que está preso de manera “injusta e inconstitucional”.
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