Por irregularidades en el Infonavit, 7.3 millones de derechohabientes no encuentran vivienda en el país. Gobierno apuesta por auditorías.
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Escucha nuestra entrevista con Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit.
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IMER Noticias
En el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hay 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito y no lo usan por falta de construcción de vivienda social.
Esto debido a una serie de irregularidades en el Infonavit que van desde contratos fraudulentos, créditos duplicados y deudas impagables.
Por ello, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, explicó en entrevista para la Primera Emisión de IMER Noticias con Adriana Esthela Flores que los problemas radican en la integración del instituto.
El organismo tiene tres direcciones: la general, la del sector de los trabajadores y otra presidida por el sector de los empresarios.
“Las otras administraciones únicamente proponen, pero proponen cuestiones que acuerdan entre ellos. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos con determinadas empresas, la contratación de determinados servicios lo aprueban, la dirección tiene que llevarlo a efecto aun cuando esos proyectos no siguieron la ruta del análisis”.
Cuando se trata de realizar un proyecto de administración pública, es necesario hacer un sistema de evaluación y análisis, pero no los realizaron. Lo cual, aseveró Romero Oropeza, generan problemas para los derechohabientes.
“Los empresarios o las empresas se van con el dinero, dejan los proyectos a medio camino, no construyen las viviendas para los trabajadores y perjudican porque normalmente ya están asignados los derechohabientes que van habitar ahí”.
Esto perjudica tanto a los derechohabientes como a la misma Institución, ya que al no otorgar la construcción tiene que regresar el dinero y liberar el crédito de ese trabajador.
“Aun cuando ellos tienen derecho a pedir 500 o 600 mil pesos para comprar una vivienda, esta no existe en el mercado porque no se construye vivienda de interés social. Por eso la necesidad de una empresa constructora, por eso la necesidad de un millón de viviendas de interés social”.
Para evitar estos esquemas de corrupción que afectan la adquisición de viviendas por parte de las y los trabajadores, el Gobierno Federal propuso facultar a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar al Infonavit.
El funcionario explicó que la reforma homologa al Infonavit con el Instituto Mexicana del Seguro Social (IMSS) para que pueda ser auditado. Sin embargo, el sector de los trabajadores y el de los empresarios se oponen totalmente.
“Argumentan que ellos son los dueños del dinero, que el dinero de los trabajadores es dinero privado y que el gobierno no tiene por qué entrar y que ellos lo están cuidando. Lo que estamos buscando es que haya transparencia”.
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