La prohibición del uso de grúas de manera indiscriminada, ordenada el pasado seis de este mes por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado, ayudará a combatir la corrupción y a evitar pagos injustificados que en ocasiones superaban los 20 mil pesos, entre infracciones, arrastre de unidades y corralón, coinciden abogados, taxistas y automovilistas.
Según ellos, existía aparentemente un acuerdo entre autoridades de vialidad con las empresas de grúas, pues prácticamente “barrían” las calles de la ciudad para detectar vehículos mal estacionados y llevárselos a corralones, en lugar de limitarse a la aplicación de infracciones.
En ocasiones, era común ver grúas de plataforma llevándose hasta unas 10 motocicletas en un solo viaje; por cada una, según lo que dicen, cobraban al menos cinco mil pesos por arrastre y un día de corralón; en el caso de automóviles, la tarifa era de mínimo 10 mil pesos.
- CHECALO -
Desde el punto de vista legal, ninguna empresa de grúas particular puede llevar a cabo el decomiso de vehículos y mucho menos cobrar a los dueños de unidades por un servicio que no solicitaron, coinciden.
Uso de grúas, solo en caso de accidentes o delitos
El oficio girado por la SSP se encuentra firmado por el titular de esa dependencia estatal, Alfonso Reyes Garcés y establece que “sin excepción alguna” todo el personal operativo de la Policía Vial y de Tránsito Estatal deberá abastecerse a partir del seis de diciembre “de solicitar el uso de los servicios de grúas, salvo en aquellos casos en los que sean necesarios con motivo de un siniestro o accidente de tránsito, en el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo”.
Las grúas también podrán ser solicitadas en caso de que los vehículos sean utilizados “en la comisión de un delito, o bien, cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida (narcóticos) y no se encuentre presente persona alguna de su confianza que pueda hacerse cargo del mismo”.
En caso contrario, el uso de grúas no deberá ser solicitado por agentes de vialidad.
En ese tenor, según lo establecido en el oficio, dicho personal deberá actuar, con profesionalismo y honradez, además de que el ejercicio de sus funciones deberá ser con total apego a los principios constitucionales de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos, que rigen el actuar de esta Secretaría de Seguridad Pública, con tal de garantizar en todo momento el respeto y la seguridad ciudadana.
Empresas eran las únicas beneficiadas
Las empresas de grúas particulares eran las únicas beneficiadas con los servicios de arrastre y corralón, pues los recursos nunca se vieron reflejados a través de obra pública, principalmente el bacheo o la mejora de calles y avenidas, sostiene el abogado Rafael Hernández Matías.
Destaca que “el Artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal prohíbe expresamente el cobro de esos derechos como una contribución que cobra el estado cuando da una contraprestación”, algo similar como cuando se cobra por la expedición de una licencia de manejo, un acta de nacimiento o por emplacamiento de vehículos, entre otros.
Sin embargo, reitera que el servicio de grúas particulares no era de beneficio, más que para esos empresarios, pues los recursos recaudados no se vieron reflejados en obra pública en beneficio de la ciudadanía.
Incluso, sostiene que aparentemente el sistema de videovigilancia de Gobierno del Estado estaría coludido con esas acciones, pues los vehículos que estaban estacionados en lugares prohibidos no tardaban ni dos minutos en ser detectados.
“Las grúas operaban fuera de la ley por varias razones; era un juego de perder y perder, porque perdían más los ciudadanos y perdía también el Gobierno del Estado; los únicos que se beneficiaban eran los empresarios de grúas particulares”, insiste.
También dice que el hecho de que esas empresas no otorgaran facturas se debe a que los dueños de los automóviles no eran los que solicitaban el servicio de grúas y que al tener que expedirse a nombre de un tercero tendrían evidencias para proceder de manera legal.
Aunque la actual administración estatal no descarta la posibilidad de otorgar a los Ayuntamientos la responsabilidad de estar a cargo del servicio de grúas, el abogado precisa que también sería una práctica ilegal, porque ninguna empresa particular puede llevar a cabo ese servicio.
“La ley no permite las grúas de particulares; sí está permitido que el Gobierno del Estado sancione a un particular porque se estacione mal o por otra causa, incluso podría decomisar algún vehículo, pero con grúas propias y sin el derecho de cobrar por el arrastre ni por el corralón”, asegura.
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Mientras tanto, el abogado Jesús Fernández Fernández recomienda alzar la voz y denunciar oportunamente a aquellos oficiales que pretendan utilizar las grúas de manera irregular.
Al menos 20 años de abusos
El delegado nacional de la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM), Víctor Herminio González Rivera, señala que los abusos que se sufrieron de parte de empresas particulares de grúas, aparentemente con el apoyo de algunas autoridades, se registraron durante al menos los últimos 20 años.
El también dirigente taxista a nivel estatal, sostiene que tan solo Xalapa operaban aproximadamente seis de esas empresas y que no todas con la concesión correspondiente.
Además, no descarta que algunas hayan clonado los números de concesiones, pues dice que detectaron grúas distintas que compartían la misma matrícula.
“Hay empresas de grúas que están trabajando con concesiones federales y otras ni siquiera tienen concesión; nos estuvieron atracando durante mucho tiempo, pues incluso en la portezuela de las unidades traían un número de folio que nosotros nos dimos cuenta que venía duplicado”, abunda.
A lo largo de los últimos 20 años, manifiesta, la COEM buscó acercamiento con autoridades de Gobierno del Estado con tal de poner un alto o regular debidamente el servicio de grúas.
Incluso, entre los agremiados de su organización se llegó al acuerdo de que retendrían a las grúas que fueran utilizados para el decomiso de taxis sin que hubiera alguna justificación.
“Había grúas que llevaban hasta 10 motos en la plataforma y por el puro arrastre y liberación eran de barato cinco mil, seis mil o siete mil pesos”, señala.
También dice que a él por un taxi que estuvo involucrado en un “pequeño accidente” le cobraron casi 18 mil pesos únicamente por el servicio de grúa.
Usaban grúas por cualquier motivo
“Para todo usaban grúas y a veces no motivo había”, dice el taxista Francisco Jiménez Gabriel.
El ruletero sostiene que la determinación del Gobierno del Estado para dejar de utilizar grúas de forma indiscriminada “será buena para terminar con la corrupción”.
Señala que en una ocasión agentes de vialidad lo retuvieron para llevar a cabo “una revisión de rutina” y que debido a que detectaron que su pasajero estaba en estado inconveniente le quitaron el taxi.
Agrega que a él y a su pasajero se los llevaron detenidos y que cada uno tuvo que pagar una sancón administrativa para salir libres.
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Sin embargo, para recuperar su taxi, asegura, pagó 6 mil 500 pesos, solamente por el servicio de arrastre y un día de corralón.
“La medida actual de limitar las grúas es buena, porque los oficiales y los de las grúas hacían su agosto; recogían automóviles a diestra y siniestra y todo eso, pues en realidad afectaba nuestra economía”, manifiesta.
Piden respetar reglamento de Tránsito
El automovilista Joel Hernández sostiene que ahora que las grúas ya no serán utilizadas para recoger vehículos mal estacionados…
Hay una buena oportunidad para demostrar nuestra cultura vial
Dice que comúnmente es difícil transitar por calles de la zona centro de Xalapa debido a que “no faltan aquellos que se estacionan en ambos lados, en lugares no permitidos, sobre banquetas o en doble fila para obstruir la circulación”.
Como ejemplo, manifiesta que Clavijero suele ser una de las más afectadas, pues “a pesar de que es una calle ancha se suele circular por el carril del centro, porque el de la izquierda y el de la derecha casi siempre están ocupados por vehículos mal estacionados”.
“El hecho de que las grúas ya no estén en operación para retirar ese tipo de vehículos, lo cierto es que los oficiales de Tránsito o de la Policía Vial todavía podrán aplicar las infracciones a los automovilistas que incumplan o le falten al reglamento de vialidad”, puntualiza.
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