La Habana/Los grupos o brigadas de respuesta rápida de Ciego de Ávila han estado más que activos durante las últimas semanas y a ellos se debe, según la Fiscalía, el éxito en la identificación y arresto de no pocos manifestantes contra los apagones y la precariedad que sufre el país. Lo celebró este jueves Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, que informó de la detención cautelar de cinco personas.
En Ciro Redondo, reveló el fiscal, había alrededor de 50 personas “que estaban ocupando toda la vía e impedían el tránsito de los vehículos y peatones, y se hacían acompañar por menores de edad”. Gracias a los videos de las protestas y la presencia de agentes de la Seguridad del Estado, varios “incitadores” y “autores de agresiones” fueron identificados. Los cinco detenidos son mayores de 18 años, dijo González en una comparecencia ante Televisión Avileña, si bien otras personas están acusadas de “actos contra el normal desarrollo del menor” por llevar niños a la protesta.
Los grupos de respuesta rápida, añadió, “están compuestos por miembros de las diferentes organizaciones de masas”, a quienes se pidió que actuaran de forma decisiva para “dar respuesta a la población” en caso de protesta. Supuestamente, se les orientó “resolver inquietudes”, pero González admite que su labor “dio lugar a un proceso penal por parte de los órganos de investigación” del Ministerio del Interior.
- CHECALO -
Los grupos de respuesta rápida, añadió, “están compuestos por miembros de las diferentes organizaciones de masas”
La detención de varios manifestantes en el poblado de El Eucalipto, en Ciro Redondo, fue una de las denunciadas por la organización Justicia 11J durante esta semana. Los residentes de la zona habían salido a las calles con calderos y coreando “pongan la corriente”, en protesta por más de 24 horas sin electricidad. La organización logró identificar a varios de los detenidos: Adiane Hernández Calderón, Yordanka López González y Diosbany Almaguer, trasladados al penal de Ciego de Ávila.
López, Alamaguer y González ni siquiera habían participado en la protesta, según Justicia 11J, sino que se limitaron a observar. Sin embargo, fueron fotografiados por funcionarios y detenidos al día siguiente.
Varios días de apagón tras el paso de dos ciclones –que provocaron la segunda desconexión del Sistema Eléctrico Nacional en quince días– han lanzado a cientos de cubanos a las calles, en protestas de pequeño calibre pero para las que la Fiscalía General ha prometido “máxima severidad” y acusaciones por los “delitos de atentado, desórdenes públicos y daños.
La advertencia la repitió este viernes en el Canal Habana Lisnay Mederos, jefa de la Fiscalía Provincial de la capital y esposa del ex espía Fernando González. Al comentar los “recientes hechos delictivos” ocurridos en La Habana tras el paso del huracán Rafael, aseguró que había varios detenidos, pero no aportó la cantidad.
Como en Ciego de Ávila, la Fiscalía habanera atribuye a los acusados los delitos de “desorden público, atentado, desacato y lesiones”. Aseguró que el Gobierno debía velar por los «bienes que son de especial importancia para la economía del país», por lo que no toleraría acciones en su contra.
Como en Ciego de Ávila, la Fiscalía habanera atribuye a los acusados los delitos de “desorden público, atentado, desacato y lesiones”
La funcionaría se refirió a que se pedirían condenas de máxima severidad contra quienes atentaron contra “bienes que son de especial importancia para la economía del país”, y en específico el Sistema Electroenergético Nacional. Asimismo, aludió a robos de “cables, angulares, transformadores, componentes y accesorios internos [de las instalaciones eléctricas], la telefonía pública, al igual que los delitos patrimoniales: hurtos en viviendas”.
Añadió que durante la etapa de evacuación de las viviendas se cometieron robos, y dijo que las autoridades tenían que “proteger” las casas vacías. Canal Habana informó de que los acusados han sido juzgados en “diferentes procesos”.
Tras los recientes eventos naturales que han sacudido el país, sumados a la crisis energética, el desabastecimiento y el deterioro de cada esfera de la vida, ni la Policía ni los dirigentes han perdido oportunidad para hacer valer, por la fuerza y con detenciones, su autoridad. Lo demuestra el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders (PD), que sitúa en 1.117 el número de presos políticos en Cuba y hace constar los nuevos encarcelamientos tras las protestas pacíficas de octubre.
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