El Gobierno de la Ciudad de México enviará una reforma al Congreso capitalino para elevar a 15 años la sanción por extorsión.
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Escucha la entrevista con César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
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IMER Noticias
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una estrategia para frenar el delito de extorsión en la capital. En ese sentido, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, expresó en entrevista para la Primera Emisión de IMER Noticias con Alberto Nájar, que es una estrategia integral que atenderá de forma más eficiente este tipo de delito.
Para lograrlo, en los próximos días enviarán al Congreso de la Ciudad de México una reforma que parte de tres principales modificaciones a las causas penales de la extorsión.
La primera consiste en aclarar que la extorsión ya no sólo es un delito patrimonial respecto a cuánto dinero tenemos, ahora implica:
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Quitar tranquilidad.
Generar ansiedad.
Provocar problemas familiares.
Cerrar negocios (en algunos casos).
Es decir, lo plantearán como un delito de orden mixto.
El segundo cambio propone que no sea un delito con derecho a fianza. Buscan que lo califiquen como delito grave para condenar a las personas extorsionadoras a 10 o 15 años de prisión sin la posibilidad de pagar una fianza:
“Antes pueden tener a alguien extorsionando, pide una fianza, sale, lleva su juicio en libertad y sigue extorsionando. Ahora, si se agarra a alguien, se va a la cárcel y no tiene derecho a fianza”.
Un tercer punto es que las autoridades persigan el delito por oficio, es decir, no será necesario presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Con una llamada telefónica al número exclusivo de denuncias de extorsión (5550363301), las autoridades tendrán la obligación de investigar el tema.
Respecto al cuarto tema, señaló que, una tentativa de extorsión (no se consumó el robo de dinero), implicará la misma pena. Sólo duplicarán la sanción cuando haya agravantes, por ejemplo menores de edad, comerciantes, funcionarios públicos, exguardias de empresas de seguridad privada, entre otros.
“Víctimas no están solas”
La segunda parte de la reforma procura brindar acompañamiento a las víctimas de extorsión y un seguimiento personalizado de cada caso. Además, anunció que impartirán programas, capacitaciones, talleres de prevención y asesorías para que la gente sepa cómo actuar.
Fomentar la denuncia es primordial, sobre todo, por la desconfianza de la ciudadanía para hacerlo. Por esta razón, la cifra de denuncias indica que al menos hay mil 500 casos al año, aunque, reiteró, podrían ser más.
Prevén que a través de las denuncias, las víctimas describan el modus operandi de los extorsionadores para que la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalinas, investiguen los casos.
Debido a que múltiples llamadas de extorsión provienen de las cárceles y reclusorios, Cravioto informó que cada semana la SSC realiza operativos al interior de estos lugares. Como resultado, han decomisado teléfonos para investigar con quiénes tuvieron contacto para que, desde la cárcel, no cometan este tipo de delitos.
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