La Habana/El Congreso de EE UU da por sentado que el régimen de La Habana utiliza la inmigración ilegal “como arma para saturar la frontera estadounidense, beneficiarse del contrabando internacional, exportar disidencia, infiltrar espías y fortalecer una economía de mercado negro”.
La afirmación forma parte de la Resolución 1358, cuyo texto fue presentado el pasado 11 de julio por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien exigió al Gobierno cubano “rendir cuentas” por las “las graves violaciones de los derechos humanos” que comete de forma sistemática.
Con el texto en la mano, la Cámara de Representantes estadounidense hizo un llamado al Gobierno de Joe Biden de “utilizar todas las herramientas diplomáticas para persuadir a los Gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales a que se unan a sus esfuerzos y coordinen actividades para llevar la libertad y la democracia a Cuba”.
Los congresistas señalan a la Isla como un país de nivel 3, en una escala que define “su incumplimiento total de los estándares mínimos contra la trata de personas”, además de ser un patrocinador de esta práctica. Entre estás violaciones, subrayan, se encuentra el envío de médicos cubanos a México y otros países.
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El régimen “sólo se les paga entre el 10% y el 25% de lo que el país anfitrión compensa a Cuba por sus servicios y les niega sus derechos fundamentales”, subraya el documento. Frente a este contexto, se pidió analizar el tema en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), instrumento que será sometido a revisión el próximo año.
Cinco días después de hacerse pública la resolución 1358, el Gobierno de México anunció la contratación de otros 2.700 médicos cubanos para atender zonas rurales del país. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su apoyo a Miguel Díaz-Canel en el proceso de contratación de 5.000 sanitarios. Además, ha enviado a Cuba petróleo, financiado investigaciones y pagado becas de estudiantes de medicina.
En febrero de 2023, un especialista dijo que los sanitarios cubanos en México sólo reciben «un estipendio para sus necesidades», es decir, que su “sueldo está en Cuba». De la cantidad que paga la Administración de López Obrador, el Gobierno de la Isla se queda con la mayor parte del salario. Organizaciones como Prisoners Defenders han cuestionado al Gobierno de México por la contratación de profesionales cubanos en “condiciones de esclavitud”.
En diciembre de 2022, Prisoners Defenders lanzó una dura crítica a los Gobiernos de México, Italia y Catar por la contratación de profesionales cubanos en “condiciones de esclavitud”. El programa de migración temporal de sanitarios con «países amigos» no es más que la principal entrada de divisas para el régimen de la Isla.
Los congresistas precisaron que “Cuba sigue siendo una fuente de inestabilidad regional” y hacen referencia a una investigación independiente de las Naciones Unidas en 2002 en se “encontró que personal de la Isla estaba asesorando e instruyendo a agencias de inteligencia venezolanas que cometían crímenes de lesa humanidad”. Este apoyo, se indica “envalentona al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro a seguir resistiéndose a elecciones libres y justas”. Esto ha promovido la migración ilegal hacía EE UU.
Los congresistas retomaron en su documento la publicación de junio de 2023 en que The Wall Street Journal denunció a la Isla por avalar a China para establecer una instalación de vigilancia electrónica, que “permitiría a los servicios de inteligencia chinos recopilar comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares, y monitorear el tráfico de barcos estadounidenses”.
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