Argentina lanza policía del pre-crimen basada en IA para controlar a Bitcoin

«La democracia no significa que los votantes controlen el gobierno, sino que aquellos que controlan el gobierno controlan a los votantes«.

Hans-Hermann Hoppe en Democracia: El Dios fallido.

El pasado 26 de julio del corriente año, en Argentina se publicó la Resolución 710/2024 – RESOL-2024-710-APN-MSG consistente en la creación de la “Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS)”.  

A partir de este hecho jurídico podemos entender que, desde ese momento, la Argentina administrada por el cosplayer Javier Milei ha comenzado oficialmente a combatir el pre-crimen al mejor estilo Minority Report (Sentencia Previa).  

Para los que tienen la suerte de no haber visto la película, les comento que la misma transcurre en un escenario futurista distópico en el que gracias a la tecnología disponible en ese futuro, el Estado puede ejercer el poder de policía antes que el crimen ocurra. Es decir, que el Estado tiene tecnología suficiente para predecir -mediante cuestionables métodos- que un crimen “está por ocurrir” y entonces actúa en consecuencia evitando que el mismo ocurra.  

Si esto les suena distópico y digno de un sueño húmedo de un dictador promedio, es porque efectivamente así lo es. La cuestión es que exactamente esta misma visión e ideología de ingeniería social es en la que se basa la Resolución del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich aquí analizada.  

China: el modelo a seguir

Veamos por ejemplo los siguientes fragmentos de su CONSIDERANDO (introducción que fundamenta la norma que le sigue). El mismo indica: “Que países como China (…) son pioneros en la utilización de la Inteligencia Artificial en sus áreas de gobierno y Fuerzas de Seguridad.” 

A reconocimiento de parte, relevo de pruebas, reza el adagio jurídico. Esta no es la primera vez que en las altas esferas del poder formal argentino se reconoce como modelo a seguir la China autoritaria y socavadora de la libertad. Cabe tener en cuenta que esta norma refrendada por el supuestamente anarcocapitalista presidente Milei está inspirada y fundada en un modelo de país que, para poder continuar existiendo, tuvo que apretar el bozal de sus ciudadanos hasta el punto de directamente bloquear la internet y reemplazarla con una red enteramente controlada por el Estado.  

Este autor se pregunta: ¿De qué sirve todo el discurso libertario y su parafernalia si en la práctica, tanto en hechos como en normas, el Estado Argentino busca literalmente emular a uno de los Estados del mundo más fascista e intrusivo en la esfera privada?  

Claramente este gobierno, siguiendo el manual chino, empieza con un discurso de control basado en la seguridad en pos de ir moviendo la ventana de Overton. Para luego continuar avanzando, tal como hizo China, y ampliar sus potestades incluso por fuera del supuestamente restringido ámbito penal. Tengamos en cuenta que China ya estableció el sistema de scoring social – en consonancia con la agenda 2030- y que lo mismo se desea que se exporte a todo occidente.  

Minority Report de la vida real

Otro punto jugoso del considerando es el siguiente: “Que los mencionados países utilizan la Inteligencia Artificial en Reconocimiento Facial, Predicción de Crímenes, Análisis de Redes Sociales y Detección de Fraude y Anomalías«.

Es decir, que en primer lugar reconoce tácitamente que la privacidad en la vía pública es cosa del pasado. Gradualmente, como una rana en agua que se calienta suavemente, nos fuimos acostumbrando a esto. A partir del dictado de esta norma ya no pueden quedar dudas de que, en los hechos, en Argentina, no existe privacidad alguna en la vía pública.

¿Será obligatorio andar sin sombrero y con la cara descubierta en ciertos lugares públicos? Aún no lo es, pero ¿cuánto tiempo pasará para que esto se vuelva un requisito necesario “para la seguridad”? Acaso tal vez ya sea cosa del pasado el poder ir a una plaza con tu hijo, o pasear el perro por la vereda sin que el Estado lo agregue a su base de datos.  
 
Luego de reconocer la utilización sin límites de reconocimiento facial, el considerando directamente toma el guion de la película protagonizada por Tom Cruise y asevera que, con la magia de la IA y la invasión de la privacidad, el Estado Argentino podrá “predecir crímenes”.  

El fundamento es tan fantasioso y anti republicano que directamente abre la puerta a que cualquier juez medianamente racional pueda tildar de inconstitucional toda la norma. No creo que esto vaya a ocurrir porque lógicamente no se le puede pedir peras al olmo, pero no por ello debemos dejar de destacar que este nuevo atropello a las más básicas libertades podría ser frenado por pertinentes operadores del derecho que cobran un sueldo para pretender que controlan la constitucionalidad de las normas.  

Por último, el fragmento del considerando indica que con la plata del IVA que se le cobra a la polenta que compran los pobres se les pagará a policías para que estén todo el día mirando redes sociales. Cuestión fáctica que ya conocíamos y que realmente no merece una expresa aclaración regulatoria. Sin embargo, celebro el sinceramiento del reconocimiento del uso de los recursos públicos.  

Inciso K

Arriba despotriqué contra puntos que surgen del considerando y que son recibidos en la parte resolutiva de la norma. Dejando así para el final un punto de la parte resolutiva del cual no se justifica antecedente alguno en el considerando. A saber: “LA MINISTRA DE SEGURIDAD RESUELVE:  (…) k. Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales. 

No hay nada nuevo bajo el sol. Esto solo es un reconocimiento y refuerzo de lo que ya se está haciendo. Debido al sistema GAFI vigente, del cual he hablado antes (ver aquí, aquí, aquí o aquí), siempre se espera que cada órgano estatal y persona con la condición de sujeto obligado colabore. Para el sistema GAFI resulta esencial que tanto los individuos como todos los demás órganos estatales colaboren en detectar transacciones financieras sospechosas y comportamientos anómalos.

La ministra Bullrich caminando entre paquetes de hojas de plantas prensadas que pertenecían a otra persona pero que ella, con ayuda del Estado, decidió quitarle a su dueño para luego quemarla y meter preso a su anterior dueño. Fuente: https://www.lavoz.com.ar

Con esta norma destinada a ciber-patrullar la internet simplemente se valida legalmente la posibilidad de que la Unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad (UIAAS) pueda colaborar con el mandato de la GAFI y así poder producir prueba para la UIF y el poder judicial en su fuero penal.  

Esta regulación busca desincentivar a que los lavadores de dinero posteen pruebas de sus crímenes en las redes sociales. Lo interesante de la misma surge cuando la analizamos en conjunto con el principio fundamental de todo el sistema GAFI: la sencilla artimaña jurídica de invertir la carga probatoria.  

Atento el sistema PLAFT vigente, básicamente toda persona (jurídica o física) es lavador de dinero, financista de terroristas o financista de productores de armas de destrucción masiva hasta que pruebe lo contrario. La prueba en contrario normalmente aceptada son los documentos que demuestren el origen del dinero del administrado. Por ese motivo es que los exchanges (PSAVs) centralizados, bancos y demás entidades en compliance siempre andan pidiendo documentos a sus clientes (realizando así KYC/AML). 

La ministra Bullrich que dictó la norma, sacándose una selfie con su anarco-capitalista jefe que refrendó la misma. Fuente: https://media.letrap.com.ar/

Ahora, gracias al inciso K de la regulación, básicamente cualquier usuario que en forma pública realice transacciones p2p puede ser directamente perseguido por esta unidad de inteligencia sin necesidad de intervención de la UIF, organismo originalmente competente en la materia.   

A esta altura cabe destacar que en la Argentina administrada por el supuestamente rothbardiano presidente, la compraventa de Bitcoin sin su correspondiente pago de impuestos es ilegal ya que constituye el delito de evasión. Por lo que, para la GAFI y por lo tanto para la UIF y el Estado Argentino, la posterior utilización de los bitcoins comprados constituye lavado de dinero puesto que se configura el tipo penal al momento de reingresar el dinero ilícito (proveniente de evasión) en el circuito financiero.  

La ministra Bullrich de viaje en Paraguay ayudando a remover yuyos ilegales que impedían la producción de tomates en compliance.  Fuente: https://fotos.perfil.com/

Epílogo

Estamos frente a un Estado que te quiere vender que con la fórmula “inteligencia artificial más extinción de la privacidad” puede combatir el crimen antes que ocurra, pero que en la práctica ni siquiera puede mantener correctamente funcionando una base de datos donde toma las denuncias de Reportes de Operaciones Sospechosas.  

Actual situación de la página de la UIF al momento de escribir estas líneas.

La UIF es el organismo donde los Administrados decentes deben reportar a los malvados lavadores y financiadores de terrorismo para que así el Estado pueda combatir a los segundos y tolerar no encarcelar a los primeros.  

Tal vez la flamante Unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad (UIAAS) pueda darles una mano para levantar el servidor.  

¡Viva la libertad carajo! es la muletilla que repite siempre el actor de teatro de revista actualmente sentado en el sillón de Rivadavia. Dicho absolutamente celebrable, pero mucho más auténtico aclarando que ¡Viva la verdadera libertad! La que nos permite operar financieramente sin intermediarios ni terceros ni coerción. Viva la libertad que todo Estado nos quiere quitar y que sólo Bitcoin nos garantiza.   
 
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Camilo JdL para Criptonoticias a las 855.944 timechain 
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