Presupuestos insuficientes, falta de regulación en el ejercicio de la abogacía y la necesidad de cambiar el proceso de selección de titulares de juzgados y tribunales son algunos de los desafíos del sistema judicial.
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Adriana Esthela Flores
Para numerosas víctimas, denunciar un delito es el comienzo de una carrera de obstáculos en todos los niveles del sistema de justicia mexicano. Esta serie incluye un uso desmedido de amparos para retrasar la emisión de sentencias, omisiones y falta de pruebas, carencia de información clara sobre el proceso legal y suspensiones o aplazamiento de audiencias sin previa notificación.
Analistas consultados por IMER Noticias coinciden en que los principales desafíos están en la primera puerta que se toca al iniciar un proceso legal: las autoridades locales. En este ámbito, el presupuesto es clave para que la justicia pueda estar al alcance de las poblaciones más vulnerables, explica Adriana Aguilar, investigadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa.
“El acudir a una instancia de justicia requiere un esfuerzo, tiempo, recursos económicos que la gente que vive en una situación de mayor vulnerabilidad no tiene. No puede faltar a su trabajo para acudir a estas instancias de justicia, no puede darse el lujo de faltar y que le descuenten un día, a veces no tiene para trasladarse para las copias, para lo que le pide el abogado. Estamos hablando de una justicia que no es accesible para las poblaciones que más lo necesitan”.
Un análisis de México Evalúa sobre los poderes judiciales locales indica que el presupuesto ideal para el Poder Judicial por estado debería ser del 2.5% del federal. En el terreno, solo cinco constituciones locales prevén un porcentaje mínimo, mientras que nueve establecen que la asignación no se reduzca.
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Los desafíos en la justicia local, señaló Aguilar, incluyen posibles conflictos de interés en los procesos de asignación de titulares de órganos jusrisdiccionales, falta de mecanismos de asignación objetivos para el acceso de personas interesadas al cargo de magistratura -lo que abre la puerta a una posible captura política de esos puestos- y una verdadera política anticorrupción.
“Lo que nos ha pasado es que nos dicen que siempre hay inconformidad de una parte, la parte que pierde se molesta y uno de los argumentos es que el juez o la jueza se vendió. Puede ser cierto o no, pero tu labor es investigar y eso muchas veces no se hace y aquí vemos una afectación al derecho a la justicia”.
Además del presupuesto, Aguilar ubica que otros obstáculos importantes para el acceso a la justicia son:
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La capacitación deficiente de personal para que se eviten tratos discriminatorios.
La insuficiente información hacia la ciudadanía sobre procesos judiciales en los que está involucrada.
“Una vez que se inicia el proceso, ellas a veces no saben qué está pasando, en qué etapa van. Si son personas acusadas, de qué se les acusa. Si son víctimas, saber si realmente se está avanzando en la investigación. No hay información clara respecto a cada una de las etapas por las que va transitando una persona cuando busca acceder a la justicia”.
En México, “hay un exceso” de víctimas, personas en prisión y delitos
Para Ilsse Torres Ortega, académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, el primer paso para mejorar la calidad y eficiencia del sistema de justicia es reconocer la dimensión del problema y sus consecuencias.
Datos e informes de distintas organizaciones e instituciones muestran, como en una fotografía, algunos desafíos del acceso a la justicia:
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El nivel de impunidad aumentó de 91.8 a 96.3 por ciento entre 2021 y 2022.
Hay solo 4.4 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional es 65 por cada 100.
En 2021, el servicio de justicia local recibió dos millones de asuntos, el doble que a nivel federal.
En todo el país, solo hay mil 699 personas defensoras públicas: 53 por cada estado.
“En nuestro país hay un exceso de daño por todos lados. Tenemos un exceso de víctimas y una cifra negra de delitos no denunciados de más del 90%, pero tenemos también demasiado daño del otro lado. Hay demasiadas personas en prisión, demasiadas personas que están pasando por prisión preventivas. Entonces lo que estamos viendo es eso: hay exceso de delitos, pero también un exceso del uso de determinados medios del derecho”.
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Para la especialista, la gran tarea pendiente para transformar la justicia está en las fiscalías y la integración de investigaciones. Sin embargo, enfatizó que un proceso de esta envergadura necesita la participación de todos los actores involucrados en ella. Esto incluye a las y los abogados, pues no considerarlos ha permitido que continúen las malas prácticas en el ejercicio de esta labor.
“Ha hecho mucho daño el ver a los abogados como si no se tratara de personas que finalmente están contribuyendo al estado del sistema de justicia. Desde luego, tienen una posición de riesgo moral porque su posición no es la del juez ni del fiscal y son personas que están allí para la defensa de su cliente, pero esto no quiere decir que todas estas reglas y consideraciones que tenemos acerca de cómo llegar a resultados justos, no apliquen para ellos, hablamos de un tema que es falta de ética profesional”.
La académica enfatizó que es necesario cambiar esa idea dicotómica de acceso a la justicia como una pugna entre víctimas y personas investigadas a las que se les debe condenar, pues esta premisa podría llevar al “populismo punitivo”.
“Estamos en el escenario más propicio para que llegue el populismo punitivo a intentar ofrecer soluciones milagrosas. Es un momento crucial donde más que nunca tenemos que estar mucho más enterados de lo que sucede en las instituciones para soportar la tentación de ese populismo punitivo que seguramente vendrá como solución inmediata y definitiva de disminuir garantías para establecer sanciones de una manera más rápida…Eso en realidad no protege a víctimas sino que nos convierte a todos en víctimas potenciales”
Falta regular el ejercicio de la abogacía
Para el doctor Alberto Abad Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el funcionamiento del sistema judicial enfrenta dos grandes retos: la educación jurídica y la colegiación de las personas litigantes.
De hecho, Abad Suárez señaló que los abusos en la presentación de amparos es una de las consecuencias de la falta de regulación o control del ejercicio de la abogacía. Aunque descartó que la colegiación sea una solución óptima para resolverlo.
“Funciona más como un club social y no se han incorporado practicas relevantes dentro de la abogacía como el servicio probono y prácticas más orientadas a lo social. Esto genera que los abogados estén dispuestos a realizar prácticas para el interés de su cliente que, en muchas ocasiones, están fuera de límites éticos y que no hay posibilidad de corrección dentro del mismo sistema. El abogado que tiene actos poco éticos difícilmente va a recibir una sanción”.
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En el caso del Poder Judicial, identificó dos desafíos: la endogamia y el nepotismo. El investigador consideró que ha habido fallas en establecer mecanismos para evitar este tipo de prácticas y mejorar la selección de jueces y magistrados, coordinados por un organismo independiente a este poder.
También reconoció que aún hay áreas débiles en el sistema judicial, como el trabajo de las policías, fiscalías y juzgados locales. Sin embargo, enfatizó que se debe reconocer los avances a partir de la reforma de 2008.
“Sabemos cuál es el camino: seguir fortaleciendo servicios de carrera, fiscalías, defensorías, policías, jueces, seguir trabajando en capacitación y fortalecer el área que no se ha reformado nunca, que es la educación y la profesión jurídica, eso no se ha tocado en las grandes reformas de este país en los años 80 y 90, no se ha tocado la educación ni la profesionalización”.
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