Madrid/En menos de 72 horas, las autoridades cubanas ya tenían a casi 400 infractores del tope de precios para seis productos básicos que entró en vigor el lunes. La pasada semana, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, advirtió en Canal Caribe de que 7.000 inspectores estaban preparados para comprobar que se cumplían con las disposiciones y esta vez su eficacia ha quedado probada, ya que la noche del miércoles se habían realizado 1.079 “acciones de control” que dejaron multas para 393 privados, algunas a instancias de denuncias de la población.
La información la ofreció el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale en una intervención en televisión en la que repasó la Resolución que marca los máximos precios de venta para el pollo (680 pesos el kilo), los aceites, sin incluir el de oliva (990 pesos el litro); la leche en polvo (1.675 pesos el kilo); las pastas alimenticias (835 pesos el kilo); las salchichas (1.045 pesos el kilo); y el detergente en polvo (630 pesos el kilo). Recordó que importar estos seis productos está exento de aranceles y que, además del tope a los precios al consumidor, no puede haber un margen de beneficio superior al 30% en las ventas del sector privado al estatal.
Regueiro insistió en que el objetivo es contener la inflación, ya que el costo de estos productos esenciales había aumentado progresivamente, y admitió que para una gran parte de la población siguen siendo precios muy altos, en particular para jubilados o personas con bajos ingresos.
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Admitió que para una gran parte de la población siguen siendo precios muy altos, en particular para jubilados o personas con bajos ingresos
Sin embargo, defendió que es una medida acordada a partir de reuniones con más de 50.000 “actores económicos”, entre cuentapropistas, cooperativistas y dueños de pymes. El Estado no está sujeto a esta política, al menos por el momento, ya que las tiendas en Moneda Libremente Convertible venden a precios muy por encima, como ha reprochado buena parte de la población que, no obstante, admite que poco importa, ya que en esos establecimientos no hay productos.
“Ojalá pudiéramos comprar en las tiendas MLC –comentaba una usuaria este miércoles en un foro de Cubadebate que pedía experiencias a los consumidores–, pero allí los precios son igual de elevados y abusivos, están vacías y por otra parte, ¿qué porciento de la población posee esa moneda?”. “En provincia, en MLC no hay nada o casi nada, y menos en municipios, Donde más sacan mercancía es en La Habana, por eso las personas de provincia tenían que terminar en las mipymes que tanto molestan a algunos. Ahora ni oferta por el Estado ni en mipymes”, lamentó otro.
Regueiro Ale añadió que, puesto que los Gobiernos locales tienen la potestad de marcar otros límites, si son inferiores a los estatales no tienen por qué subirlos.
El funcionario también insistió en dos ideas importantes, la primera, que el Estado hace un “sacrificio” al renunciar a los ingresos que obtendría en la Aduana en pro de “favorecer la reducción de costos”; la segunda, que la medida no es aislada y habrá otras “que tendrán una implementación próximamente y que va a permitir crear un escenario donde tengamos más producción y prestación de bienes y servicios”.
No concretó nada más, pero la advertencia puede estar vinculada con los seis decretos que las autoridades dicen tener listos para aprobar en los próximos días que “corrigen las distorsiones que están presentes en el actuar de las formas de gestión no estatal”. Aún no hay información concreta, pero se ha avanzado que se trata de reformas a los decretos que regulan el trabajo por cuenta propia, las mipymes y las cooperativas no agropecuarias, así como los regímenes de la Seguridad Social de sus trabajadores y el sistema tributario.
Además, los municipios irán asumiendo progresivamente la capacidad de autorizar mipymes, un proceso que ha comenzado en Ciego de Ávila –la provincia con más emprendedores al margen de La Habana– con la capacitación de los funcionarios, que “dominan el ecosistema empresarial y conocen las potencialidades de los actores respectivos que allí actúan o pueden hacerlo, a partir de sus necesidades y prioridades”.
“No se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar, conducir, controlar”
Las nuevas normas, señaló el primer ministro, Manuel Marrero, tratarán de llenar vacíos legales o aspectos que no habían previsto inicialmente, con el fin de seguir “perfeccionando” el sistema y dejando claro que “el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ella”. “No se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar, conducir, controlar”, añadió.
La incertidumbre reina, entre unas cosas y otras, en el sector privado, donde muchos han optado por “esconder” los productos con precios topados, como ha podido comprobar 14ymedio en recorridos realizados por La Habana, aunque en otras provincias la ausencia no es tan notable, según los colaboradores de este diario. El impacto real no podrá evaluarse hasta que pase más tiempo, pero el economista Pavel Vidal, en el informe que realiza para la OMFi (Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba), se teme lo peor.
“Las medidas se concentran casi exclusivamente en la contención de los gastos, en la administración de la crisis en el muy corto plazo y en el uso de instrumentos de control directo de la economía de probado fracaso (como son los topes de precio). Una parte de las propuestas generan previsibles efectos negativos y mayor incertidumbre sobre el sector privado, en especial en el que comercializa productos importados”, señala.
El experto, que informa de que las importaciones desde EE UU aumentaron un 65% en los cinco primeros meses del año y un 59% en mayo, comparados con 2023, adelanta que “de confirmarse un impacto contractivo en las dinámicas de las compras externas del sector privado, se produciría un efecto moderador en el tipo de cambio”, aunque descarta que sea significativo, por la ausencia de medidas “de fondo”. Este jueves, el dólar se cambiaba en el mercado informal por 335 pesos.
«Es una guerra contra el Estado que los engendró y los protege. Control y fiscalización de la mano de la aplicación de medidas ejemplarizantes es lo que se impone”
Los consumidores, entre tanto, se dividen entre los que experimentan un leve alivio por los nuevos precios y los que ya sienten la falta de los productos en la calle. “Jugada cantada. Se sabía lo que iban a hacer. Desaparecieron varios de los productos en las mipymes. Ahora los venderán a escondidas y a precios superiores. Es una guerra contra el Estado que los engendró y los protege. Control y fiscalización de la mano de la aplicación de medidas ejemplarizantes es lo que se impone”, espeta un lector de Cubadebate.
Una mano dura que pide más de uno. “Demuestren que el Estado tiene la fuerza jurídica y, a todos los que no oferten nada, que boicoteen las medidas, enciérrenlos y ya. Déjense de pasar la mano y defiendan al pueblo trabajador”.
Pero otros difieren. “Las políticas de competencia son fundamentales para mejorar el funcionamiento de los mercados, lo que a su vez beneficia a los consumidores –considera otro–. Estas políticas buscan aumentar la competencia en los mercados para que los consumidores tengan más opciones y precios más bajos. Además, promueven la transparencia y la información asimétrica para que los consumidores puedan tomar decisiones bien fundamentadas”.
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