Madrid/“La guerra contra la economía de Cuba existe, pero no se dirige desde un departamento de la CIA, sino desde las oficinas de los directivos de Gaesa [Grupo de Administración Empresarial S.A.] y de su pelele presidencial, Díaz-Canel, en el Consejo de Estado. Ellos son quienes la han destruido”. Es la conclusión a la que llega la organización Cuba Siglo 21, expuesta en un informe elaborado por su vicepresidente, Emilio Morales, y publicado este lunes en los que acusa al conglomerado militar ligado a los Castro y al actual dirigente cubano de la elevada inflación que azota el país.
El dossier contiene una detallada cronología del proceso inflacionario, cuyo inicio sitúa en 2016, momento en que se crea el Banco Financiero Internacional (BFI), una entidad que es propiedad de Gaesa y maneja, calcula Morales, un 95% de las finanzas de la Isla, divisas incluidas. Ese proceso vació el Banco Central de Cuba (BCC) de cualquier control que pudiera tener sobre la política financiera, lo que complica aún más la salida de este callejón.
Morales estima que desde la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel, en 2019, la cotización del dólar se ha incrementado un 1.537,5%- CHECALO -
Morales estima que desde la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel, en 2019, la cotización del dólar se ha incrementado un 1.537,5%, aunque su cálculo está realizado sobre la base de que 24 CUP se cambiaban por un dólar en esa fecha. Esa tasa fue precisamente la que se tomó como referencia durante la Tarea Ordenamiento, pero siempre fue considerada por los economistas como completamente alejada de la realidad. Para el valor referencia de mayo de 2024 toma, en cambio, el tipo de cambio de la divisa en el mercado informal, unos 395 pesos por dólar según El Toque. Este medio independiente, denostado por las autoridades que lo acusan de inflar la tasa artificialmente, sitúa el precio del dólar este lunes en 375 CUP, tras varias jornadas de bajadas.
La depreciación que ha sufrido el peso cubano en estos años ha dejado el salario mínimo de Cuba, sigue Morales, en apenas 5,31 dólares (2.100 pesos), “sumiendo a la población en un nivel de pobreza extrema sin precedentes en la Isla”. El economista Omar Everleny Pérez calculó en marzo –cita el informe– el costo de la canasta familiar con 17 productos en cantidades mínimas y la conclusión fue que se necesitaban 19.975 pesos mensuales para poder adquirirlos, es decir, 9,5 veces el salario mínimo.
Para Morales, son muchas las razones que han llevado a esta situación, pero sitúa como fundamental “el control corrupto que ha tenido Gaesa –una corporación por encima de toda auditoría– sobre las finanzas del país en los últimos ocho años”, así como la ineficiencia de un Gobierno supeditado al complejo militar e incapaz de implementar “un programa coherente que transforme verdaderamente el modelo económico y saque al país de la crisis multisistémica en la que se encuentra empantanado”.
El informe sostiene que hay datos y hechos que llevan a situar en unos 24.000 millones de dólares el dinero destinado por la corporación a la “construcción desmedida e injustificada de nuevos hoteles”. La supeditación del Gobierno a los intereses de Gaesa, centrados en la construcción –que se come en torno al 30% de la inversión pública anual–, frente a los de la nación han facilitado, señala el texto, el desmoronamiento de las grandes industrias cubanas, empezando por la azucarera y la alimentación, en primer lugar, pero también los sectores de tipo sociales, tradicionalmente mimados por la Revolución, como la educación y la salud; o suministros básicos para la población, como la energía y el transporte.
Morales sitúa como fundamental “el control corrupto que ha tenido Gaesa –una corporación por encima de toda auditoría– sobre las finanzas del país en los últimos ocho años”
El impago de la deuda es también fundamental para Morales, que la sitúa en 46.000 millones de dólares –aunque el Estado reconoce solo 20.000 millones– y no tiene buenas perspectivas, ya que los créditos le son casi inaccesibles incluso entre socios que se han mostrado dispuestos a colaborar, pero solo hasta cierto punto (concretamente cita a Rusia y China).
La Tarea Ordenamiento es un punto de inflexión en la cronología. Morales, como tantos expertos, considera completamente inoportuno el momento en que se decidió aplicar este cúmulo de reformas para la reunificación monetaria que fueron diseñadas durante más de una década y han fracasado estrepitosamente. Su entrada en vigor “sin implementar una verdadera reforma de liberación de las fuerzas productivas fue un demoledor error estratégico”, dice el informe, que agrega el contexto en que se produjo.
A inicios de 2021, en plena pandemia, con el turismo hundido y las remesas en idéntica situación –de 3.176 millones en 2019 se ha pasado a 1.972 en 2023, también por la ola migratoria– por las medidas aprobadas en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, el momento elegido era posiblemente el peor. Los envíos de dinero en efectivo habían caído un 36,8%, las mercancías un 78,6% y las llegadas de viajeros internacionales un 76%, por ilustrar el panorama.
Los envíos de dinero en efectivo habían caído un 36,8%, las mercancías un 78,6% y las llegadas de viajeros internacionales un 76%, por ilustrar el panorama
Aunque el fin de este plan era eliminar la dualidad monetaria “resultó ser una medida multiplicadora en la cantidad de monedas controlando la economía del país: el dólar, el euro, el MLC y el peso cubano”, acompañada de una subida ficticia de los salarios para afrontar los nuevos precios.
La puntilla ha sido “el tiro de gracia al cuentapropismo” y la llegada de las mipymes, nacidas para “capitalizar el tejido económico del país en pequeñas y medianas empresas controladas por la oligarquía que hoy detenta el poder en el país” y que se han convertido –dice el texto– en un “voraz ejército de acaparar pesos, para poder comprar los dólares en el mercado negro que necesitan para adquirir las mercancías en el exterior”. La bancarización, impulsada por el Gobierno en agosto de 2023 para controlar el efectivo, tampoco ha podido hacer nada contra ese “circuito financiero (en el que se incluyen los privados y la población general) que funciona de forma paralela al del Estado, y es el que en la práctica controla la compraventa de divisas”.
Morales se lanza con un paquete de soluciones imposibles que pasan por que el BCC tome el control del BFI y fiscalice la actividad de Gaesa, mientras el Gobierno introduce una “transformación del modelo económico que contemple una verdadera apertura hacia una economía de mercado con la liberación incondicional de las fuerzas productivas”.
Que se permita la inversión de los exiliados sin limitaciones y condicionantes, que se pague o renegocie la deuda, y que se devuelvan las libertades políticas a la sociedad –esto último imprescindible para el retorno o retención de la población– son el resto de tareas que, a juicio de Morales, están pendientes para el Gobierno. Zanja el dossier con esta sentencia: “Si a alguien le parece que son muchas las recomendaciones del autor, la culpa es de quienes permitieron que se acumularan los problemas”.
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