Panamá/(EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli afrontará un histórico juicio oral y público por la supuesta interceptación ilegal de las telecomunicaciones a decenas de políticos, empresarios, periodistas y activistas durante su mandato (2009-2014), según decidió este lunes un juez del Supremo.
El juez de Garantías, Jerónimo Mejía, emitió este lunes el auto de apertura a juicio por los cuatro delitos imputados por el fiscal, Harry Díaz, que suman 21 años de prisión, y estableció el 11 de diciembre próximo como la fecha posible de inicio del juicio oral y público.
Mejía enumeró cada uno de los cuatro delitos que le imputó la fiscalía a Martinelli: interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial (4 años de prisión), seguimiento y vigilancia sin autorización judicial (4 años), peculado por sustracción (10 años) y peculado de uso (3 años de cárcel).
- CHECALO -
Los cuatro delitos imputados por el fiscal, Harry Díaz, suman 21 años de prisión, y se estableció el 11 de diciembre próximo como la fecha posible de inicio del juicio
«No hay justicia en Panamá», gritó el exgobernante, de 66 años, cuando era conducido fuera de la sala de audiencias en la sede de la Corte Suprema en un receso de la audiencia de fase intermedia o acusación, que comenzó en junio pasado y finalizó este lunes.
Visiblemente afectado, Martinelli, quien permanece detenido de manera provisional en una cárcel de mínima seguridad, volvió a denunciar que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, ha manipulado el caso contra él, un extremo que actual mandatario siempre ha negado.
El jefe del equipo de defensa, Carlos Carrillo, anunció que presentarán recursos contra varias decisiones de Mejía, entre ellas denegar algunas de la pruebas presentadas a favor del expresidente.
El juez de Garantías volvió a defender la competencia del Supremo para juzgar al exjefe del Estado, frente a la pretensión de la defensa de que debe ser un tribunal ordinario porque Martinelli renunció al cargo de diputado regional.
La ley panameña establece que los diputados solo pueden ser procesados por el Supremo, y Martinelli renunció a ese cargo en junio pasado poco después de llegar a Panamá extraditado por Estados Unidos
La ley panameña establece que los diputados solo pueden ser procesados por el Supremo, y Martinelli renunció a ese cargo en junio pasado poco después de llegar a Panamá extraditado por Estados Unidos.
El juez insistió en que la competencia del Supremo quedó fijada con la acusación presentada por la fiscalía contra Martinelli en octubre de 2015, cuando era indiscutiblemente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ya había huido de Panamá aduciendo persecución política.
El juez de Garantías explicó que sería un despropósito que la mayoría de los nueve magistrados fallaran a favor de declinar la competencia del Supremo, como pide la defensa en un recurso de amparo pendiente de resolución.
Semanas atrás se filtró a la prensa un proyecto de fallo del ponente del recurso, el magistrado Oydén Ortega, que propone que se decline la competencia en una corte ordinaria.
El constitucionalista panameño Ernesto Cedeño comentó este lunes a Efe que lo decretado este lunes por Mejía «está sujeto a un fallo de la Corte en materia de un amparo de garantías».
El amparo sobre la competencia del Supremo es parte de las «maniobras que se han utilizado» los defensores del expresidente «para retrasar el caso»
Por su parte, el abogado y analista político Ebrahim Asvat dijo a Efe que el dictamen de juicio oral a Martinelli era lo que le correspondía hacer al juez de Garantías, y lo dio por «un hecho».
El amparo sobre la competencia del Supremo es parte de las «maniobras que se han utilizado» los defensores del expresidente «para retrasar el caso», argumentó Asvat.
Martinelli será el primer expresidente panameño de la etapa democrática que afrontará un juicio por un caso de espionaje político.
Está detenido en la cárcel El Renacer, a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo preso un año tras la petición de extradición por la causa de las escuchas.
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