Madrid/En la comunidad de cubanos que entraron a Estados Unidos antes del establecimiento del parole humanitario ha generado mucha expectación la carta que Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade (Florida), envió hace tres días al secretario de Seguridad Nacional en Washington, Alejandro Mayorkas.
En ella, Levine Cava pide medidas «retroactivas» para aquellas «decenas de miles» de migrantes de la Isla que entraron a territorio estadounidense con el formulario I-220A (conocido como libertad bajo palabra), para que tengan las mismas condiciones que los que entraron con el permiso humanitario establecido para cubanos, haitianos y nicaragüenses a principios de año y que funcionaba desde antes para venezolanos.
«Por desgracia, muchos cubanos que han llegado recientemente a nuestra comunidad no corrieron la misma suerte que los que vinieron antes y ahora se ven obligados a vivir en un limbo, sin permiso para quedarse aquí y sin opciones reales que volver a un régimen opresivo en Cuba, donde sus vidas y sus medios de subsistencia están en riesgo», refirió la alcaldesa en la misiva.
- CHECALO -
Esa inestabilidad «está perjudicando a las familias de nuestra comunidad, creando un obstáculo para una economía próspera y poniendo a prueba nuestra red de seguridad de servicios sociales»
Todos los que tienen el formulario I-220A, dice también, han presentado solicitudes de asilo, pero debido a los dilatados tiempos de la Administración, «tendrán que esperar años, si no décadas, hasta que se resuelva su situación». Esa inestabilidad, arguye, «está perjudicando a las familias de nuestra comunidad, creando un obstáculo para una economía próspera y poniendo a prueba nuestra red de seguridad de servicios sociales».
Algunos cubanos exiliados en Florida, como Félix Llerena o Saily González Velázquez agradecieron a la alcaldesa por su gesto. En el caso de Llerena, destacó que la de Levine Cava fue una «pronta respuesta a una de las inquietudes» expresadas en una reunión con la alcaldesa de uno de los condados con mayor representación de nacionales de la Isla.
Más de 200.000 cubanos con formulario I-220A están, mientras tanto, pendientes de su suerte, y la decisión de varios tribunales estadounidenses no tranquilizan. El pasado septiembre, la Junta Superior de Apelaciones de Inmigración de EE UU rechazó la posibilidad de que los que entraron con «libertad bajo palabra» puedan recurrir a la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia al cumplirse un año y un día de permanencia en el país, y sería obligatorio para ellos tramitar el asilo político en un juzgado de manera ordinaria.
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