La Habana/Un grupo de 18 cubanos, que viajaban en un ómnibus junto con otros 34 migrantes de Ecuador, República Dominicana y Nepal, se encuentran en un refugio del Centro de Atención Migratoria para Extranjeros (Camiex) de Guatemala en tanto se define su situación migratoria. Estas personas, entre las hay cuatro menores de edad, reciben “asistencia médica y apoyo psicosocial”, según un comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración.
Los cubanos deben contar con una visa consultada para transitar por Guatemala. Los migrantes de la Isla detenidos pueden tramitar el documento en las instalaciones a las que fueron llevados para continuar con su travesía hacia Estados Unidos.
Guatemala, que actualmente se encuentra en el proceso de implementación de una nueva política migratoria, somete a revisión la identidad de todos los migrantes que ingresan al país de manera ilegal y que son interceptados. Los protocolos de seguridad también incluyen a los extranjeros que entran de manera legal vía aérea, terrestre o marítima. La revisión determina si se autoriza la entrada al territorio guatemalteco.
La inadmisión, según Migración, se determina por la “falta de visa, presentar una visa falsa, contar con antecedentes de abuso sexual infantil, además de que el pasaporte sea de dudosa procedencia”. Este viernes se impidió el ingreso a dos ciudadanos de Sudán que presentaron “visas falsas” en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El pasado martes un estadounidense fue inadmitido por tener antecedentes de abuso sexual.
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La nueva política migratoria también endureció la pena para los coyotes. Se reformaron los artículos 103, 107 bis y 108 de la Ley de Migración, que establecen penas de entre 10 a 30 años de cárcel para quienes transporten a migrantes y multas que van de los 12.817 dólares a los 25.634 dólares.
Se exponen a esas penas Luis, 23 años, Yermis (18) y José (25), los guatemaltecos que detuvo la Policía como los responsables del traslado de los 52 migrantes irregulares detenidos en Santa Rosa.
Con la puesta en marcha de la nueva política migratoria el Gobierno de Guatemala busca erradicar también las denuncias de corrupción contra la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación reconoció en diciembre pasado los “abusos y extorsiones” que cometen los oficiales en la frontera. “Las investigaciones continúan para encontrar más responsables”, dijo el portavoz del ministerio, Jorge Aguilar.
Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), subrayó en entrevista para el diario Prensa Libre que parte de los delitos se daban en las instalaciones de Migración, donde las personas deben pagar cuotas de los 20 a los 100 dólares para poder transitar por Guatemala.
El tránsito de migrantes por Guatemala es un negocio, insistió la investigadora al mismo diario. Contó que los taxistas en Esquipulas, cerca de la frontera con Honduras, se aprovechan de la gente y ofrecen traslados por 20 o 30 dólares a la estación de ómnibus, asegurando que está a varios kilómetros de distancia, cuando “a pie no son ni 15 minutos”.
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