San José, 5 mar (EFE).- El Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua ha expulsado a 263 nicaragüenses y a 21 extranjeros sin el debido proceso legal desde 2022, denunció este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano.
El grupo de expertos indicó en un informe, presentado en Costa Rica, que ha documentado 263 expulsiones de nicaragüenses y 21 expulsiones de extranjeros sin el debido proceso legal desde 2022, llevadas a cabo tanto individual como colectivamente.
«Estas personas fueron llevadas a la frontera o expulsadas por vía aérea directamente por las autoridades nicaragüenses», precisó.
El informe señala que, el 9 de febrero de 2023, 222 personas privadas de libertad por motivos políticos fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos en virtud de una orden de deportación expedida por el Tribunal de Apelaciones de Managua, la cual, además, los declaró traidores a la patria y los inhabilitó de forma absoluta para ejercer cargos públicos.
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El perfil de las víctimas expulsadas en febrero de 2023 es heterogéneo e incluye exaspirantes a candidatos presidenciales, defensores de los derechos humanos, abogados, miembros de la Iglesia católica, del movimiento campesino, estudiantes, docentes, periodistas, escritores, empresarios, exmiembros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y personas que ejercieron su derecho a la protestas y/o a la libertad de expresión.
«Sin embargo, todas ellas tienen el común denominador de ser personas opositoras, o percibidas como tales, por representar para la administración del presidente Ortega y la vicepresidenta (Rosario) Murillo una amenaza al control del Estado», valoró el informe.
Además de la expulsión de las 222 personas excarceladas en febrero de 2023, el grupo de expertos ha identificado 6 casos de expulsión entre marzo de 2023 y febrero de 2024, que afectaron a 40 nicaragüenses (3 mujeres, 34 hombres y 3 niños).
«En un caso se trató de una familia completa; en otros dos se trató de expulsiones colectivas de miembros de la Iglesia católica», detalló.
También incluyen los 19 miembros de la Iglesia católica, entre ellos los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, que fueron excarcelados y expulsados hacia el Vaticano el 13 de enero de 2024.
Tanto en los casos de expulsiones colectivas como en los individuales, las víctimas fueron obligadas a subir a un avión hacia otro país o a cruzar la frontera terrestre, de acuerdo con el informe, que asegura que en ningún caso las víctimas pudieron interponer recursos en contra de la decisión de ser expulsadas.
De igual forma, el grupo de expertos ha documentado 21 casos de expulsiones arbitrarias de extranjeros con residencia legal en Nicaragua, entre ellos periodistas, cooperantes, sacerdotes y miembros de comunidades religiosas.
Entre ellos ha identificado seis casos de expulsiones colectivas, cuatro de las cuales ocurrieron en el primer semestre de 2023, todas de integrantes de comunidades religiosas.
El informe detalla que las víctimas nunca pudieron someter su caso a revisión ante una autoridad competente.
En virtud de los testimonios recabados y de la documentación analizada, el grupo dijo tener motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicaragua ha violado de forma sistemática y con intención discriminatoria, el derecho de sus nacionales a la libertad de circulación y de escoger su residencia, consagrado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También estima que el Gobierno afectó de igual forma el derecho de los extranjeros que se hallaban legalmente en su territorio a no ser expulsados sin base legal y sin debido proceso, consagrado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, la uruguaya Ariela Peralta y la colombiana Ángela Buitrago, ha denunciado en sus dos informes que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población del país por motivos políticos.
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