El nicaragüense Félix Maradiaga se presentó en 2021 como uno de los candidatos de la oposición que aspiraba a desbancar al presidente Daniel Ortega. Poco después de su anuncio, fue detenido, y desde su «destierro» actual en Estados Unidos apela a la unidad y la «resistencia» frente a un régimen que «no tiene límites» en su escalada represiva.
El Gobierno de Nicaragua expulsó hace un año a más de 200 presos políticos a los que incluso retiró la nacionalidad, en calidad de ‘traidores’ a la patria. Maradiaga, que había sido condenado a 13 años de cárcel por sus supuestas actividades contra el Estado, formaba parte de este grupo y, doce meses después, admite en una entrevista a Europa Press que ha sido una «experiencia agridulce».
Por una parte, se reencontró con su familia –«llevaba casi cuatro años sin ver a mi hija»–, pero por otra se vio de nuevo reviviendo lo «traumático» de un «exilio» que ya había sufrido en la década de los ochenta del siglo pasado, ahora como un «apátrida».
Sin embargo, cree que en toda adversidad hay que «buscar propósito». «Lo que hizo fue fortalecer aún más mi compromiso con Nicaragua», explica el opositor, que ha recuperado su Fundación para la Libertad de Nicaragua y mantiene su activismo para pedir la mejora de libertades y derechos en el país centroamericano y que la comunidad internacional se movilice en múltiples frentes.
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El grupo del que formaba parte Maradiaga fue el primero dentro de una batería de expulsiones masivas que las autoridades nicaragüenses aplicaron sobre más de 300 personas. De hecho, este mismo año accedieron a excarcelar al obispo Rolando Álvarez, símbolo de esta represión, y a otros sacerdotes a cambio de su traslado al Vaticano.
APÁTRIDA «POR CONCIENCIA»
Varios países, entre ellos España, ofrecieron la nacionalidad a los apátridas –fuentes diplomáticas españolas confirman la recepción de más de un centenar de solicitudes en este último año–, pero Maradiaga, «por razones de conciencia», ha decidido no aceptar ninguno de estos gestos.
Agradece la «generosa» oferta de España y, desde Estados Unidos, donde reside con un permiso temporal, admite que a efectos legales vive en una situación «sumamente compleja», pero cree que su decisión, «muy dura», es también una manera «de alertar a la comunidad internacional de que el derecho a la nacionalidad es justo y básico».
Alerta de que Ortega utiliza «cada vez más herramientas arbitrarias» contra la disidencia, en una «lucha asimétrica» que se ha recrudecido desde 2018, fruto de unas inéditas movilizaciones sociales y políticas frente a un Gobierno que, en palabras de Maradiaga, no tiene a día de hoy «ninguna legitimidad».
No descarta que de hecho siga «radicalizándose», consolidando «una especie de Corea del Norte tropicalizada». El político opositor señala que el régimen que comandan Ortega y su esposa, Rosario Murillo, «está avanzando a pasos muy acelerados hacia un modelo de partido único» y, por ahora, «no tiene límites».
Estos límites dependerán «de la capacidad de resistencia misma de los nicaragüenses» y de «la atención que la comunidad internacional preste» al país centroamericano, «dos factores que van de la mano» a juicio de Maradiaga.
En este sentido, ve «inaceptable» que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueda avalar las políticas económicas de Ortega, ya que le permite seguir accediendo a dinero para «mantener su maquinaria represiva», o que se autorice la explotación de yacimientos minerales. Maradiaga, de hecho, equipara el oro nicaragüense a los «diamantes de sangre».
En el contexto de América Latina, percibe «indolencia», criticando que por ejemplo que Nicaragua se mantenga en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) pese a haber roto lazos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
EL DIÁLOGO NO PUEDE SER UNA «BURLA»
Maradiaga ha asegurado que, como «demócrata», siempre está dispuesto a buscar «soluciones pacíficas» para solventar la crisis política en Nicaragua, pero descarta sumarse a «una réplica de la burla que ha habido en el pasado», asumiendo que ahora mismo no se dan las condiciones para dialogar.
«Para que haya un diálogo, tendría que haber condiciones. Y la precondición básica es que se nos permita regresar a Nicaragua y organizar nuestro derecho a movilizarnos libremente por el país», agrega, incidiendo en que en Nicaragua «la gente puede ir a la cárcel incluso por ir a una festividad religiosa en pública».
Considera incluso que «la situación (política) de Venezuela está más abierta que la de Nicaragua» y ve «imposible» que pueda recurrirse por ahora a una fórmula de unidad como la que busca la oposición para las elecciones presidenciales venezolanas previstas para este año.
Maradiaga incide en que eso fue precisamente lo que intentaron hacer él y otros precandidatos en 2021, pero fueron detenidos antes siquiera de que se celebraran las primarias. Fruto de los comicios celebrados entonces, sin presencia de la oposición y cuestionados desde bloques como la Unión Europea, Ortega obtuvo un nuevo mandato de cinco años, por lo que las próximas elecciones en principio no están previstas hasta 2026.
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