Liberadas 6.071 personas por la amnistía, dice el chavismo

Caracas/La Justicia de Venezuela ha concedido a 6.071 personas la libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero para los casos de presos políticos, según dijo este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, indicó que el sistema de justicia venezolano ha recibido 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales han sido otorgadas 6.071.

La amnistía ha beneficiado a 245 personas «privadas de libertad» y a 5.826 que tenían medidas cautelares. La mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional denunció fraude.

«Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerde los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía», señaló Arreaza.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un «primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola»

Igualmente, sostuvo que habrá una «depuración» de la lista total de solicitudes, porque hay casos repetidos.

El diputado chavista añadió que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior, pero apuntó que hay personas que se han comunicado con diputados opositores y oficialistas sobre su voluntad para hacer el procedimiento.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un «primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola».

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Creó también una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en la ley, una función que cumplirá igualmente el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de ese mes.

Foro Penal cifró el jueves pasado en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía, y el jueves pasado cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.

Por otra parte, familiares de presos políticos venezolanos han denunciado supuestos cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía aprobada el pasado mes por el Parlamento nacional.

«Los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo a nuestras familiares resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena», dijo en una nota de prensa el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

El comité, constituido por detenidos en el marco de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024, señaló que las familias no cuentan con recursos para «cubrir cobros ilegales» y recordó que muchos de sus integrantes tuvieron que hacer grandes esfuerzos para costear los traslados hacia las cárceles en las que se encontraban sus parientes detenidos, la mayoría alejados de sus estados de residencia.

«La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados», añadió.

Por ello, las madres instaron a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano que promueve el diálogo político, a que «constaten» su denuncia y exijan a las autoridades judiciales cumplir con su obligación sin solicitar un «pago arbitrario».

Los familiares también destacaron, no obstante, que el proceso de amnistía «se ha dado con mucha celeridad» y que durante su visita a tribunales muchos se han encontrado con la «grata noticia» de que el trámite ya había sido solicitado por las autoridades, entre ellos la Fiscalía y defensores públicos.