Madrid/Un informe publicado el mes pasado por la organización Prisoners Defenders desató una tormenta inesperada en la vitrina más preciada del régimen cubano: el tabaco. El documento aseguraba que, desde hace más de un año, centenares de presos han sido incorporados como mano de obra en la elaboración de puros. Lo que parecía una denuncia difícil de comprobar recibió un espaldarazo inesperado cuando la propia Habanos S.A., la empresa mixta (la estatal Cubatabaco y la española Altadis, con 50% cada una) encargada de la comercialización internacional, confirmó a halfwheel –un portal especializado en esa industria– la existencia de estos programas en las cárceles de la Isla.
En un comunicado enviado a la prensa, Habanos S.A. trasladó las palabras de Tabacuba: “El objetivo principal de este plan es brindar capacitación profesional a este grupo de reclusos, facilitando su futura inserción laboral”. Según la declaración, se trata de programas “voluntarios”, con incentivos y beneficios penitenciarios, en instalaciones que disponen de los mismos recursos y estándares de calidad que cualquier fábrica de tabacos en la Isla.
La versión oficial recalca que la producción en estos centros es “simbólica” y que el propósito esencial es la enseñanza de un oficio artesanal que forma parte de la tradición cubana.
- CHECALO -
El informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, apunta directamente a la prisión de Quivicán, en el occidente del país, como uno de los epicentros de esta práctica. Allí trabajan al menos 40 reclusos y dos instructores civiles. La ONG también menciona otras cárceles en Artemisa, Santiago de Cuba, Villa Clara, Bayamo, La Habana y Mayarí que participan en la producción.
Es un golpe a la narrativa oficial que ha presentado siempre la torcedura como un arte transmitido de generación en generación
El cálculo final es que entre 400 y 500 presos estarían hoy vinculados a la elaboración de tabaco, apenas reciben 3.000 pesos y deben laborar hasta 14 horas diarias durante seis días a la semana.
La confirmación del uso de prisioneros en la cadena productiva ha alimentado el debate sobre la transparencia de la industria de los puros en Cuba, un sector que reporta anualmente cientos de millones de dólares al Gobierno. El tabaco es, junto con el ron y el turismo, uno de los pilares de la imagen de la Isla en el exterior. Que detrás de algunos de esos puros pueda haber manos de reclusos mal pagados es un golpe a la narrativa oficial que ha presentado siempre la torcedura como un arte transmitido de generación en generación.
Prisoners Defenders ha presentado el informe ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el documento se describen también castigos físicos contra reclusos sorprendidos con restos de tabaco fuera de la zona de trabajo y se insiste en que las condiciones de explotación vulneran las normas internacionales.
El caso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Cuba sigue ocupando un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de reiteradas denuncias sobre represión política, detenciones arbitrarias y condiciones penitenciarias.
Con cada cigarro vendido en las casas de habanos de Madrid, París o Tokio, la pregunta queda flotando: ¿fue torcido en El Laguito por un maestro tabaquero o en una celda de Quivicán por un preso sin derechos?
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