La Habana/El verano siempre ha sido la estación del año más temida por las autoridades cubanas. A las altas temperaturas, que en la Isla arrancan desde la primavera, se le suman los impopulares cortes eléctricos y las vacaciones escolares que tensan la vida doméstica. Este año la situación es especialmente complicada debido a la fragilidad del sistema energético nacional y a la falta de combustible que han extendido los apagones a más de 15 horas diarias en muchas zonas del país. Julio y agosto se acercan y el enojo social crece.
En los últimos días se han reportado protestas callejeras en Bayamo, Granma y Santiago de Cuba. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales se escucha a decenas de personas gritar un reclamo directo: «Queremos corriente, queremos comida». Sumidos en la oscuridad, algunos golpeando sus cazuelas y otros solo con sus gargantas, los manifestantes son apenas la avanzadilla de un estallido popular que algunos sienten a la vuelta de la esquina. Esa percepción de que la gente va a lanzarse a las calles aparece cada verano, pero este es diferente. Muchas familias sienten que ya no tienen nada que perder porque han tocado fondo.
«No piden libertad», criticaban muchos internautas, la mayoría cubanos residentes en el extranjero, al ver las filmaciones de las protestas. Aunque la exigencia de que el apagón termine y que a las bodegas del mercado racionado llegue algo de comida parecen muy básicas vistas desde fuera, al interior del país adquieren un profundo carácter político. En una nación donde todas las termoeléctricas, la importación petrolera y el servicio eléctrico que llega a cada casa están en manos de un Estado que monopoliza el sector energético, exigir el restablecimiento de la corriente resulta una gran osadía.
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Ese mismo entramado estatal es el que gestiona el suministro a los locales del racionamiento, se ocupa de la compra en el mercado internacional de los productos que se distribuyen por la canasta básica y está al frente de la mayoría de las decisiones económicas que redundan en tener más o menos divisas para adquirir desde arroz hasta huevos. Cualquier demanda pública en voz alta para mejorar los servicios y la cantidad de alimentos que llegan a los hogares es tomada por el régimen como un desafío. Un gobierno que no tolera la menor crítica ve en esas peticiones un gesto de rebeldía que no puede permitir.
En la medida en que los termómetros suben y la oscuridad de los cortes eléctricos se extiende por la geografía cubana, el entramado policial se prepara para enfrentar las protestas veraniegas. El recuerdo de la explosión social del 11 de julio de 2021 está muy fresco aún en la memoria del oficialismo y en las instituciones estatales ya se ha advertido a sus trabajadores de que deben salir a las calles a «defender la Revolución». Se trata del mismo guion represivo desplegado por estas fechas cada año y marcado en esta ocasión por un mayor nerviosismo de la policía política ante un posible escenario de revueltas populares.
De un lado, se posicionan los militares, los policías y una engrasada maquinaria de propaganda que presenta a los inconformes como enemigos, del otro la gente desesperada y hambrienta azuzada por ese «general verano» que cabalga a lomo del calor y el desespero.
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Nota de la Redacción: Este texto se publicó originalmente en Deutsche Welle en español.
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