Madrid/Este viernes, dos días después de que la jueza federal Indira Talwani bloquera temporalmente, por segunda vez, la cancelación del programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) pretendida por Donald Trump, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón al Gobierno.
La máxima corte aceptó la petición la Administración de Donald Trump de revisar de manera urgente la primera paralización de la magistrada, con fecha del 15 de abril, y falló a favor de retirar el estatus de protección temporal, concedido durante el mandato de Joe Biden, a 532.000 personas migrantes procedentes de esos países.
En aquella ocasión, Talwani aceptó la demanda de un grupo de afectados por la medida y dictaminó que el Gobierno no podía poner fin de manera abrupta a los mecanismos de protección. La decisión quedaba «a la espera de una nueva orden judicial», que ha llegado este viernes del Tribunal Supremo.
- CHECALO -
El fallo ha sido tomado por mayoría, aunque obtuvo las opiniones discrepantes de dos juezas, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, que lamentaron que se cause «un daño irreparable» a todos los admitidos bajo el programa.
El fallo ha sido tomado por mayoría, aunque obtuvo las opiniones discrepantes de dos juezas, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson
La decisión «subestima las consecuencias devastadoras de permitir al Gobierno desbaratar precipitadamente la vida y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamaciones legales están pendientes», escribió Jackson en su voto discrepante.
Los programas de parole humanitario comenzaron bajo el Gobierno de Biden para afganos y ucranianos con el fin de dar una salida legal a los refugiados que habían colaborado con el Gobierno estadounidense durante la guerra y despliegue en Afganistán (2001-2021) y quienes huyeron de la invasión de Vladímir Putin a Ucrania, en el caso de los segundos. En 2023, la Administración adaptó estos planes para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que llegaban de manera ilegal y peligrosa a EE UU huyendo de la miseria y autoritarismo de sus países.
A través de estos programas, más de 875.000 personas se instalaron en EE UU con el apoyo de los denominados patrocinadores, que respondían económicamente por ellos. No obstante, también fueron pasto de irregularidades y fraudes, como lo determinó una investigación que obligó a pausarlos por al menos dos meses en 2024. Estos hechos alimentaron entre los republicanos el discurso de que eran inviables y se debían suprimir, en vez de someterlos a mejores controles.
A través de estos programas, más de 875.000 personas se instalaron en EE UU con el apoyo de los denominados patrocinadores, que respondían económicamente por ellos
Tras ganar las elecciones, Trump ha estado poniendo fin a este programa así como al CBP One –de solicitud a través de una aplicación de cita migratoria en frontera–, a la vez que implementando medidas para las deportaciones de quienes los usaron para emigrar. La Justicia, sin embargo, ha quitado la razón en varias ocasiones al Gobierno, por considerar que no hay argumentos para considerar que los permisos atenten contra el interés nacional y público, aunque la Administración no ceja en su empeño y seguirá apelando.
No ha ocurrido lo mismo con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, que ha sido revocado con el aval del Tribunal Supremo.
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