Rosario Murillo celebra que sus opositores anden «errantes por el mundo, jamás volverán» a Nicaragua

Managua/La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró este martes que los nicaragüenses que se oponen y crítican al Gobierno encabezado por su marido, el copresidente Daniel Ortega, y han sido expulsados o les han prohibido el ingreso al país, o han huído alegando motivos de seguridad, anden «errantes por el mundo».

«Y ahí andan errantes, errantes por el mundo, porque es eso lo que merecen», enfatizó Murillo a través de medios oficiales en Managua. «No tienen patria, no tienen carácter, no tienen cariño, no conocen el amor», agregó la esposa de Ortega, que desde la semana pasada ha lanzado una serie de epítetos contra los nicaragüenses que se manifestaron contra su Gobierno en abril de 2018. «Esa gente… jamás volverá» al país, aseguró la copresidenta, un cargo reciente y creado por el régimen sandinista.

Sostuvo que su Gobierno no permitirá que vuelva el odio tal como lo entiende su Gobierno, «porque quienes practicaron el odio contra la patria bendita y contra el pueblo nicaragüense jamás podrán volver» a Nicaragua, «no pasarán, no vendrán, no pudieron, no podrán”. «Son fracasados y es lo que no soportan. ¡Cómo les duele, cómo les arde, cuando les recordamos sus fracasos, su derrota!», añadió.

Asimismo, Murillo dijo que «los que nacieron traidores, los que son indignos, los que son cobardes, los que son vándalos, lacayos, esclavos de los imperialistas de la tierra, no son nicaragüenses”. Prometió que seguirán «restregando» a sus opositores y críticos

La semana pasada, Murillo anunció «intensas celebraciones» en abril próximo, en el marco del séptimo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en 2018 y que el Ejecutivo sandinista neutralizó a la fuerza. En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega, en el poder desde 2007, tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato (cuarto consecutivo), con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».

Unos 300 nicaragüenses están en el limbo migratorio tras el destierro decretado por el sandinismo

Según Confidencial, unos 300 nicaragüenses están en el limbo migratorio tras el destierro decretado por el sandinismo, de acuerdo con un monitoreo independiente concluido este febrero del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU. En el grupo hay «creadores de contenido, empresarios, familiares de presos políticos, sacerdotes, activistas, e incluso ciudadanos sin ningún vínculo político», asegura el medio.

El GHREN explicó que las aerolíneas y empresas de autobuses que operan en Nicaragua envían a la Dirección General de Migración y Extranjería del régimen sus listas de pasajeros. De este modo, y cotejando estos listados con los que elabora la policía política nicaragüense las autoridades pueden vetar la entrada o la salida de opositores al país. La entidad reveló la «cadena de mando» para ejecutar este proceso, a cargo del cual están las principales organizaciones policiales de Ortega.

Estas autoridades pueden negar el ingreso o decretar expulsiones, sobre las cuales tienen la última palabra el Ministerio del Interior y la propia Murillo. Como ocurre en Cuba, pero en mayor escala, Nicaragua expulsa a opositores a cambio de no ir a la cárcel y a otros les prohíbe su regreso al país.

La represión migratoria del régimen también incluye la negación a quienes soliciten renovar o sacar un pasaporte. Según el informe, el pasado enero 45 personas fueron desterradas de facto, entre ellos un número notable de empresarios privados.