Más de un millón de personas, entre ellas 300.000 cubanos, solicitan la nacionalidad española

Madrid/Unos 300.000 cubanos están tramitando actualmente la solicitud de la nacionalidad española a partir de la Ley de Memoria Democrática, cuyo plazo de presentación concluye el próximo 21 de octubre. El número lo ha dado a conocer este jueves Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), en declaraciones al diario regional La Voz de Galicia. 

La asociación ha explicado que, de acuerdo con sus datos actuales, hay 200.000 pasaportes entregados ya a descendientes de quienes se vieron forzados al exilio por motivos políticos durante el franquismo, aunque no dispone de cifras desagregadas por nacionalidad de origen.

A estos hay que añadir más de un millón de personas que están en el proceso. Los 300.000 de Cuba palidecen al lado de los más de al lado de los 790.000 argentinos que suman repartidos entre los consulados de Buenos Aires, Mendoza y Rosario. 

“Las cifras que se están moviendo son impresionantes, y al final del proceso tendremos entre millón y medio y dos millones de nuevos españoles”, dice De Hoz al medio gallego. “Es una ley muy generosa, equiparable a la de Portugal e incluso más amplia que la de Italia”, agregó”.

“Las cifras que se están moviendo son impresionantes, y al final del proceso tendremos entre millón y medio y dos millones de nuevos españoles”

La norma, recuerda el activista “da derecho a obtener la nacionalidad a todos los nietos de los emigrados, absolutamente a todos y, además, a los hijos de estos también, como después podrán seguir haciendo sus descendientes, siempre y cuando ratifiquen al cumplir los 18 años querer mantener la condición española heredada de alguno de sus padres”.

De la Hoz indica que los cubanos, segunda nacionalidad en número de solicitudes –México, Venezuela o Francia están también entre los países con más peticiones– han tenido una dificultad extra, ya que el país no está adherido al convenio de La Haya. 

En Cuba se añade la dificultad de no estar adherido al convenio de la Apostilla de La Haya. A través de este mecanismo se simplifica el trámite de validación de documentos oficiales para el derecho internacional, pero requiere que el país sea firmante del acuerdo. Cuba, por tanto, tiene un timbrado propio para la documentación que se requiere, lo que implica más tiempo. De la Hoz, no obstante, es optimista ante los cambios de la digitalización de los registros y cree que aliviará los problemas de los solicitantes en la Isla. 

El portavoz de CeDEU ha aprovechado para destacar la relevancia de un buen asesoramiento a la hora de simplificar los trámites, algo que está siendo “ejemplar” en las embajadas argentinas. “Lo importante es hacer pedagogía en el tiempo que queda de plazo para que todo el mundo sepa qué pasos debe dar, en un proceso que está resultando ejemplar en consulados como el de Rosario o el de Buenos Aires a través de su encargado de registro civil y su equipo”, subraya.

Para conseguir la nacionalidad a través de esta vía hay que inscribirse como usuario en el consulado y conseguir cita para el trámite. Se requiere la partida literal de nacimiento del familiar emigrado y la documentación que acredite el exilio si se produjo a partir de 1956, algo que no se requiere para descendientes de quienes se fueron entre 1936 y 1955, que se consideran exiliados por defecto. 

También hay otros papeles necesarios –certificado de matrimonio– para descendientes de mujeres que perdieron la nacionalidad española al casarse con un extranjero antes de aprobarse la Constitución (1978). En el caso –muy frecuente en Cuba– de los hijos de quienes consiguieron la nacionalidad con la ‘Ley de Nietos’ de 2007, se exige la certificación de ese hecho.

Se requiere la partida literal de nacimiento del familiar emigrado y la documentación que acredite el exilio si se produjo a partir de 1956

CeDEU es una de las asociaciones que promovió activamente una reforma de la Ley de Memoria Histórica –conocida en Cuba como Ley de Nietos– para cubrir a otros afectados que habían quedado fuera de aquella normativa. Es el caso de los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que perdieron la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual al exiliarse durante la guerra civil o el franquismo, así como a los hijos nacidos de madres que la perdieran por una norma franquista que obligaba a la mujer a adquirir la nacionalidad del marido si era extranjero. 

De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al Consulado de España en La Habana habían llegado hasta el 31 de enero de 2024 un total de 36.117 solicitudes de nacionalidad, de las cuales 24.087 habían sido aprobadas, frente a 358 peticiones denegadas.