El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cerrado agencias de vigilancia interna, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo de Kristi Noem, que abogaban por los inmigrantes, incluida la asistencia legal para los menores indocumentados.
Este anuncio se produce apenas tres semanas después de que la administración de Trump revirtiera su primer intento de detener el programa.
Estos servicios esenciales son administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y están autorizados bajo la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de la Trata (TVPRA), el Acuerdo Judicial Flores y la Norma Fundamental de la ORR, los cuales regulan el tratamiento de los niños migrantes bajo custodia del propio gobierno.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que la agencia ha ordenado una “reducción de personal” para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.
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Funciones de la agencia de vigilancia interna que suspendió Trump
Las agencias se encargaban de gestionar las quejas y problemas del sistema de inmigración, como el trato de menores migrantes, las condiciones de las retenciones, las demoras en los trámites de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía, y cuyos informes eran utilizados como base para los comités de supervisión de la Cámara de Representantes y el Senado. Solo contaban con 300 empleados de los aproximadamente 260 mil trabajadores del DHS.
Según un memorando obtenido por ABC News, a las organizaciones que colectivamente reciben más de 200 millones de dólares en subvenciones federales se les dijo que el contrato fue rescindido parcialmente, poniendo fin a la financiación para la representación legal y para el reclutamiento de abogados para representar a los niños migrantes.
El único financiamiento que queda del contrato es para las presentaciones informativas que se brindan a los niños migrantes no acompañados en los centros de detención.
Actualmente, 26 mil niños migrantes reciben representación legal gracias a esta financiación.
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