¿Qué pasó con la elección judicial? Desde un amparo que detuvo al Comité de Evaluación del PJF, se tomaron decisiones, incluyendo renuncias.
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Georgina Hernández
- CHECALO -
El año 2025 llevaba apenas siete días, y ya se avizoraba el primer conflicto rumbo a la elección judicial del próximo 1 de junio. Ese día, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó que, en acatamiento de una suspensión de amparo, frenaría el proceso de selección de personas candidatas a jueces, ministros y magistrados.
El anuncio ocurrió después de que, el 20 diciembre, el juez Sergio Santamaría Chamú del Juzgado Primero de Distrito de Michoacán detuvo el procedimiento.
Esto tras conceder una suspensión definitiva en un juicio de amparo que promovió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) en contra de la legislación secundaria de la reforma judicial.
¿Cómo conformaron el Comité de Evaluación?
Desde aquel 7 de enero, las magistradas Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente, la doctora Mónica González Contró, el magistrado Wilfrido Castañón León y el doctor en Derecho, Enrique Pereda Trejo paralizaron las actividades que realizaban desde noviembre de 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la conformación del comité evaluador.
Ante esta acción, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf pidieron revocar este acuerdo. Así, seis días después, el 13 de enero, las y los integrantes de la Corte sostuvieron una sesión privada, en la que dicha petición no prosperó.
Seis ministros resolvieron no revocar la determinación del Comité de Evaluación. A los votos de las ministras sólo se sumó el del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Y, aunque en la narrativa muchas veces señalaron que estos amparos tenían el objetivo de paralizar o incluso “tumbar” la elección judicial, el doctor Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, afirmó que si el Comité no hubiera acatado la orden judicial, las y los integrantes de este órgano colegiado habrían violado el Estado de derecho:
“No, no son obstáculos, es hacer respetar en un momento determinado si el quejoso tiene la razón o no, si la autoridad está vulnerando sus derechos o no. El amparo es un juicio muy aparte de los demás juicios. Tú inicias una etapa, te sientes vulnerado de tus derechos por un ejercicio de una autoridad y tú inmediatamente vas y pones un amparo.
El juez, por trámite prácticamente, por ley, por supuesto, le dice a esa autoridad responsable ‘suspéndeme las cosas en las que se encuentren y ríndeme un informe justificado de tu actuar, de lo que estás haciendo y has hecho en torno a este caso’.
La autoridad tiene que remitir un informe justificando el por qué sí actuó y que no vulneró ningún derecho fundamental humano”.
TEPJF ordena reactivar proceso
Después de dos semanas del freno del proceso, el pasado 22 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas.
Las y los integrantes de la Sala Superior argumentaron que dicho comité evaluador no podía suspender o incumplir sus obligaciones constitucionales. Además, apuntó que ninguna autoridad podía frenar un proceso electoral.
De acuerdo con el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión fueron creados y funcionan exclusivamente para el proceso electoral judicial. Por lo tanto, no aplicaban los amparos.
Las y los integrantes del Comité de Evaluación tenían 24 horas para acatar el fallo. Sin embargo, fue el viernes 24 de enero cuando la SCJN salió a pronunciarse al respecto. Como resultado, determinó mantener inactivas las actividades del órgano colegiado.
Lo anterior, mientras resolvía quién tenía la razón sobre la reactivación o no de la selección de personas candidatas.
De esta manera, turnó el caso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto.
Además, otorgó medidas cautelares para impedir sanciones legales contra las y los integrantes del Comité de Evaluación por no acatar la resolución del Tribunal Electoral.
La magistrada presidenta Soto Fregoso argumentó que la intervención que hizo fue en materia electoral y no un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de las suspensiones emitidas por diversas autoridades jurisdiccionales no electorales.
Pese a ello, para el especialista, el Tribunal Electoral no tenía competencia para emitir dicho fallo:
“Los magistrados del Tribunal Electoral considero que no tienen facultades para interpretar y deben dejar en principio un amparo. Los miembros de un Comité no son la autoridad competente, en dado caso, tendrían que ir a tribunales, no a juzgados.
Los tribunales ya dirán si efectivamente están en un error o no, pero están protegiendo o tratando de proteger o hacer valer los derechos que consideran los quejosos que han sido vulnerados y no son derechos electorales, son derechos personales, fundamentales, humanos, laborales y no tienen que ver absolutamente con una elección electoral.
Por eso es el amparo y, por ende, yo como magistrado electoral no tengo la facultad de resolver si Georgina (que presentó la queja) tiene derecho o no a que le den su fideicomiso, prestaciones, o una permanencia vigente por una carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Mi competencia se excedió por completo”.
Comité de Evaluación: renuncias
Ante la negativa de reactivar el proceso, el lunes 27 de enero, el Tribunal Electoral aprobó que el Senado sustituyera al Comité de Evaluación del PJF. Con ello, estará encargado de presentar las listas finales de las personas candidatas de ese poder que participarán en la elección del 1 de junio:
“La mañana del 31, a partir de la lista de personas que ya fueron publicadas por el propio Poder Judicial más los que el Tribunal determinó que habían sido excluidos de manera indebida del proceso.
Como les adelantaba, el Tribunal Electoral dice que todos van a la insaculación por especialidad, los que son penal, administrativo o de competencia, así vamos a ir hasta llegar a las personas que aspiran a ser ministros y ministras de la Corte”.
Hasta la noche del lunes, los cinco integrantes del Comité de Evaluación presentaron su renuncia con carácter de inmediato e irrevocable. Mediante un comunicado, subrayaron que tras iniciar una fuerte agenda de actividades dirigida a seleccionar a los mejores perfiles, percibían inviable la tarea constitucional que les encomendaron.
De esta manera, en menos de un mes, terminó el más reciente capítulo crítico rumbo a la elección judicial.
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