Prisoners Defenders denuncia ante la ONU una oleada de “detenciones indiscriminadas” en Cuba

La Habana/Las organizaciones Prisoners Defenders (PD) y Consorcio Justicia denunciaron ante Naciones Unidas una “escandalosa escalada represiva del presente trimestre sobre manifestantes pacíficos” en toda Cuba. En un reporte publicado este viernes señalan que, entre octubre y noviembre, ha habido al menos 216 personas arrestadas en el país de forma “indiscriminada y arbitraria”.

El documento presentado ante el organismo internacional indica que la libertad de asociación, reunión y manifestación en la Isla está prohibida por un entramado legal que va desde la Constitución, el Código Penal y la Ley de Asociaciones hasta “múltiples normas legislativas” que “imposibilitan y persiguen penalmente el más mínimo de estos derechos”.

Presentada ante el Mandato de la Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, la denuncia destaca cómo la propia Constitución, lejos de garantizar libertades, “actúa como una ley en blanco (concepto jurídico que supedita una norma a otra dejando abierta la arbitrariedad), donde supedita estos presuntos derechos a normas inferiores que los proscriben, y donde no existe tribunal alguno de amparo constitucional para las normas jurídicas que, flagrantemente, contradicen los derechos fundamentales”.

Hay también una “notable ausencia de libertades para la asociación política, en una Cuba donde, por ley, sólo puede existir el Partido Comunista”

Asimismo, expone que la Ley de Asociaciones imposibilita “registrar una asociación sin dependencias del Estado”, por lo que el Gobierno “es el único que tiene facultades para crear organizaciones en el país” y las utiliza para controlar a la población mientras simulan un entorno de derechos garantizados para la sociedad civil.

Hay también una “notable ausencia de libertades para la asociación política, en una Cuba donde, por ley, sólo puede existir el Partido Comunista”, añade el texto.

Esa normativa, subraya, ha permitido reprimir cualquier intento de movilización que, a su vez, se ha disparado en los últimos meses debido a los apagones prolongados y carencias de todo tipo. 

Entre octubre y noviembre, PD registró 48 nuevos presos políticos, 34 (71%) de los cuales pertenecen a población civil, sin afiliación ni activismo político conocido. En la denuncia, la organización asegura que los procesos penales contra esas personas son “fabricados”. En la mayoría de los casos, asevera, son acusados de desorden público: 18 en Villa Clara, cinco en Santiago de Cuba, tres en Ciego de Ávila, Granma y Camagüey, y uno en Pinar del Río y Sancti Spíritus.

Prisoners Defenders señala además que actualmente hay 1.153 prisioneros políticos en el país y agrega que, desde el 11 de julio de 2021, más de 1.790 personas inocentes han sufrido la prisión política o de conciencia en la Isla.

Asimismo, indica que entre los presos políticos hay 650 con patologías médicas graves y 70 que sufren trastornos graves de la salud mental, sin acceso a tratamientos médicos y psiquiátricos adecuados.

En un comunicado, la organización dijo que las autoridades policiales usan las “detenciones cortas” como “herramienta de control e intimidación”

En el mismo sentido se pronunció este miércoles Amnistía Internacional (AI), que denunció que el régimen utiliza cuatro tácticas “para reprimir la disidencia”. En un comunicado, la organización dijo que las autoridades policiales usan las “detenciones cortas” como “herramienta de control e intimidación”.

Para la ONG, tener bajo arresto a una persona por pocas horas o días “envía un mensaje de terror a quienes disienten”. Esa práctica se ha hecho más visible en las últimas semanas, con los arrestos de disidentes como Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, o el periodista independiente Henry Constantín, quien fue liberado este jueves después de siete días encarcelado arbitrariamente.

Asimismo, AI señaló que se utilizan los cortes de internet “para silenciar las protestas”. En muchos casos, los mismos son aplicados selectivamente a activistas, que “ven su servicio de internet interrumpido varias veces durante el año”.

Otra táctica es la criminalización de los opositores que se expresan libremente. Amnistía remarcó que “son perseguidos penalmente si no desisten en su lucha por el respeto a los derechos humanos”.

Finalmente, resaltó que las personas que alzan la voz contra el Gobierno son despedidos de sus empleos, una táctica diseñada para “castigar la disidencia y forzar la conformidad”.