Veracruz, Ver.- La Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del estado de Veracruz tiene grandes expectativas respecto al nuevo gobierno estatal, liderado por Rocío Nahle García.
Cristian Rafael Gómez Zacarías, presidente de esta agrupación, destacó que la seguridad pública y la administración judicial son temas que el gobierno estatal debe priorizar para mejorar las condiciones de la población veracruzana.
Quienes ejercen la abogacía, dijo, confían en que la nueva administración implementará reformas significativas que fortalezcan el sistema judicial y mejoren la impartición de justicia en la región. Además, esperan que se promuevan políticas que garanticen la transparencia y la eficiencia en los procesos penales, así como el respeto a los derechos humanos.
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La Barra se muestra optimista ante la posibilidad de colaborar estrechamente con el gobierno para alcanzar estos objetivos y contribuir al desarrollo de un sistema penal más justo y equitativo.
“Con mujeres al frente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el feminismo que ellas representan estará encaminado de manera correcta, en apoyo a la población y a la sociedad. Eso es un verdadero feminismo”, destacó Gómez Zacarías.
En este sentido las expectativas de los abogados son altas con respecto al nuevo gobierno estatal, “ya que ella conoce de las necesidades que tenemos como ciudadanía y tenemos grandes expectativas, sabemos que ella va hacer cosas grandes”.
Gómez Zacarías dio a conocer que hasta el momento, no ha tenido acercamiento alguno con Nahle García, sin embargo, esperan que conozca las necesidades que la abogacía requiere para ejercer su trabajo.
En relación con la administración estatal que culminó recientemente, encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, la barra de abogados la calificó con un seis en el ámbito de la administración de justicia, debido a la lentitud y demora en los procesos, lamentó Gómez Zacarías.
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Lamentó profundamente que esta percepción se generalizara, afectando de manera indiscriminada a todos los profesionales del derecho.
“Esta desconfianza hacia sus procesos en la procuración de justicia no solo es injusta, sino que también socava la credibilidad y el arduo trabajo de aquellos que se dedican a defender los principios legales y éticos”, concluyó.
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