Después de un paro laboral de 85 días debido a la reforma judicial, trabajadores del Poder Judicial reanudaron sus actividades este lunes.
Víctor Raúl Ramírez / Fátima Guadarrama
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación retomaron sus actividades este lunes después de haber suspendido labores desde el pasado 19 de agosto a causa de la reforma judicial. Con ésta, cambia la forma de elección de los jueces, magistrados y ministros a votación popular.
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Mientras tanto, la ciudadanía llegó a las instalaciones de San Lázaro para iniciar trámites, presentar oficios, expedientes o darle seguimiento a sus casos.
Por su parte, la vocera del movimiento de trabajadores contra la reforma, Patricia Aguayo, rechazó que regresen derrotados y expresó su confianza en que aún pueden “echar abajo la modificación constitucional”:
“Hoy se marca el inicio de una nueva senda para el Poder Judicial de la Federación, habremos de refrendar nuestro compromiso sobre todo a sabiendas de que esta lucha jurídica aún no concluye, debemos guardar la esperanza de que esta reforma aún puede caer”.
Insistió que es necesario revisar el fondo de las controversias y juicios de amparo que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, rectificó que mantendrán la estrategia de denuncia ante organismos internacionales.
Impunidad aumentará con reforma judicial
Magistrados y jueces federales reconocieron que en México sí hay un alto índice de impunidad sobre los delitos, pero rechazaron que el principal responsable sea el Poder Judicial. Además, advirtieron que el problema se “agravará” con la reforma judicial y la “militarización” del país.
El magistrado Juan José Olvera López manifestó que “el camino que está siguiendo el gobierno federal de militarizar la justicia, no va a contribuir a combatir la impunidad”. En todo caso, dijo, lo empeoraría debido a la naturaleza formacional de los integrantes de la Guardia Nacional.
Lo anterior durante la conferencia matutina de jueces para responder al documento “Argumentario Fiesta de la Victoria Reforma Judicial”, que publicó este fin de semana el partido Morena. En éste, aseguran que “los porcentajes de impunidad en México alcanzan hasta el 95% dado sobre todo por la desconfianza que existe por el sistema de impartición de justicia”.
El magistrado Olvera explicó que la fuente principal de la impunidad es el Ministerio Público, ya que, en este sector no avanzan el 96% de los casos denunciados:
“Coincidimos, sí hay impunidad, pero dejemos claro lo siguiente: del 100% de los casos denunciados, 96% se quedan en la zona del Ministerio Público, que es el segmento de responsabilidad del Ejecutivo Federal.
Allí donde confluyen policías, peritos y ministerios públicos. En este segmento del proceso se quedan 96 de cada 100 asuntos. Sólo el 3.6% de los casos entra a la zona de los jueces, solamente ese 3.6% es responsabilidad del Poder Judicial”.
También agregó que, aunque sólo el 3.6% de los casos entra a la zona de los jueces, existen cosas que mejorar porque “la responsabilidad de dar resultados a la ciudadanía recae en todas las instituciones del Estado mexicano“:
“En el tema de la seguridad y justicia, que es el tema más importante del Estado de derecho, es claro que hay una cadena de responsabilidades. Todos somos corresponsales del resultado final, frente al ciudadano todos debemos responder. Pero desde luego, para solucionar, más que para fijar responsables, tenemos que tener claro cuáles son los eslabones más débiles.
En esta cadena el Poder Judicial sólo tiene una incidencia en 4 de cada 100 asuntos, pero el 96% están en los eslabones del Poder Ejecutivo. Allí es donde los asuntos ni respuesta tienen, allí es donde se van al archivo provisional sin solución”.
Las cifras que dieron a conocer los jueces y magistrados son de un estudio que publicó el pasado 1 de octubre la organización civil México Evalúa.
Señalaron que del año 2021 al 2023 observaron una tendencia decreciente de las causas penales que son iniciadas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo que apunta a que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializa cada vez menos hechos delictivos.
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