Organizaciones indígenas y civiles exigieron reconocer la gestión comunitaria del agua en la Constitución a fin de garantizar acceso justo.
Natalia Matamoros
Organizaciones indígenas y civiles provenientes de Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Guerrero, exigieron reconocer la gestión comunitaria del agua en la Constitución. El fin es garantizar el abastecimiento del recurso en los sectores rurales, evitar la explotación del líquido por parte de empresas capitalistas y contribuir a la conservación del medioambiente.
- CHECALO -
Sandra Cruz, defensora del agua en Chiapas, informó que solicitaron una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto para que la mandataria se pronuncie a favor del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua para asegurar una administración justa y sostenible del líquido.
También pidieron a los legisladores instalar una mesa técnica para modificar el Artículo 27 constitucional. De esta manera, la gestión del agua estaría centrada en las personas, comunidades indígenas y campesinas sin la supervisión de las autoridades municipales.
¿Qué implica la gestión comunitaria?
Sandra Cruz destacó que gracias a la gestión comunitaria mantuvieron las redes de suministro, repararon fugas y llevaron a cabo una administración transparente de los comités que regulan la materia. Este trabajo permitió el acceso de agua y saneamiento a más de 25 millones de personas que residen en sectores marginados:
“Nos vamos a reunir hoy en la tarde con Xóchitl Zagal, el diputado Joaquín Zebadúa y con la diputada Irma Juan Carlos. La diputada Irma Juan Carlos fue quien metió la reserva cuando se estaba discutiendo el dictamen al Artículo 27 constitucional y hemos buscado el acercamiento con ella para poder exponerle qué es la gestión comunitaria del agua y que justo también nos ayude a corregir el texto”.
El trabajo comunitario, a juicio de Trinidad Zabaleta, representante del Comité de Agua de Veracruz, es clave para mejorar los problemas de suministro. Lo anterior a pesar de que no reciben apoyo económico por parte de los gobiernos estatal y federal.
Por su parte, campesinos crearon un fondo para el mantenimiento de las redes, el cual administran de forma consciente y transparente. Por ello, incluso llevan registros contables de los accesorios que compran cuando se reportan averías o fallas en el sistema.
También los pueblos indígenas alcanzaron la autonomía suficiente para costear los estudios de calidad del agua (en caso de requerirlos):
“En el caso de lo que es saneamiento pedimos el apoyo, a veces nosotros ya tenemos que pagar ese estudio con nuestros propios recursos. Después tenemos que informales cuál es el proceso que sigue y buscar algunos otros apoyos donde conjuntamente con ellos podemos resolverlo porque nosotros como comunidades siempre estamos dispuestos al diálogo, comunicación y participación”.
Defensores no tienen seguridad
Mónica Olvera, miembro de Red Mujeres por Chiapas, denunció que las comunidades indígenas son perseguidas y criminalizadas por la defensa del territorio y los recursos. No hay organismos que garanticen protección, por lo que urge la creación de una figura que les brinde seguridad:
“Podría evitarse conflictos y también resolverse varios que están en disputa y atender realmente las necesidades y os temas que las comunidades identifican. Uno de los frecuentes que generan estas tensiones son los derechos de paso y muchas veces la autoridad no quiere entrar y deja que entre comunidades se conflictúen.
Esto es una situación que se tiene que detener y en ese sentido llamar la atención a la Secretaría de Gobernación para que apoye desde su opinión el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua como una vía para la paz de este país”.
Las organizaciones insistieron en que el agua y el saneamiento son derechos humanos, no bienes y servicios mercantilizados y privados, así que “deben estar bajo la custodia de los pueblos”.
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