Lima/El ex presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado este lunes a 20 años y seis meses de prisión por la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos por los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por Zaida Pérez, emitió la sentencia en la que se considera que el ex mandatario favoreció a la constructora brasileña en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.
Así, la Justicia peruana aceptó plenamente la petición del Ministerio Público e impuso a Toledo nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos. «En el delito de colusión, el tribunal sostiene que se demostró un rosario de irregularidades, injerencia inusitada y aceleración del proceso de licitación de la referida obra, actos ilícitos vinculados a Toledo Manrique», indicó el Poder Judical en la red social X.
El fallo, que fue leído por la magistrada Inés Rojas, afirma que Toledo, de 78 años, «se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado». «Todas estas irregularidades constituyen y evidencian una clara concertación entre un funcionario, primera autoridad del Estado, y los privados. Esta conducta defrauda al Estado», señala.
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Toledo, de 78 años, «se coludió con particulares interesados como Odebrecht»
Además, resalta que el ex presidente, para hacerse con el dinero del soborno, «convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y recibiera, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht».
La constructora brasileña Odebrecht fue la encargada de la construcción de la Zona Especial de Desarrollo Mariel en Cuba, una obra de 1.000 millones de dólares, la mayor parte provenientes de créditos del Gobierno brasileño. También se encargó de la capacitación de más de 3.000 obreros para que pudieran trabajar en el puerto y en 2015 el Gobierno cubano le encargó la ampliación del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
En la Isla, el grupo Odebrecht estuvo involucrado en otros proyectos, todos con una financiación dudosa, como la firma de un contrato con la estatal Azcuba para modernizar, administrar y mejorar la prducción del central azucarero 5 de Septiembre, en Cienfuegos.
En cuanto a Toledo, el juzgado anunció que la pena de prisión es inmediata, por lo que el ex presidente regresará al penal conocido como Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanecía desde su extradición desde Estados Unidos, en abril de 2023.
Toledo es el primer ex presidente peruano condenado por el caso de corrupción de Odebrecht. El fallo judicial también dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios públicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós.
El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez aseguró este lunes que la sentencia dictada al ex mandatario es «histórica»
El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez aseguró este lunes que la sentencia dictada al ex mandatario es «histórica» y «ejemplar». «Es una sentencia, como dijo la procuradora, histórica. Es una sentencia contra un ex presidente de la República y es un mensaje de que no debe haber impunidad», afirmó Pérez a la prensa al término de la audiencia judicial donde se leyó el fallo.
En este sentido, sostuvo que la decisión del tribunal demuestra que en Perú los crímenes y la corrupción se castigan, y que la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial debe continuar, puesto que han probado mantener la independencia y autonomía. Expuso que, a pesar del acoso que sufren tanto él, como el coordinador del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, Rafael Vela, su trabajo está dando resultados, como lograr esta condena «ejemplar» contra Toledo y los funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, condenados a nueve años.
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