El entramado de una red de corrupción ha derivado en una persecución contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.
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Escucha el especial de la “Operación Zafiro” de Georgina Hernández.
Georgina Hernández
- CHECALO -
Han pasado ocho años desde que la Fiscalía de Chihuahua inició una investigación por desvío de recursos públicos ocurrido durante la gestión de César Duarte por tres vías distintas: administrativa, penal y fiscal.
Con dicha indagatoria se descubrió una nómina secreta de mil millones de pesos que incluía a diputados locales y federales de distintos partidos políticos, candidatos, dirigentes y operadores políticos, locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, al igual que parientes y amigos del exgobernador.
Este fue el inicio de la rivalidad entre la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y el expanista Javier Corral, ya que en 2020 cuando él era el mandatario estatal, denunció que entre los beneficiarios de esta red de corrupción se encontraba la entonces presidenta municipal de Chihuahua.
Otros presuntos destinatarios fueron: Guillermo Villegas Madriles, director de Administración de la Secretaría de Hacienda durante la administración de Duarte; Pavel Aguilar Raynal, exdirigente estatal del PRD; Carlos Hermosillo Arteaga, exdiputado del PRI; Anuar Elías Karam, empresario; Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez; Sixto Duarte Jáquez, hermano del exgobernador; y Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI.
Corral acusa persecución política
El mecanismo fue descubierto a finales de 2016 por la Fiscalía de Chihuahua, luego de que el PRI perdió la elección de ese estado frente al entonces panista Javier Corral.
La investigación involucró directamente al exgobernador César Duarte, quien en 2022 fue detenido y extraditado de Estados Unidos. Está acusado de peculado y asociación delictuosa. Al llegar a México estuvo en prisión preventiva justificada ya que estuvo prófugo de la justicia; sin embargo, hasta el momento no tiene sentencia en su contra, y actualmente lleva el proceso en libertad.
Sin embargo, en la indagatoria también se mencionó a Alejandro Gutiérrez, La Coneja, secretario general adjunto del PRI y mano derecha del entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y a Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, su jefe directo era Luis Videgaray, y quien fue asesinado en mayo de 2020 en Temixco, Morelos.
El pasado 16 de agosto, en entrevista con la Primera Emisión de IMER Noticias, Javier Corral, senador electo e integrante del equipo de Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; al exgobernador de ese mismo estado, César Duarte; y al senador electo del PRI, Manlio Fabio Beltrones de montar una persecución política en su contra, ya que él fue quien los puso bajo la lupa en distintos casos de corrupción cuando gobernó la entidad.
“Es la venganza de estos corruptos que fueron señalados directamente por las investigaciones de la operación Justicia para Chihuahua. María Eugenia Campos en la nómina secreta que recibió más de 10 millones de pesos de manera indebida, pago en efectivo que se le entregaban mensualmente en el sótano de la Secretaría de Hacienda a lo largo de su periodo como diputada local. Duarte, es muy conocida toda la corrupción y Beltrones en el caso de la Operación Safiro. Y me han estado cobrando una venganza, una revancha a través de estas acciones”.
Por su parte, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, explicó que el documento utilizado el pasado 14 de agosto para intentar ejecutar una orden de aprehensión contra Corral en un restaurante de la capital no era válido.
Afirmó que este intento de detención resultó en una denuncia por un procedimiento “ilegal” y expuso la falta de coordinación entre las fiscalías involucradas.
“Lo que hicimos fue no colaborar porque no existía ni el convenio, ni los términos y el documento que exhibían como tal era un documento interno donde se le comunicaba a otra de nuestra áreas que estaba esta solicitud y que se estaba dando por enterado que seguía en un tiempo y para algunas personas. No obstante estas personas actuaron, se presentaron en el lugar donde estaba cenando el probable responsable y trataron de ejecutar una orden de aprehensión que a todas luces resultaba ilegal.
Finalmente, una de las cosas que nosotros también hemos estado observando y que por eso lo presentamos también ante la Fiscalía es que realizaron actos de investigación, se introdujeron en el territorio e hicieron actos que nos corresponden, estaban desde hace dos días, habían realizado vigilancia, habían realizado actividades que tampoco estaban permitidas”
La investigación Operación Justicia para Chihuahua documentó desvíos por al menos 6 mil millones de pesos y abrió investigaciones contra casi cincuenta personas. Posterior a esto salió a la luz la Operación Safiro, un esquema mediante el cual el Gobierno Federal, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, inyectó recursos públicos a gobiernos estatales para que después fueran desviados a las campañas electorales del PRI de 2016, cuando se renovarían 12 gubernaturas.
Dicha indagatoria, también realizada por la Fiscalía de Chihuahua, registró que en esta red se vieron involucrados siete estados y que para materializarse, se requirieron 12 empresas fantasmas.
En total, se estima que fueron 650 millones de pesos los destinados a Safiro, donde la aportación de Chihuahua fue la más cuantiosa con 246 millones de pesos; después Durango, con 230 millones 400 mil; Sonora, 140 millones 591 mil; Morelos, 16 millones 404 mil; Colima, 15 millones 142 mil; Estado de México, 488 mil; y la alcaldía Milpa Alta de Ciudad de México, 300 mil.
Ricardo Alvarado Andalón, integrante de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, afirmó que el caso es relevante y sigue vigente porque, como la mayoría de los casos de corrupción en México, el proceso legal está detenido y por tanto, sigue sin esclarecerse el nivel de involucramiento del exgobernador César Duarte; así como de otros funcionarios estatales y federales que participaron en este desvío de recursos.
No obstante, puntualizó que la máxima prioridad no debe ser la privación de la libertad de las personas involucradas, sino el que haya verdad y justicia y que se recupere el dinero desviado.
“Al momento de investigar corrupción, meter a la cárcel a las personas no puede ser nuestra máxima prioridad. La máxima prioridad debe ser conocer la verdad, necesitamos conocer a la perfección el mecanismo de desvío de recursos. Es cierto que está más o menos documentado por el esfuerzo de mis colegas periodistas, pero necesitamos conocerlo por quienes lo ejecutaron para tener perfectamente este camino, y eso nos va a permitir detectar a las instituciones ilegales que permitieron que esto sucediera para poderlas corregir y evitar que eso suceda en un futuro. Y la segunda, necesitamos recuperar esos recursos públicos que fueron desviados para otras cosas, dinero de todas y todos nosotros que no fue utilizado para lo que tenía que ser utilizado originalmente”.
El papel de la Corte
El 11 de octubre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró de manera definitiva la acusación de peculado de 250 millones de pesos contra Alejandro Gutiérrez.
La Primera Sala desechó el caso al considerar improcedente el amparo tramitado por el Gobierno de Chihuahua, entonces encabezado por Javier Corral, el cual solicitó mantener vigente la acusación contra el secretario general adjunto del PRI y que además, se le reconociera como víctima del desvío ocurrido en 2016.
La administración estatal argumentó que el esquema de corrupción causó un daño a sus habitantes, pues el dinero malversado había sido transferido por la Federación a Chihuahua para programas de educación.
No obstante, en su proyecto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sostuvo que a una entidad como un gobierno estatal no se le puede otorgar el carácter de víctima en un proceso penal, salvo en los casos en que se le afecte su patrimonio. En la sentencia precisó que si bien se podría sostener que el dinero desviado pertenecía a los ciudadanos chihuahuenses, determinó que este no era propiedad de la administración del estado.
Oportunidad perdida
Para Ricardo Alvarado Andalón la Operación Safiro es uno de los casos en el que se observa una oportunidad perdida en el combate a la corrupción porque a ocho años de que se descubrió el caso, el dinero desviado no se ha recuperado y sólo algunos exfuncionarios han enfrentado la justicia. No obstante, entre estos no hay ninguno que pueda ser considerado de peso dentro del círculo priista.
Además, sostuvo que hay un debilitamiento de las Fiscalías Anticorrupción, ya que tienen poco presupuesto, pocas capacidades y poco personal, lo que complica el llevar investigaciones a fondo de casos complejos como la Operación Safiro, y subrayó que más allá de seguir con el discurso de que las personas corruptas son malas, lo importante es enfocar la atención en las instituciones y condiciones que permiten que una persona cometa actos de corrupción.
“La Operación Safiro lo que usa son los recursos públicos que se entregan del gobierno federal a gobiernos estatales, el uso de empresas fantasma y las asignaciones directas de contratos, esos tres elementos están presentes en actos de corrupción del actual sexenio como Segalmex y están intocados tanto en nuestro marco legal como en las decisiones que se toman en el gobierno y a menos que las cambiemos, vamos a seguir teniendo Operaciones Safiro, eso no tiene que ver con Duarte o la gente, sino tiene que ver con estas reglas y a menos que las cambiemos, nos vamos a seguir tropezando con temas de corrupción como este”.
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