El relator de la ONU sobre esclavitud señala el trabajo forzoso impuesto a los presos políticos cubanos

La Habana/La imposición de trabajos forzosos –como cortar caña o marabú– a quienes expresan “opiniones políticas distintas” ha llevado a un colaborador de Naciones Unidas a insistir en su “preocupación” sobre las violaciones de derechos humanos en la Isla. Con un informe de la organización Prisoners Defenders (PD) en la mano, Tomoya Obokata, relator especial sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud de la ONU, criticó esta práctica en las cárceles cubanas. 

Durante la 57 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, del que Cuba es miembro, Obokata incluyó el Breve informe sobre el trabajo forzoso en las cárceles cubanas, elaborado por PD. El experto denunció “la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas”. 

El documento detalla los casos de presos políticos que han sido sometidos a labores obligatorias y destaca, entre “miles”, varios casos: los de Dariel Ruiz García, Walnier Luis Aguilar Rivera, Yeidel Carrero Pablo, Roberto Jesús Marín Fernández, Yanay Solaya Barú, Alexander Díaz Rodríguez, José Díaz Silva, Taimir García Meriño y César Antonio Granados Pérez. 

Aunque la Constitución cubana prevé el respeto a la dignidad del recluso, el Código Penal avala las sanciones de trabajo forzoso

Aunque la Constitución cubana prevé el respeto a la dignidad del recluso, el artículo 30.3 del Código Penal avala las sanciones de trabajo forzoso, subraya su carácter obligatorio y deja en manos del Estado “considerar su forma de cumplimiento mediante el estudio o superación”. A través de testimonios recogidos en el informe, PD constató que el tratamiento atenuado es más que inusual, y que el trabajo obligatorio es lo ordinario no sólo para los reos políticos, sino también para los comunes.  

En un país donde la producción y la mano de obra son escasas, el régimen ha encontrado en los presos la fuerza laboral ideal. Los reclusos son obligados a realizar labores que nadie más está dispuesto a hacer. El ejemplo de PD es la producción de carbón vegetal de marabú –que aporta grandes beneficios al Gobierno por su venta en el extranjero– y el corte de caña en la zafra azucarera. 

“El carbón cubano se vende en España, Portugal y en (el resto de) la Unión Europea”, precisa PD. Basta con consultar el testimonio de los familiares de algunos presos políticos, como el del padre de Walnier Luis Aguilar, que ha denunciado cómo cortan “troncos de marabú con sus propias manos”, sin ayuda de “sierra machete o hacha”. El resultado: tener “las manos llenas de ampollas”, entre otras lesiones. 

Hay videos de sobra para entender la situación, subraya PD. “Viviendo sin agua potable, en condiciones infrahumanas, con insuficiente y anacrónico material de trabajo (cuyo coste se descuenta de su mísero ‘salario’, que muchos jamás reciben) y durmiendo a la intemperie, los trabajadores son obligados a laborar en lugares inhóspitos bajo las más viles amenazas físicas, psicológicas y penales”, denuncian. 

Lo alarmante, afirma la organización, es que de manera impune el producto de este trabajo esclavo se consume en todo el mundo

Lo alarmante, afirma la organización, es que de manera impune el producto de este trabajo esclavo se consume en todo el mundo. El 24% del carbón del marabú cubano acaba en los mercados de España, el 21,5% en Portugal,  el 12,1% en Italia y el 11,6% en Turquía, países con Gobiernos de muy distinto signo ideológico que, no obstante, compran carbón a Cuba. 

PD los califica, sin ambages, de “cómplices involuntarios” del régimen puesto que adquieren un producto fabricado a base del “sufrimiento y dolor” de los presos cubanos. Sin embargo, admiten que “Cuba ha sabido ocultar durante años, aunque no para los cubanos, el origen esclavista de su producción del carbón de marabú”. 

La organización espera que la denuncia de Obokata en la ONU marque un antes y un después en el enfrentamiento a estas prácticas en la Isla. Pide a la Unión Europea informarse sobre el carbón que compra y exigir transparencia sobre su proceso de elaboración. Los 27 están obligados por ley a no hacer negocios con países que fomenten el trabajo esclavo, subrayan. 

En cuanto a la caña, PD describe el panorama como un retorno al siglo XIX, cuando la esclavitud fue el motor de la acaudalada sacarocracia. La diferencia, en este caso, es que ni siquiera con su “elenco interminable de violaciones de derechos humanos” el régimen alcanza la prosperidad económica. 

En lo demás, no hay nada más parecido a un esclavo colonial que un preso político del castrismo. “En la mayoría de los casos no cuentan con guantes, botas o limas, lo que hace que las mochas no tengan el filo necesario para realizar el trabajo con eficiencia”. Todo remite a una suerte de “involución a siglos atrás” que demuestra el retroceso, incluso en un plano histórico, de la defensa de derechos humanos en la Isla.  

«Había una señora flaquita, mayorcita, en una silla de ruedas, con asma, que ya no podía ni caminar, que tenía que salir a trabajar a las seis de la mañana»

Los testimonios aportados por PD bastan para calibrar la situación. “Había una señora flaquita, mayorcita, en una silla de ruedas, con asma, que ya no podía ni caminar, que tenía que salir a trabajar a las seis de la mañana, como todo el mundo. Allí no importa edad ni condición ni nada. No hay condiciones para nadie”, asegura la ex presa política Yanay Solaya. “Nosotras trabajamos en el campo, a lo que te mandaran, chapeando. Era obligatorio. No recibíamos ningún pago”. 

Negarse a trabajar se paga caro. Es el caso, explica PD, de Taimir García, presa de conciencia, que fue amenazada con retirarle sus pases y la reducción penal de dos meses por cada año de condena, y volver a encerrarla en un régimen de máximo rigor. 

Otros aspectos del problema, como la explotación infantil –algunos reclusos son menores de edad y están sometidos a jornadas de siete horas– o la ausencia de contratos, deben ser también motivo de alerta, según PD. El hecho de que su informe haya llegado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, valoran, justifica prestar máxima atención al problema y exigir cuentas a La Habana.