Las víctimas y los familiares de los fallecidos por el descarrilamiento del Alvia en el barrio compostelano de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013, serán indemnizados en más de 25 millones de euros en total por parte de los dos condenados –el maquinista, Francisco Garzón, y el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte– y las compañías Allianz Global y QBE –aseguradoras de Adif y Renfe, respectivamente–.
Así lo recoge la parte civil de la sentencia emitida este viernes por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, que cuenta con más de 500 folios de extensión y contra la que todavía cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Para ello, hay un plazo de 10 días hábiles a contar desde el lunes y que se cumplirían el 10 de septiembre –todo el mes de agosto es inhábil para la justicia–, salvo una extensión que pueda acordar la magistrada, Elena Fernández Currás.
Tal y como figura en el fallo, son responsables «de forma solidaria» de las consecuencias civiles de los delitos no solo Garzón y Cortabitarte, sino también, de forma subsidiaria, los organismos públicos Adif y Renfe «por su condición de empleadores de los mismos», así como la operadora como titular del propio tren. La parte de las dos empresas será asumida por sus respectivas compañías aseguradoras.
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Sin embargo, hay una diferencia en qué parte se debe hacer cargo de las indemnizaciones entre unas víctimas y otras. Por un lado, el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif –junto con las dos empresas públicas implicadas– están considerados responsables civiles, de forma conjunta, de 61 muertos. En este caso, las aseguradoras de Renfe y Adif deberán pagar un total de 12.751.446 euros.
Pero, en el caso de otros 15 fallecidos, la responsabilidad civil, cifrada en 2.417.559 euros, la asumen solo el maquinista y la aseguradora de Renfe (QBE). Esto es así porque sus familiares o bien no acusaron al exdirector de seguridad de Adif o bien estaban representadas a través de la Fiscalía, que retiró su acusación contra él el último día del juicio.
Con todo, hay herederos de tres de las víctimas mortales que consideraron que ya habían sido indemnizados en su totalidad o que alcanzaron un acuerdo extrajudicial con Renfe.
Asimismo, la magistrada ha fijado diferentes cuantías para 134 lesionados que ascienden a un total de 10.064.240 euros, mientras que otros 10 perjudicados renunciaron a continuar con las acciones civiles.
A mayores, la jueza ordena a ambos condenados y a las empresas públicas el pago de 1.916.159 euros a Allianz, Seguros y Reaseguros, por ser la compañía encargada de la cobertura del seguro de viaje obligatorio, por los gastos que asumió por la asistencia sanitaria de las víctimas.
UN 50% MÁS PARA «CUBRIR EL MAYOR DAÑO MORAL»
Para fijar las indemnizaciones, la jueza ha utilizado de forma orientativa el llamado «baremo de tráfico», aunque aplicó con carácter general un incremento del 50 por ciento sobre las cuantías básicas por fallecimiento, incapacidad temporal o permanente.
Este aumento, explica, está destinado «a cubrir el mayor daño moral que deriva de la vivencia de un accidente catastrófico como el ocurrido o de la angustia, zozobra y ansiedad padecida por los familiares de los viajeros que resultaron fallecidos».
Además, considera que «por las circunstancias que rodean al accidente y la frustración de la confianza en la seguridad de un medio de transporte como el ferroviario», las víctimas y familias son «más propensas» a padecer «un trauma o un duelo patológico que debe resarcirse de forma independiente» del daño físico por las heridas y del daño moral de haber perdido a un ser querido.
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