La elección popular de personas juzgadoras podría retrasar la resolución de litigios federales en trámite en el país, según un estudio de la SCJN.
Georgina Hernández
La elección de ministros, magistrados y jueces retrasará la resolución de un millón y medio de litigios federales actualmente en trámite, según el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- CHECALO -
Esto se debería a la falta de competencias técnicas de los nuevos jueces y la necesidad de capacitación.
El documento titulado “Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación”, sostiene que la iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados va en contra a los objetivos que persigue. Esto quiere decir que no garantiza un acceso a la justicia de manera justa y oportuna.
Podría reiniciar los procesos penales vigetes
Según el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, la sustitución inmediata de jueces penales no solo afectará el principio de continuidad previsto en la Constitución, que ordena que el procedimiento se desarrolle sin interrupciones, sino también el principio de inmediación. Este establece que la persona juzgadora debe estar presente en todas las audiencias y atender todos los actos procesales de una misma etapa.
En consecuencia, el abrupto cambio de toda la judicatura federal podría derivar en el reinicio de los procesos penales vigentes y, por consiguiente, en un retraso en su conclusión.
Además, señala que esta reposición podría implicar la pérdida de pruebas relevantes y afectar de manera irreparable los derechos de las víctimas e imputados. Ciertas pruebas, señala, podrían perder calidad o validez con el paso del tiempo, por lo que la sentencia podría carecer de la información suficiente y adecuada para resolver el caso.
Es difícil que las y los ciudadanos adquieran suficiente conocimiento
El documento de 89 páginas, también aborda el tema de la legitimidad de las personas juzgadoras. Afirma que la experiencia internacional, especialmente en Estados Unidos, sugiere que las elecciones judiciales son elecciones de baja información.
Es difícil lograr que los ciudadanos adquieran suficiente conocimiento sobre la función judicial y las competencias de los candidatos para tomar una decisión informada para votar. Por lo tanto, el Centro de Estudios considera que la elección popular de las personas juzgadoras no asegurará la calidad en su desempeño y en sus decisiones a mediano y largo plazo.
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