Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó una reforma a la Constitución capitalina para garantizar la justicia.
Jessica Martínez
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de la capital en materia judicial para garantizar la justicia a víctimas por encima de aspectos no esenciales en los procesos judiciales.
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Lo anterior quiere decir que aquellos aspectos no relevantes pasen inadvertidos por las personas juzgadoras.
Presenté una Iniciativa de Reforma al Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México en Materia Judicial para actualizar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional.
Esta propuesta coloca los fines de la justicia por encima de las… pic.twitter.com/2AfyGowkd1
— Martí Batres (@martibatres) July 16, 2024
Esta modificación contempla la adición de un segundo párrafo al Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México. El cual establece que “la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”:
“La iniciativa tiene por objeto reforzar y actualizar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México, a fin de garantizar el acceso a la justicia. Además, priorizando a las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja social.
Se aborda el tema de los fines y los objetivos de la administración e impartición de justicia desde una perspectiva social, todo esto encaminado a que los fines se pongan por delante de las formalidades secundarias”.
El mandatario capitalino expuso que, aunque la Constitución Política de la Ciudad de México ya establece el principio de justicia social, no está vinculado de manera explícita en la función jurisdiccional:
“Debe establecerse con toda claridad la búsqueda de los fines de la justicia social, la justicia restaurativa y la justicia redistributiva.
Así, nos parece importante arribar a un estadio de sensibilidad de las personas juzgadoras para detectar las condiciones en que ocurren los hechos y, por supuesto, la vulnerabilidad, desventaja o desigualdad en que pueda situarse toda persona al momento de acudir ante el sistema de administración e impartición de justicia”.
Batres expuso que la iniciativa de reforma “prioriza la tutela efectiva de los derechos de personas y grupos sociales que se encuentran en pobreza, marginación, exclusión, discriminación o desventaja social“.
¿Cuál es el origen de esta reforma?
Durante la presentación de la propuesta, el jefe de Gobierno sostuvo que esta iniciativa es necesaria. Esto, ya que, existen casos en los que los jueces priorizan las formalidades por encima de la justicia para las víctimas.
Al respecto, ejemplificó con un caso en el que un conductor en estado de ebriedad atropelló a varias personas. Pese a ello, el juez determinó la libertad del imputado porque no se denunció en los términos legales adecuados:
“Tenemos el caso de un imputado que conduce su vehículo en estado de ebriedad, y atropella a tres personas que estaban trabajando, realizando labores de limpieza en la carretera federal México-Cuernavaca. Se querelló sólo uno de los afectados quien presentaba lesiones graves.
El juzgador calificó de legal la detención, pero no vinculó a proceso en razón de que la persona denunciante justificó el deber de cuidado estando lesionado como peatón. Sin embargo, dice el juez que los lesionados no eran peatones, sino trabajadores, por lo tanto, determinó la libertad del imputado”.
El jefe de Gobierno aclaró que este martes enviará al Congreso de la Ciudad de México la propuesta para que la presenten el 18 de julio durante la sesión extraordinaria.
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