El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha asegurado este viernes que «antepondrá la seguridad» de Reino Unido y de sus fronteras al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), organismo del que previsiblemente depende la puesta en práctica de las deportaciones de solicitantes de asilo desde el Reino Unido a Ruanda.
«Si me veo obligado a elegir entre la seguridad de nuestras fronteras en nuestro país y un tribunal extranjero, incluido el TEDH, entonces voy a anteponer la seguridad de nuestro país y la seguridad de nuestras fronteras en todo momento, así que he sido inequívoco en ese punto», ha señalado el mandatario británico al tiempo que ha asegurado que «(sus) planes son compatibles con (sus) obligaciones internacionales».
En unas declaraciones recogidas por la agencia alemana de noticias dpa, Sunak ha afirmado que «está muy claro que la conversación en Europa ha cambiado sobre el tema de la migración ilegal», aludiendo al hecho de que a mediados del pasado mes de mayo, 15 Estados miembro de la Unión Europea pidieron por carta a la Comisión que endureciera la política migratoria y estudiara nuevos acuerdos con «terceros países seguros».
La comparecencia ha tenido lugar en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Apulia, Italia, tras la que sus miembros han anunciado una coalición para combatir el tráfico ilegal de inmigrantes. Así, los líderes de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Canadá y Japón han afirmado su «compromiso colectivo y cooperación reforzada para abordar la migración, afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que presenta, en colaboración con los países de origen y tránsito».
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La coalición centrará sus esfuerzos en tratar «las causas de la migración irregular, mejorar la gestión de las fronteras y frenar la delincuencia organizada transnacional», según ha indicado el G7 en un comunicado, además de garantizar «vías seguras y regulares para la migración».
El pasado 23 de mayo, el primer ministro británico retrasó el programa de deportaciones de solicitantes de asilo a Ruanda hasta después de las elecciones generales, adelantadas al 4 de julio. El plan se sustenta en un tratado suscrito con el país africano, catalogado ahora por ley como país seguro tras las dudas planteadas en 2023 por el Tribunal Supremo.
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