El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) aplaudió este miércoles la decisión de México de prohibir las llamadas «terapias de conversión de homosexuales» tras la entrada en vigor de la ley el fin de semana pasado.
«La decisión de México de poner fin a esta práctica nociva contribuirá a garantizar la salud pública. Todos los países deberían seguir el ejemplo de México», declaró Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, en un comunicado.
La ley, ratificada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, contempla penas de dos a seis años de prisión a quien realice las denominadas «terapias de conversión sexual», con la que se pretende obligar a las personas a cambiar su orientación sexual o identidad de género.
Cuando sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se aplicarán las sanciones a consideración del juez.
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El documento también apuntó que cuando la persona autora tuviere con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima, o se valga de la función pública para cometer el delito, también “será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta”.
Especialistas en salud y derechos humanos han condenado la «terapia de conversión» por causar graves trastornos psicológicos y en 2012 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que dichas terapias no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos.
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«Las prácticas estigmatizantes perjudican la salud pública. Garantizar la inclusión, la aceptación y el respeto de los derechos humanos de todas las personas es vital para proteger la salud de cada una. El estigma mata y la solidaridad salva vidas», sentenció Cabal ahora.
La prohibición de las «terapias de conversión» es otro avance legal para la diversidad sexual en México, donde la población que se identifica como parte de la comunidad LGBTI asciende de manera oficial a 5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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