La Habana/El periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue multado con 3.000 pesos este jueves por el presunto delito de propaganda enemiga. Tras asistir a una citación policial, la Seguridad del Estado cuestionó al reportero por sus constantes publicaciones en las plataformas digitales, en las que critica la falta de derechos en Cuba y la represión que ejerce el régimen contra sus ciudadanos.
El interrogatorio ocurrió en la estación policial de Zapata y C, en El Vedado, La Habana, y duró tres horas, precisó Aleaga en un audio compartido con varios colegas y amigos. En un primer momento, el reportero fue increpado por agentes del Ministerio de Comunicaciones por su «trabajo en las redes», especialmente por sus breves videos con análisis sobre temas de actualidad de la realidad cubana.
En la segunda parte del interrogatorio, que Aleaga la calificó como «infantil», fue amenazado por tres agentes de la Seguridad del Estado que se hacían llamar Maikel, Frank y Rodrigo, quienes le advirtieron de que podrían incautar los equipos con los que trabaja, especialmente su móvil, su computadora y otros dispositivos informáticos.
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También lamentó que la propia ley cubana autorice a la policía política «a perseguir a las personas» que levantan la voz contra las arbitrariedades que comete el régimen cubano
El periodista dijo que fue amenazado con «mayores represalias» si se mantiene activo en sus espacios de denuncia en Facebook y YouTube. También lamentó que la propia ley cubana autorice a la policía política «a perseguir a las personas» que levantan la voz contra las arbitrariedades que comete el régimen cubano.
Desde que comenzó a regir el Decreto ley 370, conocido como «ley azote», muchas han sido las denuncias que han circulado sobre la imposición de multas por publicar cierto contenido en redes sociales, pero la mayoría de los que informan de estas represalias son activistas, opositores o periodistas independientes. Un número indeterminado de ciudadanos que han sido castigados de igual forma optan por guardar silencio.
El Decreto-ley 370 no es la única normativa que ha intentado poner freno a las críticas ciudadanas en internet. En agostó de 2021 entró en vigor el Decreto-ley 35 que penaliza a quienes den voz a noticias falsas en Cuba, las divulguen, publiquen mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen «el prestigio del país» y los daños «éticos y sociales o los incidentes de agresión» en redes sociales.
La normativa incluye una larga lista de incidentes de ciberseguridad que abarcan desde ataques informáticos o daños físicos a los sistemas de telecomunicaciones hasta el acceso y difusión de contenido pornográfico infantil, que solo merecen el nivel de peligrosidad medio o alto. En cambio, la categoría de «subversión social», descrito como acciones que pretendan alterar el orden público, se considera de riesgo muy alto.
En marzo pasado, Aleaga fue víctima de un robo con fuerza en su vivienda. Una cámara de seguridad ubicada en una cafetería privada grabó el momento en que un hombre accedía a su apartamento en la calle 1ra, entre C y D, de El Vedado. Unos 40 minutos después, el individuo salió, dejando tras de sí la puerta de entrada rota, y llevándose la laptop personal del reportero, una tableta y una bicicleta.
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