Madrid/Las autoridades han detenido a un total de 78 personas en el puerto Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba, involucradas en una red de desvío de alimentos destinados a la canasta básica. De ellas, 59 se encuentran en prisión provisional y a las 19 restantes se les han impuesto medidas cautelares.
En la operación, la Policía pudo recuperar un total de más de 60 toneladas de alimentos, entre ellos 33 de harina de soya, 22,6 de azúcar blanco, 3,8 de arroz y dos de frijoles negros, según informó este lunes Canal Caribe. En un breve reportaje en el que intervinieron agentes del Ministerio del Interior, un fiscal y el vicegobernador de la provincia, Waldis González Peinado, las autoridades repitieron el ejercicio de divulgación –cada vez más frecuente– de la “tolerancia cero” que mantienen con el “desvío de productos esenciales”.
La Policía afirma que la cantidad de personas que participan en las sucesivas tareas de descarga, pesaje y transporte en el puerto hace que todo funcione como un engranaje y que para cualquier movimiento sea preciso involucrar a una mayoría de empleados. “Para la comisión de los hechos de esta naturaleza es prácticamente imposible realizar las acciones solo”, abunda el mayor Erik Miguel Martínez Ferrales, que explicó la operación.
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“Para la comisión de los hechos de esta naturaleza es prácticamente imposible realizar las acciones solo”
Según el fiscal Luis Felipe Garrido Torres, los transportistas actuaban de acuerdo con el personal responsable del pesaje, acordando el pago de cifras que iban de los 9.000 a los 18.000 pesos por cada tonelada reportada por debajo del peso establecido. Después, se acordaba la venta de un camión de arroz –cita como ejemplo– a 200.000 o 300.000 pesos, entregándose facturas que no se incorporaban a la contabilidad y, por tanto, impedían dar seguimiento a la carga.
Después, el producto llegaba al mercado informal, donde cada saco de arroz se vendía a 200 pesos la libra, permitiendo que cada uno de los transportistas obtuviera 4 millones de pesos, concluyó el funcionario. Según los cálculos de la institución, se pudieron detectar al menos cinco hechos delictivos, de los que destacaban dos, en todo 2023, con “afectaciones superiores a los 9 millones de pesos para las entidades”.
Martínez Ferrales añade que en las investigaciones se vinculó la participación de 33 vehículos de transporte de carga del sector estatal y otros 26 del privado. Además, la Policía incautó otros bienes presuntamente obtenidos con el lucro de lo malversado, incluyendo una vivienda, un vehículo Lada 2106 y cuatro neumáticos.
“Los hechos detectados tipifican conductas de delitos principalmente clasificados como el delito de malversación, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y receptación”, añade el fiscal. Estos delitos pueden conllevar penas de entre 8 y 20 años de prisión.
Cada saco de arroz se vendía a 200 pesos la libra, permitiendo que cada uno de los transportistas obtuviera 4 millones de pesos
“La dirección del Partido, el Estado y el Gobierno han instado a elevar la vigilancia y el control popular –dice la locución–. Es imprescindible un papel más activo de las administraciones, así como garantizar la prevención efectiva y el control, así como actuar con firmeza en el marco de la legalidad contra cualquier manifestación de corrupción, conductas delictivas e indisciplinas sociales en aras de defender y proteger los productos destinados al pueblo. Es una misión impostergable, la responsabilidad es de todos y jamás habrá impunidad”, concluye el vídeo.
El mensaje forma parte de la campaña que mantienen las autoridades para informar a la población de los delitos relativamente menores, generando la sensación de que se trabaja activamente para defender los alimentos destinados a la población. Hace solo una semana, las redes sociales afines al oficialismo revelaron dos estafas en Santa Clara, valoradas en 17 millones de pesos, aunque en esa ocasión los productos no pertenecían a la canasta básica.
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