La Habana/La Policía de Santa Clara anunció en las últimas horas su intervención en dos estafas valoradas en más de 17 millones de pesos. La mayor parte de esa suma correspondía a un cargamento de cerveza Cristal por un importe aproximado de 15 millones, que fue recuperado parcialmente.
Los agentes llevaron a cabo dos operaciones que relataron a la prensa oficial, en plena cruzada por el “enfrentamiento del delito”. En una de ellas, la Policía de la ciudad cabecera tuvo información de que se había concertado una compraventa de más de 20 palés procedentes del occidente de la Isla. “Una vez que la persona propietaria de la mercancía llega a Santa Clara, va a la vivienda de la persona que finalmente terminó estafando”, expuso el teniente coronel Héctor de la Fe Freire en una entrevista a la emisora oficial de Villa Clara CMHW.
Según el relato del agente, el estafador entregó parte del dinero al vendedor, acordando darle el resto en una cita posterior. Sin embargo, nunca regresó. Cada cerveza se compró por un valor de 215 pesos y se comercializó por 225, lo que sitúa la cantidad global en 15 millones. El presunto responsable se encuentra detenido y será acusado de estafa.
- CHECALO -
Cada cerveza se compró por un valor de 215 pesos y se comercializó por 225, lo que sitúa la cantidad global en 15 millones
En la otra operación, según el oficial, se desarticuló una estafa “bien organizada” por los responsables en redes sociales, donde entablaban contactos para la compra de grandes cantidades de productos alimenticios a cuentapropistas. Tras un primer contacto, los vendedores se dirigían a una vivienda de Santa Clara para entregar la mercancía y recibir –como en el caso anterior– parte de la suma del dinero, acordando un segundo pago en otra dirección. En esa primera entrega, los estafadores mostraban billetes de 1.000 pesos, debajo de los cuales había una gran cantidad de otros por valor de apenas 1 peso.
Sin embargo, una vez que los vendedores iban a buscar el resto del dinero, los compradores se llevaban la mercancía a otro lugar. Según la Policía, dejaban el lugar (y la mercancía) para recibir el pago completo en otra localidad, los productos eran rápidamente extraídos por un grupo organizado que los desaparecía. Los estafadores, incluyendo el cabecilla de la red, la propietaria de la vivienda y los responsables de mover la mercancía, tienen entre 21 y 47 años y están detenidos, enfrentándose también a cargos de estafa.
“En el caso del autor principal que organiza y que estructura este delito, es reincidente. Participó en los otros hechos con similares características y modus operandi y las investigaciones nos permitieron recuperar parte de la mercancía y devolvérsela a su dueño legítimo”, añadió el oficial. Entre lo requisado, había 50 cajas de leche condensada, 21 cajones de galletas importadas y 2.314.080 pesos.
Entre lo requisado, había 50 cajas de leche condensada, 21 cajones de galletas importadas y 2.314.080 pesos
En la entrevista, De la Fe Freire aprovechó para advertir sobre un tema que inquieta más a las autoridades que las cajas de galletas: la compraventa de divisas en el mercado ilegal. “Una vez más reiteramos el tema(…). Las personas, sin conocer la identidad, solamente con un perfil en las redes sociales, están accediendo a confiar su mercancía, a ir a lugares que no tienen las condiciones mínimas necesarias para establecer una concertación de un negocio. Que se cercioren, para evitar que sean estafados nuevamente”, dijo al periodista oficial Abel Falcón.
La noticia ha sido difundida, como sucede en los últimos tiempos, en los canales afines al Gobierno en redes sociales creados a fin de mantener el control de la información de sucesos y transmitir a la sociedad que estos delitos no quedan impunes. Es el caso de Fuerza del Pueblo, de Villa Clara, donde los usuarios han felicitado a la Policía y piden que caiga sobre los estafadores “todo el peso de la ley”. En este perfil, una comentarista ha advertido –en respuesta a otro usuario que exigía “juicios ejemplarizantes”– del riesgo de publicar nombres y fotografías de los presuntos culpables.
“¿Qué más juicio ejemplarizante que está página, que publican las fotos de las personas y las exponen frente a todo el pueblo sin el consentimiento de esas personas, cometiendo así también un delito? Porque eso es ilegal. Además, en muchos casos vemos a esas mismas personas a los pocos días en la calle porque la información no era como se había publicado. No es hacer lo correcto, sino hacerlo correctamente”, razonó.
«En muchos casos vemos a esas mismas personas a los pocos días en la calle porque la información no era como se había publicado»
Estos pequeños delitos, así como el “combate a la corrupción”, están entre los temas preferidos de estas páginas en redes sociales, aunque también de la prensa oficialista, en otro tono. Este martes, Escambray, el diario oficial de Sancti Spíritus, publica una entrevista con Jesús Gerardo Martín Casanova, contralor jefe de la provincia, en la que el funcionario admite que “en muchas ocasiones, falta el control interno en empresas y entidades del territorio, mientras que en otros casos el sistema implantado no es efectivo”.
“El total de actos de corrupción en 2023 se comportó en consonancia con el promedio histórico de la provincia, que está en el entorno de los 15 casos anuales; la mayoría de ellos, con epicentro en el sector del Comercio y la Gastronomía”, revela. Estos hechos se deben, afirma, a las carencias del pueblo y la inflación, aunque también sale a relucir una presunta “falta de valores”.
Además, insiste en que la escasez de mano de obra no ayuda a controlar los malos manejos empresariales. “El sistema de auditoría en la provincia está deteriorado. Tenemos menos del 50% de los auditores que necesita”.
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