Gobernador venezolano sobre mineros de Bitcoin: “llevamos 11.000 máquinas decomisadas”

Venezuela está confiscando equipos de minería de Bitcoin como parte de un procedimiento del Ministerio de Energía Eléctrica. Ya está sucediendo en los estados Aragua y Carabobo, ubicados en la región central del país.

«Llevamos 11.000 máquinas (de criptomonedas) decomisadas», señala Rafael Lacava, gobernador de Carabobo en un video que publicó en su cuenta de TikTok. En él muestra una instalación minera que se decidió clausurar “por la necesidad que tenemos de esos megavatios que se están robando”, se le escucha decir.

Lacava asegura que el operativo continuará en marcha con “muchos más decomisos” durante el cierre de todas las granjas mineras de Bitcoin de la entidad. “No quiero minería de criptomonedas, eso está absolutamente negado en Carabobo”, agrega.

El gobernante señala a la minería digital como el gran responsable del significativo aumento de las fallas eléctricas que ocurren en el país. Así que, como medida han debido «desconectar a los grandes consumidores eléctricos».

Según Lacava, el gobierno nacional implementará políticas para restringir la energía eléctrica a los grandes consumidores, al menos mientras se soluciona la situación actual.

Sin embargo, en el video también se escucha cuando el gobernante dice que las granjas mineras de criptomonedas serán “momentáneamente o definitivamente bloqueadas porque necesitamos estos megavatios”. De tal manera que surgen varias interrogantes con respecto a las nuevas medidas tomadas sobre la minería digital en Venezuela.

Por un lado, queda la duda de lo que sucederá con las instalaciones mineras ¿serán clausuradas de manera indefinida? ¿Los equipos mineros serán trasladados a otros lugares? ¿serán regresados a sus dueños?. Hasta ahora, CriptoNoticias no ha recibido respuestas de parte de las autoridades gubernamentales.

¿Se acabó la minería de Bitcoin en Venezuela?

El decomiso de equipos de una nueva granja minera de Bitcoin en Carabobo sucede pocas horas después de conocerse que el gobierno venezolano incautó más de 2.300 mineros ASIC en el estado Aragua. Sin embargo, el caso de Maracay fue reportado como parte de las investigaciones sobre la trama de corrupción gubernamental multimillonaria Pdvsa-Cripto.

En ese sentido, no parece haber ninguna relación en ambos casos, aunque se esperan más descomisos a nivel nacional. La medida ha incrementado la incertidumbre entre los mineros de Bitcoin que operan en el país, tal como lo han manifestado varios de estos productores de hash durante sus conversaciones con CriptoNoticias.

¿Se acabó el negocio de la minería de Bitcoin en Venezuela? se preguntan algunos, mientras otros se mantienen a la expectativa de lo que sucederá a continuación.

Ser un minero de Bitcoin en Venezuela ya es bastante difícil. Esto si se toma en cuenta que desde hace un año la industria fue paralizada tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP), organismo que resultó involucrado en el mayor caso de corrupción gubernamental con criptomonedas de la historia.

Como consecuencia de esta situación, en la actualidad no existe un ente regulador que otorgue licencias, supervise o regule el desarrollo de una industria que anteriormente se había convertido en un importante motor económico para el país.

Megavatios escasos, un problema en Venezuela

En Venezuela no se produce toda la carga eléctrica que necesita el país, explicó Juan Carlos Rodríguez, miembro del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP).

Rodríguez añadió que Venezuela tiene disponibles unos 10.000 megavatios, pero la actual demanda ronda los 13.000 megavatios, es decir hay un déficit de 3.000 megavatios que no existen.

Según lo apuntado por Rodríguez, la falta de inversión y mantenimiento han generado un deterioro de la industria eléctrica nacional, a lo que se suma la falta de combustible y el problema del gas que no permite que arranquen turbinas hidráulicas del sistema venezolano.

De allí que el problema en Venezuela es que de 36.000 megavatios de capacidad instalada en el país sólo funcionan 10.000, según datos del Colegio de Ingenieros. Pero la actual demanda ronda los 13.000 megavatios, es decir hay un importante déficit que no permite cubrir la demanda nacional.