Un experto pide ayuda al sector privado para atender a la población envejecida de Cuba

Madrid/Los problemas demográficos pueden paliarse mediante la colaboración de la empresa privada, según se desprende de la entrevista que el diario Escambray publica este miércoles con Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. El experto afirma que es preciso atender a la dinámica de una población muy envejecida y, para ello, hacen falta recursos con los que el Estado no cuenta.

«Las formas no estatales están dentro de la economía socialista de este país, y ellas tienen que tributar a los elementos sociales de nuestra economía; ¿por qué, entonces, no pensar en la reparación o construcción de una casa de abuelos, de un hogar materno, de una casita infantil con los recursos que aporta la economía no estatal?», se pregunta retóricamente, añadiendo que es también cuestión de «sensibilidad» e «inteligencia».

«Hay mucho déficit que se une a problemas materiales objetivos de la economía con mayores acciones que son necesarias hacer para intentar solventar estas dificultades. Si trabajamos para arreglar un televisor, un ventilador; si logramos que el agua sea corriente, que exista gas, calentadores solares, estamos resolviendo un grupo de problemas. Ello puede ser con presupuesto estatal; pero, también, con presupuesto que no es de la economía estatal», insiste.

«Las formas no estatales están dentro de la economía socialista de este país, y ellas tienen que tributar a los elementos sociales de nuestra economía»

El especialista, doctor en Ciencias, se muestra preocupado por la situación demográfica de la Isla en general y de Sancti Spíritus. La provincia es la tercera de Cuba con mayor envejecimiento poblacional, con un 23,3% de sus habitantes mayor de 60 años, frente al 24,6% de Villa Clara, primera en ese apartado. Aja Díaz explica las razones por las que es importante conocer detalladamente la situación demográfica y destaca, entre ellas, su importancia a la hora de desarrollar una estrategia económico social en el territorio, detectar sus necesidades y organizar sus recursos.

Pese a ello, el censo poblacional, que debía haberse realizado en 2022 –el anterior es de 2012 y se elabora cada diez años– ha sido aplazado a principios de 2025 por la falta de recursos. Después de distintas fechas aportadas, Diego Enrique González Galbán, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, afirmó que el estudio quedaba aprobado para el primer cuatrimestre de ese año. «Esa es la fecha oficial», dijo. 

Cuando finalmente el censo llegue a realizarse –sea o no en el momento previsto–  se podrá comprobar el devastador efecto de la migración, que solo en los últimos dos años se ha llevado a unos 400.000 cubanos a EE UU, a los que hay que añadir miles más a España, México y otros países. 

En este sentido también se pronuncia Aja Díaz durante la entrevista con Escambray, que se aparta de la faceta de científico para alinearse con el discurso del régimen, según el cual, la emigración en Cuba «es circular» y la gente «viene y va». La realidad es que la Isla tiene estancada su población teórica en los últimos 30 años y la previsión es que decrezca hasta un 18% en las próximas tres décadas.

«La política es propiciar que se retorne mucho más, que se trabaje en dos sociedades, en dos esferas, sin que ello signifique un problema, que en otro momento sí lo fue; pero hoy la situación es otra. Cuba no tiene muchas más alternativas que buscar esa circularidad», insiste el experto, quien también incide en la movilidad laboral, provocada porque el sector privado está depreciando las profesiones estatales que antes se consideraban de mayor prestigio.

«Hoy, por la situación económica de Cuba y por otras alternativas de la economía no estatal, se nos está dando una gran movilidad de profesionales desde esferas más rentadas hacia otras menos rentadas; es un fenómeno que está pasando en el sector de la Salud y en otros», agrega.

«Se nos está dando una gran movilidad de profesionales desde esferas más rentadas hacia otras menos rentadas; es un fenómeno que está pasando en el sector de la Salud y en otros»

Aja Díaz concreta que es un problema prioritario en Sancti Spíritus la prevalencia de embarazos adolescentes, lo que convive con la baja natalidad como promedio. «Las niñas en edades muy tempranas de la vida salen embarazadas, tienen hijos y lo más triste es que las familias lo permiten y en algunos casos lo propician». El experto –que no toma en cuenta que estos casos se producen más en familias vulnerables y desestructuradas– señala que muchas organizaciones podrían implicarse para paliar este problema, entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas, los trabajadores sociales, los médicos y los maestros, dice, sin citar que la escasez de métodos anticonceptivos contribuye a agravar el problema.

«Hay que buscar todos los nacimientos posibles, pero no a costa de la fecundidad adolescente (…). No podemos apostar por que las niñas paran en edades tan tempranas; si es sobre esa base, es preferible seguir decreciendo», dice contundente. Según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas, en 2022 hubo un promedio de 1,14 hijos por mujer de 15 a 54 años; y de 0,79 hijos por hombre, pero lejos de analizar factores de índole económica, el experto se queda en la comparación con los países desarrollados.

«Contrario a lo que se pueda pensar, en las sociedades con más desarrollo económico o social, menos nacimientos se producen. Esos procesos no ocurren en sociedades más atrasadas, más periféricas. En la medida en que la economía mejora, la sociedad mejora; el comportamiento reproductivo disminuye porque se socializa, se dignifica a la mujer, y la familia se planifica mucho mejor», aduce, aunque admite que no es positivo para la Isla, especialmente porque la emigración también reduce la población.

Los datos demográficos de Cuba son preocupantes en su enfoque económico y social. Cada vez más personas dependen de unas pensiones imposibles de pagar con la menguante cantidad de trabajadores en la Isla. A principios de este año entró en vigor un decreto del Gobierno mediante el que se reduce la cuantía de las pensiones más altas «a fin de atenuar los gastos del presupuesto de la seguridad social».